Pero los tiempos cambian y la forma de entender la acción antrópica en los entornos naturales también.

Los humedales fueron finalmente valorados por lo que son: zonas que se inundan de manera temporal o permanente, convirtiéndolos en ecosistemas que combinan lo terrestre y lo acuático, y los convierten en hábitats imprescindibles para la conservación y reproducción de gran diversidad de plantas y animales.  Además de servir como reservorios de agua, cada vez más necesarios para la vida natural y obviamente la humana en especial. Atento a esto los organismos internacionales comenzaron a declararlos zonas de preservación y reservas intocables por su rol, lográndose acuerdos internacionales para su preservación, como los acuerdos RAMSAR, que protegen humedales estratégicos por lo apuntado, que designan aquellos considerados como de importancia internacional. La nominación se hace en el marco de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, también conocida como la Convención Ramsar. Argentina ha suscripto dichos acuerdos y a su vez es la receptora de dos de los humedales más valiosos del cono sur de América, los Esteros del Iberá y los ‘campos bajos’ del sur del Litoral argentino que compartimos con la provincia de Buenos Aires.

Pero los humanos, expertos en tomar los bienes naturales como ‘recursos productivos’ (SIC) fuimos ideando formas de utilizar estos tesoros sometiéndolos impiadosamente al culto al dios ‘ganancias’, modos cada vez más sofisticados y esquilmantes de destruir estos tesoros y condenar a las generaciones que nos continúen a vivir en páramos desérticos donde todos los elementos necesarios para la vida hayan sido destruidos o contaminados.

Finalmente, la gentrificación de las ciudades costeras de los grandes ríos, hizo que sus pobladores comenzaran a protestar porque los incendios provocados en los humedales por las razones apuntadas liberaban a la atmósfera millones de metros cúbicos de denso humo, además de portar en suspensión miles de toneladas de partículas semi incandescentes de los restos vegetales incinerados, que a merced de los vientos invadían sus radicaciones urbanas, con las consecuencias obvias para ellos. Puestos en alerta los damnificados comenzaron a accionar legalmente contra los responsables de los incendios dando lugar a la intervención de la justicia, para que esta aplicara la legislación vigente e hiciera cumplir los acuerdos internacionales de protección de los humedales firmados por nuestro país.

LA QUEMA DE LOS CAMPOS BAJOS PUSO EN EVIDENCIA LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL POLÍTICA/JUSTICIA ¿?

Los damnificados por las quemas iniciaron acciones legales para que no se produjesen más, pero siguieron ocurriendo por aquello de la impunidad del dinero. Tenían pruebas: fotografías de Google que mostraban los puntos ígneos que permitían identificar los predios incendiados y localizar a sus usuarios, pero no, una vez más la justicia ¿? Salió en defensa del interés particular que afecta el interés general: finalmente, luego de años de litigios y acciones judiciales, falló a favor de los imputados sobreseyéndolos a todos por los delitos que cometieron (por falta de pruebas, dijo). Y no solo eso, los denunciados como responsables del desastre ahora se victimizan y amenazan al Estado con juicios por “daño moral” (SIC).

Desde hace más de una década venimos denunciando la deliberada desidia de los sucesivos gobiernos provinciales con este tema. Jamás han intervenido y, por el contrario, muchos de sus integrantes han sido nombrados como usufructuantes de parte del negocio. ¿Quién debería haber actuado en defensa del interés público y el respeto a los acuerdos internacionales que ha suscripto el país?  Si, acertó, el Fiscal de Estado, el mismo que han compartido los últimos gobiernos provinciales, desde Urribarri, pasando por Bordet, hasta llegar a Frigerio, hablamos del muy cuestionado (pero intocable) Julio Rodríguez Signes. El mismo Julio Rodríguez Signes que hace más de una década fue uno de los idearon la mega estafa Arroz del Delta Entrerriano SA, con la que pretendieron apropiarse de los humedales fiscales de la provincia

FRIGERIO ES UN DESTRUCTOR CALIFICADO DE NUESTROS HUMEDALES, A QUIEN LA JUSTICIA ¿? NUNCA LLAMÓ NI LLAMARÁ A DECLARAR. ¿SE ENTIENDE?

Al igual las grandes urbanizaciones sobre humedales en el norte de la provincia de Buenos Aires, como Nordelta, Rogelio Frigerio había heredado una estancia en el sur de la provincia, “El Guasuncho”, la misma que luego le dio la ficción de fijar un falso domicilio en Entre Ríos, para presentarse como ‘entrerriano’ (SIC) a la candidatura a gobernador. Él tomó y convirtió su fracción en un Barrio Náutico (SIC), homónimo de su campo, continuó con los endicamientos destruyendo el humedal, alterando el libre escurrimiento de las aguas con sus diques y perjudicando a todos su vecinos con su ilegal intervención. Quienes actuaron judicialmente para frenar el delito, acciones que jamás de los jamaces fueron oídas por la justicia ¿?.

AHORA YPF AMENAZA CONSTRUIR UN FERROCARRIL ESPECIAL PARA LLEVARSE LA ARENA SÍLICA QUE SAQUEAN IMPUNEMENTE.

Y decimos que nos saquean impunemente porque SOMOS LA ÚNICA PROVINCIA MINERA DEL PAÍS QUE ENTREGA SUS RECURSOS SIN COBRAR REGALÍAS, HACIENDOSE CARGO, POR SI LES PARECE POCO, DE LA REPARACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN QUE DEJAN LAS MINERAS.

Estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares que nos quitan, con la complicidad de nuestros gobernantes, y la ‘oportuna ceguera’ de la justicia ¿?.

Las petroleras manifiestan que este año se llevarán. 8.500.000 toneladas del mineral, que tomándolo de aquí les significa de un ahorro de + – U$S 550.- por tonelada, si comparamos con el costo alternativo de llevarlo de otros lugares del país. Y más de U$S 1.000.- si lo trajeran de EEUU o China, como hacían al inicio del Fracking en Vaca Muerta.

Si la provincia cobrase una gabela justa por este saqueo impune podría recaudar cientos de millones de dólares de impuestos genuinos que resolverían todos los problemas financieros y fiscales y que, si fuesen volcados a programas de equidad económica, cambiarían , para mejor, la vida de los entrerrianos.

Y ampliando lo que decíamos recién: no solo no pagan nada por llevarse un bien natural irreemplazable, sino que los entrerrianos nos tenemos que hacer cargo de los desastres ambientales que están haciendo aquí y ahora, sobre nuestra naturaleza, nuestros acuíferos y nuestra red vial.

Mientras tanto la justicia ¿? En lugar de defender nuestros intereses, absuelve a quienes los destruyen y mira para otro lado ante el saqueo y la destrucción de nuestros humedales.