Condenaron a prisión al abogado Pedro De la Madrid por fraude, violencia y ejercicio ilegal de la profesión durante años, pero la justicia local dejó la puerta abierta para que vuelva a ejercer

El tribunal estuvo presidido por el vocal Dr. Germán Darío Cesar Dri, quien fue el encargado de dictar el fallo. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervinieron la Dra. Daniela Montangie y el Dr. José Arias, mientras que la defensa de Pedro Silvio De la Madrid estuvo a cargo de los abogados Pedro Enrique Fontanetto D’Angelo y Germán Palomeque

El fallo reconstruye una secuencia de hechos que muestran continuidad y método de parte del condenado. Entre 2021 y 2024, De la Madrid ejerció ilegalmente la abogacía, asesorando incluso al Municipio de Estancia Grande y presentándose en actuaciones judiciales mediante escritos que firmaba utilizando nombres de otros profesionales: los de los abogados Valentina Klaus Gerling y Alejandro Jacobi. Una práctica que fue considerada sistemática para sortear la inhabilitación judicial que pesaba sobre él desde hacía años.

Ese funcionamiento paralelo dentro del sistema se sostenía, además, con otras maniobras fraudulentas. En 2023 presentó una constancia falsa atribuida a la Cámara de Apelaciones de Posadas, incorporando documentación apócrifa a expedientes judiciales. A la vez, entre 2020 y 2024, llevó adelante lo que la Justicia calificó como estafas procesales: se presentó como heredero de su exesposa, Angélica Dussin —una condición que no le correspondía— y, a partir de esa falsa legitimación, impulsó acciones judiciales, entre ellas un proceso de desalojo contra familiares.

Pero ese accionar no se limitó al ámbito tribunalicio. En el Municipio de Estancia Grande, De la Madrid sustrajo decretos y sumarios administrativos en 2023, y un año antes había publicado en la página oficial un decreto apócrifo para beneficiar a su pareja Analía Romera y a su hermana Daiana Alfonsina de La Madrid con cargos permanentes. Es decir, no solo intervenía sin habilitación como asesor legal, sino que además manipulaba documentación pública y utilizaba la estructura estatal para fines personales.

En tanto, el 9 de diciembre de 2024, en su propio estudio jurídico, De la Madrid atacó con violencia a dos clientes: ahorcó a Gianfranco Fleitas y mordió a Néstor Chávez, provocándoles lesiones leves. El hecho fue acreditado en la causa.

En la parte resolutiva, el tribunal fue contundente al declarar a Pedro Silvio De la Madrid autor material y responsable de un amplio abanico de delitos en concurso real, entre ellos ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial en tres hechos, lesiones leves, falsificación de instrumento público y uso de documento falso, estafa procesal en dos hechos, hurto, sustracción y ocultamiento de documentación y administración fraudulenta —esta última en concurso ideal con falsificación—, todo lo cual derivó en una condena a tres años y seis meses de prisión efectiva, con costas a su cargo, su inmediato traslado a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú (pabellón “Más 60”) y la comunicación de la sentencia a los organismos correspondientes, incluyendo la inhibición general de sus bienes.

La sentencia se apoyó en denuncias policiales, informes médicos, testimonios, cartas documento, decretos falsos, constancias del Colegio de Abogados, registros de migraciones, allanamientos y pericias informáticas.

Sin embargo, pese a la condena y a la magnitud de los delitos, la sentencia no lo inhabilita de manera perpetua. Lo que hace el fallo es ratificar la inhabilitación previa y sancionarlo por haberla quebrantado, pero la pena principal es de tres años y seis meses de prisión efectiva.

Cuando cumpla esa condena y recupere la libertad, en principio podría volver a solicitar su matrícula y ejercer, siempre que el Colegio de Abogados y la justicia no dispongan nuevas restricciones. 

Durante años, un abogado inhabilitado logró moverse dentro del sistema judicial y del Estado, firmar escritos, presentar documentación falsa, infiltrarse en el sistema, armar una fiscalía paralea con mails apócrifos, intervenir en causas y manipular actos administrativos. Ahora, ese mismo sistema que lo condena, no le cierra la posibilidad de regresar al mismo ámbito en el que cometió los delitos, un sistema judicial que fue incapaz de detectarlo, frenarlo y evitar que sus tropelías se prolonguen en el tiempo.

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