Los hechos: Vialidad Nacional preparaba las expropiaciones de los campos donde transitaría el nuevo y actual diseño de la autopista. Puesto en conocimiento anticipadamente, el propietario de unas tierras (bañados, humedales) que serían intervenidos por el nuevo trazado planeo cuidadosamente la negociación de la indemnización por su predio afectado, para demostrar que sus tierras no eran ‘esteros sin valor, salvo para la explotación con ganadería extensiva’ como los caratulaba Vialidad Nacional, para pagar indemnizaciones viles, sino que por el contrario eran tierras de enorme fertilidad y potencial agropecuario.
Para demostrarlo, sin revelar a nadie su oculta intención, endicó un estero inundado y extrajo el agua de su interior. Como son tierras muy frágiles, para ararlas y sembrar en ellas solicitó y obtuvo en préstamo una sembradora de zapatas (que cultiva mecánicamente como hacían los Incas) si arar, haciendo un hoyo y depositando en el algunas semillas, sin romper la estructura del suelo. Dicha sembradora era propiedad de INTA Concepción del Uruguay, que consintió en cederla para el experimento con la condición que un investigador del organismo lo protocolizara, algo que le venía de perillas a la intención del dueño del campo. Aclaramos de paso que este método de cultivo que luego se generalizó en suelos de similares características, en esa época, estamos hablando de hace medio siglo (cerca) no era común.
El dueño de la tierra, en el predio secado artificialmente plantó sorgo y obtuvo una cosecha excepcional, para sorpresa de todos. Y muy beneficiado por la decisión de INTA de investigar formalmente la experiencia, guardó una copia del ‘paper’ del organismo. Cuando los profesionales de Vialidad Nacional vinieron a negociar con él, el monto de la expropiación, le plantearon una suma compensatoria ínfima dado que eran (SIC) “tierras sin otro valor económico que el devengado por la práctica de la ganadería extensiva”. El damnificado, con cuidada parsimonia les manifestó que deberían estar hablando de otra tierras, porque las de su propiedad eran ‘valiosas tierras agrícolas’ con una elevadísima rentabilidad potencial. Y para ratificarlo puso sobre la mesa el estudio que había protocolizado el INTA sobre el sembradío en sus tierras. Los profesionales quedaron, abrumados, sin palabras y le pidieron unas semanas para evaluar la nueva situación planteada por la información aportada por INTA. Al cabo de estas se reunieron con el propietario y le propusieron una indemnización sustantivamente mayor a la que le habían ofrecido inicialmente, con la condición que todo quedara en estricta reserva y que no fuera revelado a otros vecinos que pudieran reeditar la situación.
Valga esta historia real para ponderar la magnitud de lo que significará la entrega de nuestro patrimonio público a manos de los saqueadores de los bienes del Estado, cuya liquidación esta preparando el actual gobierno provincial con la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER), que creó manifestando que es para ‘ordenar el patrimonio público’ pero que quienes conocemos sus intenciones desde larga data sabemos que es para empobrecernos y saquearnos a los entrerrianos.
La reciente denuncia de la diputada nacional Blanca Osuna (https://www.diariojunio.com.ar/agencia-administradora-de-bienes-del-inmuebles-de-la-provincia-de-entre-rios-frigerio-de-los-dos-lados-del-mostrador/), da cuenta que Frigerio está acelerando los tiempos, urgido por la codicia de sus mandantes en las sombras que están ansiosos por desvalijarnos.
Y ya no solo estamos hablando de tierras fértiles, ahora hay que incluir los yacimientos de sílice que contienen decenas de miles de millones de dólares del imprescindible mineral, para la industria petrolera, que también serían ‘regalados’ a los especuladores si prospera esta iniciativa de mega saqueo de nuestros bienes públicos. Además (y en primer lugar) de la destrucción de uno de las más valiosos humedales de nuestro continente, que están protegidos por acuerdos internacionales, aunque es evidente que para la administración nacional y la provincial, estos dato son solo ‘misceláneas’.
Frigerio, alentado por su imagen positiva entre el electorado provincial quiere agilizar la venta de los inmuebles del Estado que tienen planeado manotear. Incluso esa comisión es en realidad un modo expeditivo para obviar el tratamiento parlamentario de estas posibles ‘privatizaciones’ de nuestros bienes. Todo fríamente planificado, calculado y ejecutado, mientras el conjunto de los entrerrianos prácticamente ni se entera de lo que está ocurriendo.
Todo esto que está ocurriendo, aquí y ahora, con la necesaria complicidad de la ‘oposición’ (SIC), fue denunciado por DIARIO JUNIO hace años y significará, de concretarse el vaciamiento patrimonial de la provincia y un nuevo saqueo a todos los entrerrianos.
