La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) reclamó al Servicio Penitenciario provincial que derogue la circular implementada durante la pandemia que restringe las visitas de familiares y allegados a las personas privadas de libertad. Los vocales consideraron que debe garantizarse el régimen de visitas establecido por la Ley de Ejecución Penal, frente a las limitaciones que todavía se mantienen por razones de seguridad y funcionamiento de las cárceles.
El planteo surgió durante una reunión realizada este miércoles, en la que los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak recibieron a autoridades del Gobierno y del Servicio Penitenciario para analizar las condiciones de alojamiento en las distintas unidades penales de la provincia.
Uno de los temas centrales fue el régimen de visitas. Desde el Servicio Penitenciario argumentaron que las restricciones responden a cuestiones de seguridad y que una ampliación significativa del número de visitantes dificultaría las tareas de control, identificación y verificación de los vínculos familiares.
Sin embargo, la Sala Penal pidió dejar sin efecto la circular dictada durante la emergencia sanitaria y garantizar las visitas conforme a la legislación vigente.
Durante el encuentro también se consultó por la alimentación de las personas detenidas. Las autoridades penitenciarias informaron que cada unidad cuenta con un presupuesto para comprar insumos a proveedores locales, con los que se elabora un menú semanal. También señalaron que se contemplan dietas especiales por razones de salud y que la alimentación es supervisada por el área de Sanidad.
En cuanto al contacto familiar, el Servicio Penitenciario indicó que el área de Servicio Social realiza entrevistas periódicas y que se gestionan traslados hacia unidades cercanas a los domicilios de los allegados cuando las circunstancias lo permiten. También mencionó la posibilidad de realizar videollamadas. No obstante, aclaró que no tiene responsabilidad sobre el traslado de los familiares hasta las cárceles.
Monitoreo electrónico: 216 personas bajo supervisión y capacidad casi agotada
Otro de los puntos abordados fue la situación del Centro de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario, que actualmente supervisa a 216 personas mediante dispositivos distribuidos en 28 localidades entrerrianas.
El organismo dispone de 240 equipos, pero 216 están instalados y en funcionamiento. Los 24 restantes integran la reserva técnica: 16 se encuentran en reparación y apenas ocho están disponibles para reemplazos y contingencias. De esta manera, el sistema opera prácticamente al límite de su capacidad de incorporación.
Según el informe presentado ante el STJ, las personas supervisadas se distribuyen en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4; 153 condenados con arresto domiciliario controlados por GPS; y otras 24 personas alojadas en unidades penales que tienen autorizadas salidas laborales o familiares.
La mayor concentración se registra en Paraná, con 85 personas monitoreadas; Concordia, con 60; Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10.
El Centro cuenta con 12 funcionarios destinados a tareas de supervisión y cinco técnicos. En tanto, el servicio funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, mediante guardias rotativas.
La dimensión del trabajo también queda reflejada en los registros del sistema informático, que recibe aproximadamente 6.000 eventos diarios. De ese total, entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores.
Entre las tareas se encuentran el seguimiento de alertas, las comunicaciones con las personas supervisadas y sus referentes, las verificaciones policiales y el control de los desplazamientos autorizados. También se realizan intervenciones ante emergencias médicas y situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, en coordinación con organismos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales.
El informe fue elaborado por el jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico, oficial alcaide mayor Carlos Salomón, en respuesta a un requerimiento de información de la Sala Penal.
La supervisión electrónica constituye una alternativa al alojamiento permanente en establecimientos penitenciarios para determinadas personas y permite reducir la ocupación de plazas carcelarias. Sin embargo, la cantidad de equipos disponibles y los recursos destinados a su funcionamiento muestran que el sistema tiene un margen muy reducido para incorporar nuevos casos.
La información fue presentada por las autoridades penitenciarias en el marco de la reunión convocada por la Sala Penal del STJER.