El debate comenzó cuando la presidenta del bloque del PJ manifestó que el dictamen por minoría —posteriormente rechazado– fue redactado en base a la preocupación manifestada por diferentes sectores como instituciones intermedias como el CCISC (Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia) o el CONUER (Colegio Profesional de Nutricionistas de la Provincia de Entre Ríos), organismos, directivos escolares, padres, que se expresaron públicamente en contra de la compra centralizada a una firma externa y la entrega de productos ultraprocesados, ya que implican un grave retroceso nutricional y una violación a las normativas de etiquetado en las escuelas.
“Cuando tantos sectores diferentes llegan a una misma conclusión, el gobierno provincial lo que debería hacer al menos es escuchar a esos sectores y ver los argumentos por los cuales se genera esa preocupación”, dijo la edil. Y sostuvo que reducir todo a un planteo de tipo político sería “demasiado liviano” cuando “hay tantas instituciones de renombre detrás de esta inquietud”.
La titular del bloque también cuestionó que las compras para abastecer a los comedores pasaran de $22.000 millones a $42.000 millones para una empresa que no es de la provincia. “Son fondos que se duplican y que no van a quedar en la provincia”. Por ello, mencionó que el gobierno podría haber incluido a los proveedores de la provincia. “Debilitamos la economía entrerriana”, reprochó.
Amiano incluyó entre las objeciones al cambio del sistema la transparencia que rodea al mismo. “Tuvieron que hacerse formalmente pedidos para acceder a la contratación y al procedimiento administrativo y eso es lo que nos alerta. ¿Por qué hay que solicitar un pedido de información de semejante magnitud respecto de los fondos cuando el procedimiento está hecho con transparencia?”, se preguntó.
De la misma forma, mencionó los cuestionamientos a los equipos directivos por la discrepancia en los menús que se servían en las escuelas. “No aceptamos que se ponga bajo la lupa de la sospecha a miles de docentes. Tal vez hay algún caso de un docente que esté cuestionado, pero eso se tiene que dirimir en otro ámbito. Poner en tela de juicio a miles de docentes que durante años estuvieron a cargo de los comedores escolares con un compromiso fuerte me pareció llamativo de parte del gobernador”, dijo Amiano.
Asimismo, también trajo a colación el caso de la excoordinadora departamental de comedores escolares de Concordia, Silvina Murua, imputada desde mayo pasado por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, debido a un perjuicio económico estimado en más de $100 millones que afectó a 37 comedores. “Cuando menos debería temblarle un poco la voz cuando acusa a directivos y docentes cuando tiene una funcionaria de su gobierno imputada”, mencionó.
Peronistas por todos lados
“No es cierto que haya diferentes sectores; hay un solo sector. Es el justicialismo”, dijo Sastre. “A lo largo de los años se ha ido ramificando por diferentes instituciones, por lo cual hacen de cuenta que hay seis o siete instituciones, grupos o bandos, pero en realidad es uno solo”.
“El proyecto que se presentó acá, el que se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia, la medida cautelar y el amparo que se han presentado es lo mismo: son las mismas personas que se disfrazan de sindicatos, ONG’s, de colegios profesionales. Hay que reconocer que lo han hecho muy bien. Han ido copando instituciones para utilizar distintos sellos. Es una misma estrategia y proviene del mismo sector”, dijo el mismo edil que, un rato antes, cuestionaba el uso de “anteojeras” a quienes cuestionasen la declaración de emergencia hídrica y ambiental.
Más adelante, Sastre sostuvo que fue el propio gobierno de la provincia el que denunció a Murúa y el que dio lugar a las investigaciones que ha llevado a la Justicia, con un proceso penal en curso respecto de la situación de los comedores escolares. “Nosotros no escondemos a nuestros funcionarios ni olvidamos que Edgardo Kueider se sacaba fotos con algunos concejales y ahora está condenado en Paraguay por corrupto”, manifestó.
Respecto del amparo, Sastre manifestó que el juez que entiende en la causa y dio curso al recurso de amparo concedió la apelación al gobierno y será el STJ (Superior Tribunal de Justicia) quien decida. Cabe mencionar que el debate se concentró en las intervenciones de Sastre y Amiano ya que la presidenta del oficialismo, Eliana Lagraña, no intervino en ningún momento.
Budines o tortas fritas
El edil cuestionó que se ponga en tela de juicio la calidad nutricional de los alimentos que se sirven en las escuelas cuando muchos chicos se alimentaban con “turrones y tortas fritas”. “No soy nutricionista, pero entre una torta frita y un budín, me quedo con el budín”, remarcó, a pesar de que el panificado tuviese “ocho octógonos negros”.
También minimizó los reproches por la decisión de dejar fuera del circuito a los proveedores locales. “Creo que vivo en un país donde todos izamos la celeste y blanca”, mencionó. “Que tratemos de plantear que si el comerciante es o no de la provincia y que esto atenta o no contra el comercio local me parece una discusión atemporal. Que lo discutamos en la época de los unitarios y los federales, vaya y pase, pero que en 2026 esto trate de ser materia de discusión, no lo comparto”, dijo por último.
Controles, alimentos y proveedores locales
“Ahora resulta que todo el Colegio de Nutricionistas, AGMER completo, los directivos de decenas de escuelas de nuestra ciudad, padres, la Fundación Cauce completa, el Centro de Industria y Comercio de Concordia y profesionales son peronistas. Qué buena noticia para nosotros, pero me parece un poco demasiado exagerado el planteo”, acotó Amiano, a su turno.
Además, sostuvo que la ley de Etiquetado busca alertar a quien compra los componentes de ese producto. “Si el budín que va a repartir esa empresa tiene más de cuatro octógonos, al menos saberlo y decidir si uno quiere o no ese producto”, dijo. Por ello, advirtió que detrás de la embestida contra la ley de Etiquetado se encuentran las empresas alimenticias que buscan que la gente “consuma sin conciencia”.
Amiano, a la vez, remarcó que no es habitual encontrar tortas fritas en los desayunos escolares. “Las hacen los días de lluvia, como cualquiera de nosotros las hace en su casa”, mencionó. Remarcó que la comparación más atinada sería entre budines empaquetados contra frutas, yogures o budines artesanales elaborados en los comedores. “Acá la cuestión es que viene una empresa de afuera, trae una caja y tiene que durar un mes”.
La concejal dijo que llevar el discurso para ese lado es “desprolijo” y un “intento de subestimar la inteligencia” de quienes se oponen. Además, le respondió a la concejal Yaiza Pessolani Bechet (La Libertad Avanza), quien votó en consonancia con el oficialismo alegando que el sistema anterior tenía muchas “fallas de control y demasiados intermediarios”. “No estamos en desacuerdo porque defendemos el sistema anterior. No estamos en desacuerdo con que se controle”, precisó, señalando al mismo tiempo que hay mecanismos de control que pueden actuar verificando las compras que realizan los directores de escuelas.
Por último, Amiano, previendo que la votación ya estaba “cocinada” de antemano, sostuvo que oponerse a la intervención del Concejo en el tema, bajo el argumento de que los comedores escolares son competencia de la provincia, es “muy liviano” y “poco responsable”. “Son nuestros comedores, de nuestras escuelas, son nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿Cómo no vamos a decir algo si nos quieren imponer comida ultraprocesada?”, expresó.
Finalmente, Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza votaron por el dictamen de mayoría que establece que las apreciaciones contrarias al sistema adoptado por las autoridades provinciales “son de carácter político” y que se debe respetar el carácter de competencia de cada jurisdicción. “No se advierten elementos objetivos suficientes que justifiquen un pronunciamiento institucional de desaprobación”.
