La fiscal federal Josefina Minatta solicitó una pena de 15 años de prisión para un hombre acusado de captar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente oriunda de la provincia de Chaco en un prostíbulo de Concepción del Uruguay. Además, pidió una reparación económica de 63 millones de pesos para la víctima, el decomiso del local donde ocurrieron los hechos y la inmediata detención del imputado.
El pedido fue formulado en el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, donde el próximo 16 de junio se conocerá el veredicto.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima tenía 17 años y fue captada mediante una falsa oferta laboral en Villa Ángela, Chaco. Luego fue trasladada a Concepción del Uruguay, donde fue sometida a explotación sexual en un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de whiskería.
La fiscalía sostiene que la joven fue retenida mediante violencia física, amenazas y un esquema de control que se extendió hasta fines de 2008, en un contexto de extrema vulnerabilidad y aislamiento.
El imputado, identificado como Rubén Alberto Cabra, alias “Petro”, es acusado como autor del delito de facilitación de la prostitución en concurso con trata de personas. Inicialmente la causa involucraba a otro responsable del local, ya fallecido, por lo que Cabra quedó como único imputado.
Un “circuito prostituyente” en la ciudad
Durante su alegato, Minatta describió la existencia de un “circuito prostituyente consolidado” en Concepción del Uruguay entre fines de los años ‘90 y 2013, con locales que operaban bajo distintas fachadas comerciales.
En ese marco ubicó al prostíbulo denominado “Snack Bar”, donde se habría desarrollado la explotación. Según la investigación, allí las mujeres eran trasladadas desde otras provincias bajo engaños laborales y luego obligadas a prostituirse.
La fiscal también incorporó testimonios de la causa que dan cuenta de la naturalización de estos espacios en la época, e incluso de la existencia de traslados sistemáticos de mujeres desde el norte del país.
Violencia de género y delito permanente
Minatta encuadró los hechos en un contexto de violencia de género, amparándose en la Ley 26.485, y sostuvo que la víctima fue sometida a violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica.
Asimismo, consideró que se trata de un delito de carácter permanente, dado que las condiciones de explotación se mantuvieron durante casi tres años.
Fiscal federal Josefina Minatta.La fiscal también recordó el marco normativo argentino en materia de trata de personas, desde la histórica “Ley Palacios” hasta la Ley 26.364 y su reforma.
La reconstrucción del caso
De acuerdo a la acusación, la joven intentó escapar en una oportunidad, pero fue nuevamente trasladada bajo amenazas hacia Concepción del Uruguay. En una segunda etapa habría permanecido retenida en el domicilio del imputado y trasladada diariamente al prostíbulo.
La víctima logró escapar definitivamente a fines de 2008, aunque las amenazas habrían continuado hasta la denuncia formal realizada en 2019.
El juicio avanza en su etapa final y se espera que el próximo 16 de junio el Tribunal Oral Federal dicte sentencia en una causa que expone uno de los casos más graves de trata de personas juzgados en la región en los últimos años.