La concejal Amiano denuncia graves irregularidades en el contrato con VITSA y evalúa ir a la Justicia: “Se invirtió el procedimiento legal y se comprometieron recursos del municipio»

Según documentación oficial del expediente presentado por Amiano, la empresa solicitó la habilitación municipal recién el 30 de marzo de 2026, mientras que el convenio fue firmado el 19 de marzo, el mismo día en que el Concejo Deliberante aprobó la Emergencia Ambiental. “Es decir, primero se firmó el contrato, después se empezó a prestar el servicio y recién después se inició el trámite de habilitación. En derecho administrativo, la habilitación es un requisito previo, no posterior”, remarcó Amiano.

En ese sentido, explicó que la normativa vigente exige una serie de condiciones básicas antes de contratar: habilitación municipal, controles técnicos, verificación de equipos, condiciones de seguridad e impacto ambiental. “Nada de eso puede saltearse. La emergencia puede flexibilizar procedimientos, pero no elimina controles esenciales. No se puede habilitar ‘de hecho’ a una empresa que ya está operando”, enfatizó.

La concejal también cuestionó el uso de la emergencia ambiental como argumento para avanzar en la contratación directa. “Se declaró una emergencia estructural con fundamentos como los microbasurales o la crisis sanitaria, pero cuando analizamos el convenio lo que aparece es otra cosa: no hay un plan integral, no hay compromisos claros para erradicar los basurales. Se termina contratando un servicio básico de recolección, sin una política ambiental de fondo”, señaló.

En relación al costo del servicio, Amiano advirtió que el acuerdo fija valores elevados, con actualizaciones automáticas que el municipio no controla. “En un contexto donde cada peso cuenta, esto no es menor. Se comprometen recursos públicos sin previsión ni control efectivo”, indicó.

Otro de los puntos críticos señalados fue la falta de transparencia. “Se utilizó una herramienta excepcional como la emergencia para avanzar en un contrato de largo plazo sin competencia real. Y además, la publicación del convenio se demoró más de un mes. La transparencia no es un discurso: se garantiza con procesos abiertos e información oportuna”, sostuvo.

La edil también hizo foco en el impacto sobre los trabajadores municipales, tras la reasignación del personal que antes realizaba tareas de recolección. “Se tomaron decisiones sin información clara, sin planificación y generando incertidumbre. Hay empleados de planta permanente que hoy no tienen tareas específicas pero siguen siendo pagados por el municipio. Esto no solo no genera ahorro, sino que agrava el problema”, advirtió.

En ese marco, vinculó la situación con el clima de angustia denunciado por trabajadores del área, tras los recientes cambios. “Detrás de estas decisiones hay personas. No se puede gestionar sin contemplar el impacto humano de las políticas públicas”, agregó.

Finalmente, Amiano cuestionó con dureza la cláusula de rescisión del contrato, a la que calificó como “una de las claves del problema”. “Se firma en el marco de una emergencia, pero salir de ese contrato le va a costar caro al municipio. El artículo 11 establece un esquema rígido y oneroso para rescindir, que condiciona al Estado y compromete recursos públicos sin criterios claros. Es jurídicamente cuestionable”, afirmó.

Y concluyó: “Estamos frente a un contrato que blinda al proveedor. La empresa puede rescindir sin costo, pero el municipio asume todo el riesgo económico. En los contratos administrativos debe primar el interés público y la flexibilidad del Estado. Acá ocurre exactamente lo contrario. La ciudad necesita soluciones, pero también responsabilidad, planificación y transparencia. No se trata solo de gestionar la urgencia, sino de hacerlo bien y cuidando los recursos de todos los concordienses”.