El gobierno de Entre Ríos finalizó el sumario administrativo y aplicó la cesantía al enfermero Carlos Andrés Esteban Silva, condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse que abusó de una paciente en la residencia del Estado para adultos mayores, Hospital Dr. Enrique Fidanza, ubicado en Colonia Ensayo, departamento Diamante.

El hecho ocurrió a mediados de agosto del 2020, en el contexto de Pandemia Mundial por Coronaviurs, cuando trabajadores del Hospital Felipe Heras de Concordia detectaron la pérdida de casi 300 dosis de vacunas por una desconexión en la heladera. De inmediato le comunicaron lo ocurrido al director del nosocomio en aquel entonces, José Cáceres, quien en dialogo con DIARIOJUNIO afirmó luego que "la heladera, que se encontraba en un sector restringido y con acceso a unos pocos, no había tenido ningún desperfecto técnico, por lo era evidente que había quedado desenchufada". En consecuencia, el funcionario realizó la correspondiente denuncia en la justicia e inició una instrucción sumaria a los responsables de sector, incluido quien descartó las vacunas por no haber aplicado el protocolo correspondiente. A poco mas de 4 años de aquella negligencia, la investigación no pudo acreditar con certeza quien habría sido el autor material de la desconexión del suministro eléctrico, pero si fue identificada la persona que desechó las vacunas, por lo que se inició a un sumario administrativo sobre ella.

En el marco de las actuaciones caratuladas “Rendición de Cuentas N° 323/2020 Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico - Diciembre 2020”, la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, abrió una investigación en torno a funcionarios del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la gestión del ex gobernador, Gustavo Bordet, a raíz de una denuncia formulada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, tras descubrir que durante la ejecución del Programa Jóvenes Emprendedores proporcionaron información falsa al gobierno. Según registró DIARIOJUNIO, en vez de reportar deudas pendientes por parte de ciertos emprendedores, dijeron que no las tenían, lo que llevó a la administración a entregar fondos públicos de manera incorrecta.