Entre Ríos elimina el término «gratuito» en servicios públicos y obliga a detallar que son «financiados por los contribuyentes»

La Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 11.232, mediante la cual la provincia adhiere formalmente al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor previsto en el Título VII de la Ley Nacional 27.743. La norma, ya promulgada por el gobernador Rogelio Frigerio y publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece nuevas obligaciones de información para comercios, prestadores de servicios y entidades públicas.

La iniciativa apunta a que los ciudadanos conozcan con precisión la carga impositiva que compone el precio de los bienes y servicios que consumen, así como el origen tributario del financiamiento de prestaciones estatales.

El artículo 2º de la nueva ley dispone que todos los contribuyentes que vendan bienes, realicen locaciones de obra o presten servicios a consumidores finales deberán informar dos valores:

– El precio final, es decir, el monto total que paga el consumidor.

– El precio neto sin impuestos, detallando el valor sin IVA, sin impuestos nacionales indirectos y sin los tributos provinciales como Ingresos Brutos o Profesiones Liberales.

Este segundo valor deberá acompañarse obligatoriamente con la leyenda: “precios sin impuestos”.

De esta manera, el Gobierno provincial apunta a transparentar qué parte del precio corresponde efectivamente al producto o servicio y qué parte proviene de la carga fiscal.

La ley define estas obligaciones como “Deberes Formales”, encuadrándolas en el artículo 46 del Código Fiscal provincial. Esto implica que los comercios o prestadores que no informen los precios de la manera establecida podrán ser sancionados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Fin de la palabra “gratuito” en servicios del Estado

Uno de los puntos más relevantes de l resolución aparece en el artículo 4º: según dicta, todas las publicidades de servicios o prestaciones públicas —provinciales o municipales— que sean de libre acceso ya no podrán utilizar el término “gratuito”.

En adelante, deberá aclararse que se trata de servicios “solventados con los tributos de los contribuyentes”.

En ese caso, la medida busca reforzar la idea de que los servicios del Estado no son gratuitos, sino financiados colectivamente.

Convocatoria a los municipios

El artículo 5 invita a los gobiernos locales a dictar ordenanzas que permitan también identificar la incidencia de tributos municipales en los precios finales. Esto podría implicar que tasas locales, inspecciones u otros tributos comiencen a diferenciarse claramente en la estructura de costos.

Plazo de 90 días para la reglamentación

El Poder Ejecutivo provincial tiene 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para emitir las normas reglamentarias que definan cómo se implementará este nuevo régimen.

La norma fue aprobada el 13 de noviembre pasado en la Legislatura, con las firmas de Rafael Cavagna, Sergio Avero, Gustavo Hein y Julia Garioni Orsuza, y promulgada el 27 de noviembre por el gobernador Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.