El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó una sentencia condenatoria de 4 años de prisión efectiva para los cabecillas de dos asociaciones ilícitas que operaban en la región, tramitando pensiones no contributivas por invalidez de manera fraudulenta mediante el uso de certificados médicos falsificados. Los condenados son Hugo Cabrera, puntero del barrio María Goretti, y Cristina Repetto, referente del barrio El Silencio

Tras el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio de enviar a la Legislatura un proyecto de Ley para la creación de una nueva obra social de la provincia, OSER, en reemplazo de la actual, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) manifestó su apoyo a IOSPER, tal como lo hiciera hace unos dias ATE Y AGMER. "IOSPER es de los Trabajadores, no del estado ni de los gobiernos", publicaron.

La Oficia de Gestión de Audiencias (OGA), dispuso el miércoles 30 de abril, fijar la fecha de realización de la audiencia en la que se presentará el acuerdo de juicio abreviado respecto de la responsabilidad que pudo tener Esteban Scialócomo, alias Bebu, en el complejo entramado de la denominada causa Contratos Truchos o Contratos en el la Legislatura. Fiscalía lo imputó como “cobrador” de los cheques de contratados. La metáfora de la colmena y las “abejas forrajeras”.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso el procesamiento por tentativa de contrabando de de exportación de aves agravado, de tres hombres que en 2023 fueron detenidos en la localidad entrerriana de Villa Paranacito acusados de intentar trasladar un cargamento con más de 100 ejemplares de dos especies, una de ellas considerada en peligro de extinción, para ser comercializadas a altos valores en el mercado ilegal, en la República Oriental del Uruguay. Además de los procesamiento -que fueron sin prisión preventiva-, el juez federal Hernán Viri dispuso un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. En la investigación, registró DIARIOJUNIO, interviene la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Mariano Rebollo.

La familia Etchevehere fue citada a indagatoria por la Justicia Federal de Paraná. Es en la causa por presunta violencia económica contra Dolores Etchevehere. Se trata de una causa federal por presunta extorsión y violencia económica. Fueron citados a indagatoria a los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, junto a su madre, Leonor María Barbero Marcial. En rigor y si nos atenemos a los dichos de la supuesta damnificada, serían una verdadera banda. Todos deberán comparecer entre el 2 y el 3 de junio próximos en la sede judicial ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana. Todos mileistas, debe decirse, antes macristas, o sea, nada para agregar.

La investigación por la agresión sufrida por Nilda Mabel Viollaz el pasado 18 de marzo en la ciudad de Colón ha avanzado con la imputación y citación a indagatoria del efectivo policial señalado como autor del hecho por el delito de lesiones graves y agravadas por el hecho de haber sido cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con abuso de autoridad. El abogado querellante Martín Jáuregui explicó esta mañana a DIARIOJUNIO que lo que le llama la atención es el accionar de las autoridades del gobierno que no han apartado al efectivo quien sigue prestando funciones. “Si no hacen lo que corresponde, que es apartarlo, es como que toman partido. La familia tiene miedo en Colón porque pasan los patrulleros: tienen miedo de represalias”. A su vez, pidió equidad de criterios ya que por otro hecho en Paraná, una agresión a un albañil que le produjo una lesión en una de sus rodillas, se apartó a tres funcionarios policiales. Jáuregui dijo que eso se debió a que fueron filmados pero se trató de un hecho “muy menor” frente a lo acontecido en Colon. “No veo que desde el gobierno se tome nota de esta situación”.

La Sala IV de Apelaciones deberá resolver si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador se tramita en Entre Ríos o pasa a la órbita federal. La defensa insiste en que existe doble persecución penal. La audiencia de apelación quedó ahora a estudio del juez Larocca Rees, quien se tomará diez días hábiles para dictar resolución, alegando el cúmulo de trabajo y la complejidad del asunto. Mientras tanto, la defensa insiste en que se está violando el principio de non bis in idem y que se incurre en una doble persecución penal, al investigarse los mismos hechos en dos jurisdicciones distintas. Para resolver esta controversia, no se descarta que finalmente sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deba dirimir el conflicto de competencia entre Concordia y San Isidro.

La titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Analía Ramponi, procesó con prisión preventiva a un enfermero del Hospital Justo José de Urquiza y a su hermano, un vabo primero en el Batallón de Ingenieros Blindado II, detenidos el 20 de marzo pasado en La Histórica acusados de vender fentanilo y otras drogas que ofrecían en chats de la aplicación de mensajería Telegram, en el marco de una investigación que incluyó como infiltrado a un “agente revelador” y estuvo dirigida por la fiscal federal de ese distrito, Josefina Minatta, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

Los Etchevehere corruptos, -Luis Miguel, Sebastián Arturo, Juan Diego y Leonor Barbero- están condenados por fraude y procesados por estafa en una causa que tiene más de diez años. Están involucrados en actividades delictivas de todo tipo, -fraude, lavado de dinero, estafa, extorsión, violencia- que fueron denunciadas y probadas. Están siendo investigados por la Justicia de Brasil. Sin embargo, la que hoy enfrenta un juicio por sacarles la máscara y exponerlos, soy yo. Así funciona el poder en Entre Ríos… ellos quieren ser los patrones de todos, de la Justicia, de la sociedad, del poder político de turno –antes con Macri, ahora con Milei-. Pero que les quede claro que mis patrones no son. Ya somos cuatro las mujeres de mi familia estafadas por esta banda de delincuentes, y no nos vamos a callar.

La Sección Concordia del Colegio de la Abogacía expresó su respaldo a la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), María Marta Simón, y manifestó su repudio ante las acusaciones públicas realizadas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos.