Las fisuras en la gestión Azcué: La renuncia de Dell’Olio, la denuncia por VITSA, más despidos y el ascenso de Ferreyra

La explicación oficial, el texto difundido por el municipio, habla de una «nueva etapa de gestión», de una reorganización administrativa y de «motivos de índole personal» que impedirían al funcionario dedicarle a la tarea el tiempo que demanda una de las áreas más importantes de la estructura municipal.

Hay agradecimientos y elogios. Y hay una frase que llama particularmente la atención: el intendente Francisco Azcué remarca que la salida se produce en un marco de «respeto, diálogo y coincidencia política» (¿Por qué resultó necesario aclarar sobre la coincidencia política?)

Dell’Olio no era un funcionario técnico ni un secretario de segunda línea. Fue concejal y presidió espacios internos del radicalismo. Participó activamente en la construcción política que llevó a Azcué desde los tribunales hasta la intendencia. Era uno de los pocos dirigentes con alguna capacidad de diálogo conciliador dentro de la gestión.

La renuncia tampoco ocurre en el vacío. Antes habían salido de escena el Secretario de Servicios Públicos Alejandro López y – horas antes de la renuncia de Dell’ Olio- el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado. Los tres comparten el rasgo común de pertenecia al mismo espacio político que acompañó a Azcué desde sus inicios y que tiene como principal referencia al diputado provincial Marcelo «Mono» López.

Una segunda explicación – no oficial pero sostenida por varias fuentes consultadas- remite a cortocircuitos generados por la continuidad del ajuste sobre la planta municipal. Según esa versión, Dell’Olio habría intentado administrar políticamente el conflicto manteniendo conversaciones con sectores sindicales y negociando límites para las futuras desvinculaciones. La situación habría implosionado cuando el secretario de Hacienda , Pablo Ferreyra llegó con una lista de 150 empleados prescindibles y a la hora de terciar entre ambos funcionarios, el intendente Azcué se habría inclinado por el contador.

El secretario de Hacienda es mencionado de manera recurrente por funcionarios, ex funcionarios y dirigentes políticos como uno de los hombres con mayor influencia sobre las decisiones estratégicas de la gestión. No se trata solamente del manejo de los números sino del manejo del poder. El contador Ferreyra, ex empleado bancario, habría llegado de la mano de un gran aportante de campaña, un influyente empresario vinculado al comercio de combustibles y al agro, con vínculos cercanos al gobernador Rogelio Frigerio. El mismo que le habría acercado a la gestión los oficios de la consultora Sociedad y Territorio, cuya cara visible es el ex diputado nacional por Buenos Aires Fabio Quetglas, indicado como el ideólogo de la privatización del servicio de recolección de residuos y que tendría otras concesiones en carpeta.

Los hechos parecen mostrar que la gravitación interna de Ferreyra habría crecido de manera sostenida.

La versión más potente: La denuncia judicial por la contratación de VITSA

Sin embargo, ninguna de las hipótesis anteriores explica con fuerza la salida de Dell’Olio. La decisión más controvertida adoptada por la gestión Azcué desde que llegó al poder es la contratación de VITSA Soluciones Ambientales como empresa que se ocupa de la recolección parcial de la recolección de residuos en la ciudad.

Todo comenzó con una muy cuestionada declaración de «emergencia ambiental» impulsada en marzo. La iniciativa ingresó en el concejo deliberante. Fue tratada sobre tablas y aprobada el mismo día con los votos de la mayoría oficialista más los aliados liberatarios.

La empresa, a pesar de no estar habilitada para operar y de no pagar la tasa comercial, comenzó a ejecutar la contratación apenas horas después de la ordenanza que permitió una contratación directa por un monto de 3000 millones de pesos anuales.  Hay videos que prueban que los camiones de la firma cordobesa habían ingresado a la ciudad la noche antes de la votación en el Concejo Deliberante.

El abogado Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal que sostiene que la justicia debe investigar una posible predeterminación de la contratación, una simulación posterior del procedimiento administrativo y legislativo y un eventual perjuicio patrimonial para las arcas municipales.

Según lo expuesto en la denuncia, existirían elementos que indicarían que decisiones fundamentales vinculadas a la contratación habrían sido adoptadas antes de contar con el marco normativo que posteriormente se utilizó para justificarlas.

La presentación menciona, entre otras cuestiones, la presencia previa de camiones, contrataciones de infraestructura, incorporación de personal y actuaciones administrativas que deberían ser analizadas por la Justicia.

La denuncia individualiza expresamente al intendente Francisco Azcué. Al secretario de Hacienda Pablo Ferreyra. Al ex secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio. Al ex secretario de Servicios Públicos Alejandro López. Al subsecretario Roberto Ramírez. Y a otros funcionarios, responsables administrativos y concejales oficialistas que intervinieron en distintas etapas de la contratación y los pagos.

Dell’Olio aparece mencionado específicamente por su intervención en actos vinculados a la aprobación del gasto y la disposición de pagos.

Ese dato es imposible de ignorar. Su salida se produce después de que su nombre quedó incorporado a una denuncia que apunta directamente al corazón político de la gestión.

Hasta el momento, sobre esta denuncia -presentada hace aproximadamente diez días- no se conocen medidas impulsadas desde la fiscalía a cargo de Martín Núñez, donde recayó la investigación. No trascendieron requerimientos de documentación, pedidos de informes ni otras actuaciones vinculadas al avance del expediente.

En ámbitos políticos y judiciales se menciona la cercanía personal que existiría entre Núñez y el intendente Azcué (ex fiscal), una circunstancia que podría dar lugar a planteos de recusación.

Por otra parte, la denuncia trascendió el ámbito judicial y llegó al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Una presentación de las concejales del bloque justicialista Carolina Amiano y Claudia Villalba indicó al organismo de control cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para la contratación.

Es la primera vez que, desde el inicio de la gestión, una decisión del gobierno municipal enfrenta simultáneamente cuestionamientos políticos, administrativos y judiciales.