El espacio Hacer Futuro Entre Ríos, cuyo principal referente es el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, difundió un duro comunicado en el que denunció la existencia de lo que definió como un “sistema institucional mafioso” en la provincia. En el documento, el sector político sostiene que habría una articulación entre integrantes del Poder Judicial, dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición peronista y periodistas, con el propósito de perseguir, amedrentar y silenciar a dirigentes que cuestionan el funcionamiento del poder.
El comunicado identifica tres componentes de ese supuesto entramado. El primero estaría integrado por una parte de la Justicia, a la que señala como compuesta por fiscales y jueces que responderían al jefe de los fiscales. El segundo incluiría a dirigentes políticos opositores y oficialistas, aunque el documento apunta particularmente contra lo que denomina “la runfla que tiene tomado al PJ provincial”, a la que acusa de convivir políticamente con el oficialismo que gobierna Entre Ríos.
El tercer componente, según la denuncia de Hacer Futuro, estaría conformado por periodistas a los que califica de “ensobrados”, cuya función sería difundir información comprometedora o carpetazos contra los dirigentes seleccionados como blanco de las operaciones.
Cómo funcionaría el supuesto mecanismo
El espacio de Rossi describe un procedimiento en el que los sectores políticos mencionados se pondrían de acuerdo con integrantes de la Justicia para apuntar contra determinados dirigentes opositores. A partir de allí, según la versión difundida, se impulsarían causas que el comunicado califica de falsas y se entregaría material a periodistas para su publicación y difusión.
A su vez, Hacer Futuro sostiene que esa cobertura mediática serviría para proteger a los otros integrantes del supuesto entramado y evitar que sus propias actuaciones queden expuestas.
“Con esta maniobra mafiosa buscan adoctrinar, amedrentar, amenazar y cosificar mediáticamente a los opositores políticos, con el objetivo de callarlos o alinearlos al sistema institucional mafioso”, afirma el documento.
El comunicado no identifica por nombre a los fiscales, jueces ni periodistas a los que atribuye participación en ese mecanismo.
El jueves 29 de octubre, el intendente de Santa Elena fue imputado junto al funcionario municipal Marcelo Félix Fernando Medina en una investigación por presuntos delitos vinculados con la administración pública.
La decisión fue adoptada por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa, en el marco del legajo N.º 285.545, caratulado “Municipalidad de Santa Elena s/Actuaciones de oficio”.
La imputación contra Rossi incluye el presunto nombramiento ilegal de un cargo público y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de la designación de Medina como contador municipal mediante el Decreto N.º 305, del 30 de septiembre de 2015, pese a que no habría reunido las condiciones profesionales exigidas para ejercer esa función.
Además, los fiscales le atribuyen presuntos delitos relacionados con la supresión u ocultamiento de documentación pública y un posible fraude a la administración pública. Según la hipótesis fiscal, Rossi habría recibido personalmente, el 6 de diciembre de 2022, expedientes del Tribunal de Cuentas que contenían actuaciones sobre posibles perjuicios económicos para el municipio y que posteriormente no habrían sido localizados.
Medina, por su parte, fue imputado por la presunta aceptación ilegal del cargo y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras conocerse la decisión judicial, Rossi cuestionó públicamente a la Justicia entrerriana y sostuvo que lo perseguían mientras protegían a otros dirigentes y funcionarios. “Me persigue a mí mientras protege a los que se robaron un presupuesto”, había afirmado en referencia a la causa «Contratos truchos» en un descargo difundido en redes sociales.