El Senado convirtió en ley la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años para los menores que cometen delitos. La reforma del Régimen Penal Juvenil, una de las banderas que el presidente Javier Milei pretendía para mostrar como un logro mañana cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso, se aprobó con 44 votos positivos, 27 en contra y una abstención. “Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, afirmó la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, en el cierre del debate. Desde Unión por la Patria calificaron el proyecto como “una pantalla de distracción”, recordaron que la Argentina tiene el menor índice de delitos de adolescentes en toda América Latina y que “la baja de la edad de punibilidad no soluciona nada”.

En medio de un fuerte operativo, personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) llevó a Leonardo Airaldi a la cárcel de máxima seguridad. El próximo martes comenzará el juicio por narcotráfico en su contra.

En la madrugada de este sábado se concretó en el hospital San Martín, de Paraná, una nueva donación multiorgánica que permitió beneficiar a seis pacientes en lista de espera, entre ellas dos en situación de emergencia nacional

En el marco de la formación continua de los agentes públicos, la Municipalidad de Aranguren llevó adelante la jornada “Herramientas para la prevención y el abordaje de las Violencias”, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Micaela. La propuesta fue organizada por el Área Mujer, Diversidad y Género de la Subsecretaría de Desarrollo Social local.

En la Provincia de Entre Ríos funciona, desde hace décadas, un régimen de adicional salarial vinculado al organismo recaudador (hoy ATER). En términos simples: una porción del esquema remuneratorio se alimenta de un fondo mensual que se integra a partir de parámetros vinculados a la recaudación y luego se distribuye entre agentes. Se trata del 1,9% (uno coma nueve por ciento) del total de la recaudación regular o por ajustes a los contribuyentes, se reparte entre todos los empleados de ATER por pertenencia y asistencia, sin control alguno del mérito individual. El problema no es menor ni meramente “técnico”: cuando una parte del ingreso de quienes ejercen funciones de control fiscal se vincula, directa o indirectamente, al desempeño recaudatorio global del organismo, aparece un interrogante inevitable en términos republicanos: ¿existe riesgo de sesgo en las fiscalizaciones, ajustes y determinaciones? Aun si la respuesta fuera negativa, subsiste un punto central: la falta de transparencia suficiente para despejar esa duda.

Este viernes por la mañana ingresó formalmente por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante un pedido de uso de la Banca del Pueblo para exponer un anteproyecto de ordenanza que propone la derogación del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M.) y al Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia (E.D.A.A.C.). La presentación, fechada el 23 de febrero de 2026, fue suscripta por el contador Álvaro Enrique Sierra, el contador Guido Augusto Longo y el abogado Pablo Lapiduz. El escrito fue acompañado por más de 100 firmas que respaldan la iniciativa. Sostienen que el presupuesto conjunto de ambos entes supera los 5.000 millones de pesos y que sus funciones pueden integrarse a la Administración Central sin afectar políticas ni puestos de trabajo.

La comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a analizar el proyecto presentado por la diputada Vilma Vázquez que propone reemplazar la Ley Nº 3.815, sancionada en 1952, por un nuevo Código de Contravenciones. La iniciativa incorpora figuras como la violencia digital y el ciberacoso, redefine las faltas bajo criterios de dolo y culpa, establece agravantes para casos de violencia de género y cuando las víctimas sean personal de salud, educación o seguridad, y crea la Unidad de Control y Ejecución de la Sanción (UCES) para supervisar el cumplimiento de penas como trabajo comunitario, multas y arrestos.

Por una medida impulsada por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER, Este viernes 27 de febrero no hay actividad en los tribunales de la provinciA. Según registro DIARIOJUNIO, reclaman una recomposición salarial superior al 10% y advierten que podrían coordinar acciones con el gremio nacional del sector.

El máximo tribunal provincial hizo lugar a la apelación presentada por el Ejecutivo local y revocó un fallo de primera instancia que ordenaba restituir en su cargo a un trabajador contratado. La sentencia ratifica que el ingreso con estabilidad al empleo público debe realizarse por concurso.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó nuevamente su rechazo integral a la llamada Ley de Modernización Laboral, más conocida como “reforma”, a la que el Gobierno buscará dar sanción definitiva este viernes en el Senado de la Nación.