Tras la denuncia judicial por presuntas calumnias e injurias, presentada este viernes por el presidente Javier Milei contra los periodista Carlos Pagni, Vivina Canosa y Ari Lijalad, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro, acompañado por la diputada entrerriana Carolina Gaillard entre otros pares, presentó un proyecto para “frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa”. La iniciativa, registró DIARIOJUNIO, sostiene que el mandatario “usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal”.

El dato surge del primer informe estadístico sobre sentencias condenatorias en materia de lavado de activos, elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco. El documento publicado por el portal fiscales.com recopila 91 sentencias dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal del todo el país y Tribunales Orales en lo Penal Económico con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en el periodo comprendido entre 2019 y marzo de 2024. Según el relevamiento, registró DIARIOJUNIO, Entre Ríos registró siete de las 91 sentencias condenatorias durante los 5 años analizados.

Este martes se conoció la sentencia en una causa que involucró a un exjefe policial y a un conocido empresario de Concordia. El tribunal de juicio integrado por los jueces Pablo Garrera Allende, María Clara Mondragón Pafundi y Maximiliano Larocca Ress dictó penas de prisión efectiva para ambos acusados.

El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó una sentencia condenatoria de 4 años de prisión efectiva para los cabecillas de dos asociaciones ilícitas que operaban en la región, tramitando pensiones no contributivas por invalidez de manera fraudulenta mediante el uso de certificados médicos falsificados. Los condenados son Hugo Cabrera, puntero del barrio María Goretti, y Cristina Repetto, referente del barrio El Silencio

Tras el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio de enviar a la Legislatura un proyecto de Ley para la creación de una nueva obra social de la provincia, OSER, en reemplazo de la actual, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) manifestó su apoyo a IOSPER, tal como lo hiciera hace unos dias ATE Y AGMER. "IOSPER es de los Trabajadores, no del estado ni de los gobiernos", publicaron.

La Oficia de Gestión de Audiencias (OGA), dispuso el miércoles 30 de abril, fijar la fecha de realización de la audiencia en la que se presentará el acuerdo de juicio abreviado respecto de la responsabilidad que pudo tener Esteban Scialócomo, alias Bebu, en el complejo entramado de la denominada causa Contratos Truchos o Contratos en el la Legislatura. Fiscalía lo imputó como “cobrador” de los cheques de contratados. La metáfora de la colmena y las “abejas forrajeras”.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso el procesamiento por tentativa de contrabando de de exportación de aves agravado, de tres hombres que en 2023 fueron detenidos en la localidad entrerriana de Villa Paranacito acusados de intentar trasladar un cargamento con más de 100 ejemplares de dos especies, una de ellas considerada en peligro de extinción, para ser comercializadas a altos valores en el mercado ilegal, en la República Oriental del Uruguay. Además de los procesamiento -que fueron sin prisión preventiva-, el juez federal Hernán Viri dispuso un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. En la investigación, registró DIARIOJUNIO, interviene la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Mariano Rebollo.

La familia Etchevehere fue citada a indagatoria por la Justicia Federal de Paraná. Es en la causa por presunta violencia económica contra Dolores Etchevehere. Se trata de una causa federal por presunta extorsión y violencia económica. Fueron citados a indagatoria a los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, junto a su madre, Leonor María Barbero Marcial. En rigor y si nos atenemos a los dichos de la supuesta damnificada, serían una verdadera banda. Todos deberán comparecer entre el 2 y el 3 de junio próximos en la sede judicial ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana. Todos mileistas, debe decirse, antes macristas, o sea, nada para agregar.

La investigación por la agresión sufrida por Nilda Mabel Viollaz el pasado 18 de marzo en la ciudad de Colón ha avanzado con la imputación y citación a indagatoria del efectivo policial señalado como autor del hecho por el delito de lesiones graves y agravadas por el hecho de haber sido cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con abuso de autoridad. El abogado querellante Martín Jáuregui explicó esta mañana a DIARIOJUNIO que lo que le llama la atención es el accionar de las autoridades del gobierno que no han apartado al efectivo quien sigue prestando funciones. “Si no hacen lo que corresponde, que es apartarlo, es como que toman partido. La familia tiene miedo en Colón porque pasan los patrulleros: tienen miedo de represalias”. A su vez, pidió equidad de criterios ya que por otro hecho en Paraná, una agresión a un albañil que le produjo una lesión en una de sus rodillas, se apartó a tres funcionarios policiales. Jáuregui dijo que eso se debió a que fueron filmados pero se trató de un hecho “muy menor” frente a lo acontecido en Colon. “No veo que desde el gobierno se tome nota de esta situación”.

La Sala IV de Apelaciones deberá resolver si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador se tramita en Entre Ríos o pasa a la órbita federal. La defensa insiste en que existe doble persecución penal. La audiencia de apelación quedó ahora a estudio del juez Larocca Rees, quien se tomará diez días hábiles para dictar resolución, alegando el cúmulo de trabajo y la complejidad del asunto. Mientras tanto, la defensa insiste en que se está violando el principio de non bis in idem y que se incurre en una doble persecución penal, al investigarse los mismos hechos en dos jurisdicciones distintas. Para resolver esta controversia, no se descarta que finalmente sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deba dirimir el conflicto de competencia entre Concordia y San Isidro.