El acuerdo fue rubricado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, vocal Germán Carlomagno, y el titular del Comité Nacional, Juan Manuel Irrazábal. El objetivo central es coordinar acciones conjuntas que contribuyan a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en cárceles y demás espacios de detención.
El convenio establece la cooperación institucional en intercambio de información, experiencias y el desarrollo de actividades de monitoreo, supervisión, investigación, capacitación y asistencia técnica. Tendrá una vigencia de dos años, con renovación automática por períodos similares.
Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, participaron vocales del máximo tribunal provincial, autoridades judiciales y representantes del sistema de prevención de la tortura a nivel nacional y provincial, quienes destacaron la importancia de consolidar mecanismos de control efectivos en lugares de encierro.
También se presentaron los proyectos de nuevas alcaidías que serán incorporadas en futuros edificios del Poder Judicial, en el marco de las políticas de infraestructura penitenciaria.
Las partes coincidieron en la necesidad de profundizar políticas públicas orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y fortalecer los sistemas de supervisión para prevenir cualquier forma de violencia institucional.