El cambio de ministra de Seguridad de Patricia Bullrich por Alejandra Monteoliva, de ninguna manera una garantía legal para el ejercicio de la represión como forma de contener a la protesta social, a pesar de que la prensa oficialista, incluido el matutino local, pretende entronizarla como una experta en la materia. Una de sus especialidades es armar fake news para ocultar la violencia estatal contra la población. Por ejemplo, el caso de Fabrizia, nena de diez años que fue atacada frente al Congreso en 2024 por el Policía Federal Cristian Rivaldi, donde demostró de qué es capaz Alejandra Monteoliva. La mentira duró poco y hasta Eduardo Feinmann pidió al aire su renuncia. Sin embargo, el negacionista Milei la premió con uno de los cargos más altos.

Tres personajes que medran con la guerra aprovechan su posición de privilegio para hacer “negocios” en forma paralela al curso de los acontecimientos. Ninguno de los tres tiene formación diplomática, pero todos tienen intereses económicos que se cruzan con sus responsabilidades institucionales. Tanto Jared Kushner, yerno de Donald Trump y muy cercano al Mossad; Steve Witkoff, el delegado personal de Trump en quien más confía; y el “chico de los drones”, Dan Driscoli —ninguno, como decía, tiene experiencia diplomática—; sin embargo, tienen en sus manos mediar por parte de EE.UU. para conseguir la paz en Ucrania.

En un contexto donde el poder político local profundiza sus gestos de intolerancia hacia el periodismo crítico, incluso con descalificaciones del intendente Azcué, prácticas de autoritarismo, es oportuno un repaso de antecedentes de censura y hostigamiento que, lejos de ser hechos aislados, configuran un patrón preocupante para la libertad de expresión en Concordia.

Aunque la mayoría de la gente no lo perciba, la tercera Guerra Mundial ya está en marcha, porque está condicionada a una percepción tradicional de la guerra clásica, con violencia física, bombas, cañones y enfrentamientos en el campo de batalla. Luego está la batalla comunicacional, donde se distorsiona el relato y llama a la confusión de la opinión pública. En esencia, la guerra es un conflicto en que las partes, o una de ellas, utilizan herramientas para aumentar su poder y tratar de lograr resultados que se oponen a sus intereses. Pero la guerra moderna difiere sustancialmente de lo que conocemos de los dos grandes conflictos mundiales.

El avance del juicio por la causa de los “cuadernos” vuelve a exponer la trama de manipulación mediática, presiones políticas y operaciones judiciales que rodearon al expediente desde su origen. Con La Nación intentando recuperar protagonismo como arquitecto del relato y un tribunal que, por primera vez en años, resiste la disciplina del poder real, el proceso revela su fragilidad estructural y reabre el debate sobre el rol del periodismo, la Justicia y las estrategias de proscripción en la Argentina contemporánea.

Un repaso crudo y sin concesiones sobre las promesas incumplidas del gobierno de Javier Milei, la manipulación financiera preelectoral, la continuidad del endeudamiento como dogma y la réplica local de viejas recetas del poder global. Una mirada que denuncia la estafa política, la entrega de soberanía y el impacto social de un plan económico que, lejos de ser novedoso, revive el mismo credo neoliberal que hundió a la Argentina en décadas anteriores.

El ex diplomático británico Alastair Crooke expone una trama de ciberataques, drones y operaciones encubiertas que habrían precedido al ataque israelí contra Irán durante negociaciones de alto el fuego. Señala la participación de EE.UU., el Mossad y el controvertido rol del argentino Rafael Grossi, mientras denuncia la censura global y el sesgo mediático que, afirma, distorsionan la verdadera magnitud del conflicto.

El actual Presidente de los argentinos se ha ido promocionando a sí mismo como una ruptura radical de todo lo anterior. Iba a acabar con la corrupta “casta” política, abolir su Banco Central y adoptar el dólar y todo tipo de criptomonedas como monedas competitivas de Argentina. Era quizá una apuesta audaz para sustituir un período de fracasos peronistas, radicales y neoliberales por el sueño delirante libertario: un mercado libre, puro y sin adulterar.

En los últimos 10 años han sido fructíferos para la derecha latinoamericana. En octubre de 2018, Jair Bolsonaro ganó la presidencia de Brasil. En junio del año siguiente, Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador, y en noviembre la derecha boliviana aprovechó una crisis electoral para derrotar a las huestes de Evo Morales. En Perú, luego de que el izquierdista Pedro Castillo ganara por escaso margen la presidencia en 2021, las fuerzas de derecha en el Congreso, apoyadas por las huestes aristocráticas peruanas, paralizaron su gobierno y, a través del lawfare, lo destituyeron poniendo en su lugar a la inútil de Dilma Boularte (sic). Desde entonces han mantenido un control absoluto del país. En Chile, la extrema derecha obtuvo un buen resultado en 2021 y se movilizó en 2022 para rechazar la nueva Constitución. Hoy, tras las elecciones en el país trasandino, el triunfo por apenas tres puntos de J. Jara del PC les da la posibilidad a la extrema derecha, “proto fascistas” (sic) de sus candidatos, sobre todo J. Katz, de alzarse con la victoria en el ballotage. Y, por último, la victoria inesperada de J. Milei en 2023 en Argentina consolidó el giro de la derecha en la región.

El megaescándalo de corrupción que estalló en Ucrania sacude al presidente Volodímir Zelensky y a su círculo más cercano: fajos de dólares y euros incautados, escuchas telefónicas, un esquema millonario en Energoatom, presiones en Defensa y hasta la filtración de fotos de un baño de lujo con inodoro de oro, símbolo extremo de la decadencia de las élites ucranianas.