El blindaje al fiscal Aramberry y la campaña para reinventar su imagen comprometida por la causa Contratos

No obstante, la resolución no trajo alivio ni limpieza a la imagen del funcionario; por el contrario, dejó al descubierto una red de omisiones, favoritismos y ceguera selectiva durante la investigación de la mega causa conocida como la «Causa de los Contratos».

Pese a ese antecedente, se advierte el inicio de una campaña de rehabilitación pública para posicionarlo como la principal figura en la lucha contra la corrupción dentro de la provincia.

Una investigación «a ciegas» para proteger al poder

Aramberry fue denunciado por violar de forma sistemática los deberes de objetividad, legalidad y buena fe procesal. Las acusaciones más severas apuntan a su rol como coinvestigador en la causa por el desvío de miles de millones de pesos en la Legislatura provincial, donde habría actuado con pasividad frente a las irregularidades conducidas por la destituida procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche y restituida nuevamente a su cargo por cuestiones formales.

A pesar de que de los allanamientos al estudio contable «Integral Asesoría» surgieron evidencias que vinculaban a Pedro Opromolla con Sebastián Orlando Bertozzi —cónyuge de Goyeneche—, el fiscal Aramberry obvió profundizar esa línea. Jamás imputó, citó como testigo ni ordenó investigar a Orlando Bertozzi. De igual modo, omitió pedir el allanamiento del domicilio particular de Opromolla o el secuestro de su teléfono celular cuando este no estuvo presente en los procedimientos.

«Resulta a priori injustificado que el Agente Fiscal, frente al deber objetivo de investigación que posee su función, no practicara los actos necesarios en orden a determinar la hipotética participación del Sr. Sebastián Orlando Bertozzi… conductas omisivas que dan cuenta de una posible falta al deber de objetividad y buena fe procesal”, señaló un extracto del voto minoritario.

El duro voto de la minoría: «Hubo probable mal desempeño»

A diferencia de la mayoría que optó por archivar las actuaciones alegando formalismos procesales, los vocales Germán Carlomagno, Claudia Mizawak y Leonardo Portela emitieron una postura firme en minoría. Para estos magistrados, las omisiones de Aramberry no fueron meros «desaciertos procesales», sino conductas que comprometieron la búsqueda de la verdad y pusieron en riesgo la integridad de la prueba para beneficiar a la cúpula del Ministerio Público Fiscal (MPF) conducida por el Procurador Jorge Amilcar Luciano García.

Según remarcó la vocal Mizawak, el fiscal no ofreció en su descargo una explicación satisfactoria sobre por qué decidió ignorar la pista de Bertozzi y Opromolla. El funcionario se limitó a argumentar que no tenía «trato frecuente» con la familia de Goyeneche, eludiendo responder por qué no actuó con objetividad frente a la prueba documental que constaba en los servidores incautados.

Sombras de falso testimonio y contradicciones

La denuncia también salpicó a Aramberry por haber incurrido presuntamente en falso testimonio al declarar en el jury contra Cecilia Goyeneche. En aquella oportunidad, afirmó bajo juramento que el testigo Mario Deiloff había comparecido sin su teléfono celular para justificar un allanamiento posterior. Sin embargo, las videograbaciones de las entrevistas desmintieron al fiscal, mostrando a Deiloff exhibiendo su teléfono en dos oportunidades ante los instructores.

Si bien los integrantes de la mayoría —los legisladores peronistas Daniel Olano y Silvia Moreno, y los representantes del Colegio de Abogados, Luis Leissa y María Fernanda Miotti— consideraron formalmente que sancionar el falso testimonio requiere una condena penal previa, la discrepancia entre sus dichos y los registros fílmicos dejó expuesta una falla ética institucional. Pese a la gravedad del hecho, el MPF a cargo del procurador Jorge Amilcar Luciano García nunca abrió una investigación interna.

Un fallo corporativo y la reaparición mediática

La resolución del Jurado de Enjuiciamiento que salvó al fiscal Aramberry por un margen ajustado (4 a 3) —gracias a los votos del peronismo y las gestiones de Rosario Romero— consolidó un mensaje preocupante para la sociedad entrerriana. Aunque el expediente administrativo quedó formalmente cerrado en el ámbito del Jury, el debate sobre la actuación del fiscal permanece más vivo que nunca.

Actualmente, Aramberry reaparece en espacios mediáticos proyectando una agenda «anticorrupción» orientada a juzgar únicamente a los eslabones más débiles del esquema; o, como se dice habitualmente en el ámbito judicial, a los «perejiles».

En una maniobra que en los pasillos de Tribunales se interpreta como una devolución de favores al peronismo, el fiscal abrió la causa «Contratos II» e imputó únicamente por peculado negligente a dirigentes de peso como Adán Bahl, Sergio Urribarri, José Cáceres y José Laurito. La hipótesis resulta inverosímil para los analistas judicial: es impensable que una banda de subordinados haya podido extraer 53 millones de dólares a lo largo de una década sin que la cúpula política lo advirtiera o tuviera una participación directa.

Este giro estratégico no solo expone la selectividad de la justicia penal en la provincia, sino que reaviva las sospechas sobre la imparcialidad del fiscal y reabre los interrogantes sobre su actuación en el pasado.

CREDITO: LaVoz901