Milei avanza con la privatización del Estado: adjudicó el 90% de AySA por US$ 340,2 millones

A través de la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, el Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles la adjudicación del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$ 340,2 millones

El paquete accionario fue adjudicado al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, que presentó la oferta económica más alta en la licitación pública nacional e internacional.

El otro consorcio participante, integrado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, ofertó US$ 285 millones. La diferencia entre ambas propuestas fue de US$ 55,2 millones.

En los fundamentos de la medida, el Ministerio de Economía indicó que la Comisión de Evaluación recomendó adjudicar la licitación al consorcio que obtuvo el primer lugar en el orden de mérito. Según la resolución, el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.

La norma también señala que las ofertas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La adjudicación comprende 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, equivalentes al 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante corresponde al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

La resolución establece el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. También dispone que la Tesorería General de la Nación comunique al adjudicatario los datos de la cuenta en la que deberá realizar el pago.

Un nuevo paso en el proceso de privatización

AySA fue incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. Posteriormente, el Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento para avanzar con la venta de las acciones estatales.

Con la Resolución 1818/2026, el Gobierno formalizó la adjudicación del 90% de la empresa al consorcio ganador. La operación todavía debe avanzar con la firma del contrato de compraventa y el cumplimiento de las condiciones previstas para concretar la transferencia accionaria.