La intención es que la planta instalada a orillas del Río Uruguay, pueda producir hasta 1.500.000 toneladas de celulosa por año. Uruguay está obligado a presentar toda la documentación con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a nuestro país para que las áreas técnicas de la Delegación Argentina ante la CARU se expidan al respecto. En 2013, el entonces Presidente Mujica, pese a la oposición de nuestra Cancillería, basado en solidos dictámenes técnicos que lo desaconsejaban, autorizó un aumento de producción en Fray Bentos de manera unilateral e ilegal. El accionar del entonces Presidente Mujica fue violatorio del Tratado del Río Uruguay, lo cual provocaría la segunda crisis entre ambos países, tras el fallo de 2010 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por el conflicto de la instalación de dicha planta a orillas del Río Uruguay.

Aunque el Ministerio de Ambiente uruguayo confirmó que el derrame de ácido sulfúrico ocurrido en marzo en la planta de UPM en Fray Bentos fue consecuencia de fallas técnicas previsibles, la multinacional solo recibió sanciones por infracciones consideradas "leves". El vecino país sancionó a la multinacional finlandesa con menos de 230 mil dólares. La empresa, lejos de asumir responsabilidad, intentó justificar lo ocurrido y minimizar el impacto ambiental.

Las dos plantas de la corporación finlandesa son el nuevo eje de sus negocios globales. Los problemas de dilución de los efluentes. Las recurrentes paradas no programadas de las pasteras y las nuevas imposiciones al Uruguay.

Uruguay prorrogó hasta 2053 la concesión de UPM para explotar zonas francas. La empresa tenía permiso de operar hasta 2034, pero pidió una prórroga de forma anticipada que fue concedida por la actual administración. El artículo del diario neoyorquino que da cuenta de la situación acuciante que vive el Uruguay pertenece al periodista Guillermo Garat (*) y se titula: “Montevideo se quedó sin agua potable ¿Pasará lo mismo en tu ciudad?