En el escrito presentado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 2, el martes 24 de Junio, Del Valle señala el proyecto de expropiación del terreno –donde viven las familias– ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial el 22 de mayo, y se encuentra en trámite ante el Senado. En ese marco, cuestiona la resolución del juez por considerarla “al menos apresurada”.
La apelación sostiene que la medida “causa un gravamen irreparable” al afectar a un numeroso grupo de personas, y pide que se deje sin efecto la orden de lanzamiento. En forma subsidiaria, solicita que se tenga por apelada la decisión del juez.
No obstante, la resolución del juez Belén se basó en el hecho de que el municipio no respondió en el plazo fijado los requerimientos realizados por la Defensoría Pública: En una nota fechada el 15 de mayo, el defensor Alfredo Russo había solicitado al juez que requiriera al municipio un informe sobre las gestiones para avanzar con el proceso de expropiación, tal como se había comprometido en la audiencia realizada en diciembre de 2024, cuando se prorrogó el desalojo por seis meses. Ante la falta de respuesta oficial, Belén habilitó el desalojo.
En ese contexto, el abogado del demandante, Enrique Bacigaluppe, había solicitado este 17 de junio avanzar con el lanzamiento, argumentando que ya habían transcurrido seis meses desde que la Justicia otorgó la prórroga. “Ninguna de las partes ha dado respuesta a las inquietudes planteadas”, afirmó en su escrito.
Así, el juez Belén, el día 23 de junio, dispuso reactivar el desalojo en base a una resolución del año 2022, habilitando el uso de la fuerza pública y el allanamiento de domicilios si fuera necesario.
