El desparramo de empleados que hizo Azcué tras privatizar el servicio de Residuos

La reorganización administrativa tras entregarle el servicio de recolección de residuos a la firma cordobesa VITSA (por $250 millones por mes) ha dejado al descubierto las improvisaciones del Departamento Ejecutivo.

Con el dictado de los decretos N° 246/2.026 y su posterior «parche», el N° 257/2.026, publicados ayer en el Boletín Oficial, la gestión de Francisco Azcué oficializó el desguace de la Dirección de Recolección de Residuos, dispersando a su personal por diversas áreas municipales sin un criterio técnico claro.

Así, lo que el Ejecutivo denomina una «reorganización operativa» se asemeja más a un reparto de legajos para intentar encastrar a los agentes en estructuras que nada tienen que ver con su función original. El esquema refleja una urgencia por desmantelar el área tras una «emergencia ambiental» negociada y  el traspaso a manos privadas, dejando de lado la planificación estructurada del recurso humano.

El mapa de la redistribución:

El detalle de los Anexos I a V del Decreto 246/2026 muestra con precisión el alcance de la medida: 92 trabajadores fueron trasladados y distribuidos en cinco áreas distintas del municipio.

El mayor volumen de personal fue derivado a la Dirección de Higiene Urbana, que absorbió 50 empleados, convirtiéndose en el principal destino de los trabajadores desplazados. En segundo lugar aparece la Dirección de Prevención y Seguridad, que recibió 17 agentes, y tercero la Guardia Ambiental, donde fueron reubicados 20 trabajadores.

En menor medida, la redistribución alcanzó a la Dirección de Parques y Paseos, que incorporó 3 empleados, y al Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales que recibió 2 trabajadores.

De esta manera, empleados que durante años cumplieron funciones específicas en la recolección de residuos fueron reasignados a áreas con perfiles y tareas muy diferentes entre sí.

Borrón y corrección para evitar males mayores.

El cuadro se completa con lo ocurrido días después. A través del Decreto 257/2026, el Ejecutivo debió corregir errores en la imputación de partidas presupuestarias y, además, anular el traslado de 13 empleados que habían sido incluidos indebidamente en la redistribución.

Se trataba de delegados gremiales con mandato vigente —quienes cuentan con tutela sindical y no pueden ser trasladados sin causa justificada— y de trabajadores que habían ingresado por concurso para funciones específicas, por lo que su reubicación implicaba avanzar sobre derechos laborales protegidos y exponía al municipio a posibles impugnaciones legales y conflictos sindicales.

Primero el negocio, después el orden.

En definitiva, todo lo ocurrido deja en evidencia una maniobra ejecutada a las apuradas, y que en menos de un mes desmanteló un servicio público que funcionó durante años.

La secuencia es elocuente: el Ejecutivo impulsó de urgencia la “emergencia ambiental” en el Concejo Deliberante, sin margen para el análisis y con el aval automático de la mayoría oficialista. En paralelo la empresa que terminaría quedándose con el servicio ya tenía sus camiones circulando por Concordia. Tras formalizarse la concesión, se desarmó el área municipal y se reubicó al personal, en un proceso que terminó corrigiéndose sobre la marcha.

Así, la readecuación del personal terminó siendo la consecuencia visible de una decisión política tomada sin planificación previa, donde primero se resolvió el negocio y después se intentó ordenar sus efectos. En ese contexto, los trabajadores quedaron en el medio de un proceso desprolijo, con traslados masivos, correcciones sobre la marcha y un esquema que expuso más improvisación que gestión.