Hete aquí que la Corte Suprema rechazó la apelación de Argentina y autorizó a fondos de inversión a ejecutar embargos por más de 300 millones de dólares. Esto no es nada más ni nada menos que el resultado de legitimar a EE. UU. como juez imparcial (?), como lo ha hecho Argentina a lo largo de los años. Por eso, los tribunales de Washington volvieron a asestar un duro revés a nuestro país.

La Corte Suprema de EE. UU. rechazó, como decía, una apelación de nuestro país por la «deuda soberana» que entró en default tras la megacrisis de 2001, ¿recuerdan? De este modo, autorizó a embargar «activos soberanos» por un monto de 310 millones de dólares. Los activos están depositados en una cuenta del Banco Central Argentino, pero en la Reserva Federal de Nueva York. Están asociados a los denominados «Bonos Brady», emitidos en la década del ’90 a instancias del entonces secretario del Tesoro, Nicholas Brady, y vencidos en marzo de 2023.

Se trata de una deuda que entró en cesación de pagos durante el cataclismo social y político que sufrió el país en 2001. La deuda no fue reestructurada, y los tenedores rechazaron el acuerdo de 2016 impulsado por Mauricio Macri y el canje de 2020 bajo la presidencia de Alberto Fernández.

El origen fue en 1989. Nicholas Brady lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década de los ’80 y ’90. Los acreedores eran los bancos comerciales, que pasaron a ser acreencias de cientos de miles de bonistas de todo el mundo. Argentina se sumó a este plan en 1992, durante el menemismo, y al año siguiente se realizó el canje por los nuevos títulos de la deuda pública.

Volviendo a Nueva York, el máximo tribunal estadounidense rechazó la apelación de la defensa argentina, que sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central y no del Estado Nacional, lo cual los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. consideró inválidos dichos argumentos y ratificó el fallo de primera instancia, en manos de nuestra conocida jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, así como el de la Corte de Apelaciones, firmado por la jueza Debra Ann Livingston.

Este revés para Argentina se conoció horas después del despido del procurador del Tesoro argentino, Rodolfo Barra (hombre de sinuosos antecedentes non sanctos), despedido por el gobierno argentino de Javier Milei por haber cometido «graves irregularidades» al frente del organismo encargado de defender los intereses nacionales en el exterior. ¿Es que acaso no sabían de los antecedentes de este personaje menemista?

Los acreedores en cuestión, conocidos como «fondos buitres», son White Hawthorne, Trinity Investment, Attestor Master Value, Bybrook Capital Master, que adquirieron la totalidad de la deuda argentina en default en 2001, comprándosela a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los canjes que emitió el país.

Dado que Argentina no afrontó los pagos comprometidos, los «holdouts» poseen ahora 450 millones de dólares entre demandas y sentencias firmes. Tras el fallo favorable del máximo tribunal, los fondos deberán enviar un pedido formal de embargo a la citada jueza Preska para la autorización, que se presentará en las sucursales de la Reserva Federal en Nueva York, Alemania y Suiza.

A fuer de ser sincero, podríamos decir que no es una suma que comprometa la economía del país, que tiene una deuda que ya supera los 470.000 millones de dólares, a la cual este gobierno contribuyó con más de 100.000 millones adicionales. Por eso, los gobiernos en Argentina cometen el error de aceptar la legitimidad de la justicia de EE. UU., porque Argentina es un país soberano y, como tal, no puede ser juzgada en otra jurisdicción.

Entre 2019 y 2022, Ramiro Tosi fue subsecretario de Financiamiento de la Nación. Es curioso que los grupos financieros tenedores de bonos de países en default elijan siempre los tribunales de EE. UU. para litigar. A menos que esa recurrencia responda a un mecanismo de compensaciones decretadas por los tribunales de última instancia. ¿Usted me comprende, verdad?

Lo curioso también es que esas deudas nunca tuvieron la aprobación del Congreso, sobre todo la que comprometió por décadas el futuro de los argentinos, como lo fue la deuda contraída por Mauricio Macri sin pasar por el Congreso. Sin palabras.