En una publicación en sus redes sociales, Arévalo se expresó apelando a principios constitucionales y al derecho a la participación electoral. “La Constitución Nacional promueve la participación electoral de todas las maneras posibles para dar LEGITIMIDAD”, sostuvo, y citó artículos como el 1, 22, 33, 37, 46 y 81 para argumentar que la exclusión de listas atenta contra el espíritu democrático.

El dirigente del espacio Presente y Futuro, que nuclea a intendentes en ejercicio y referentes territoriales de la provincia, lamentó lo que definió como una maniobra previsible: “Mucho palabrería, cuando todos sabían que no se quieren internas. Era cuestión de tiempo. Somos peronistas, dejen participar. A nosotros sí nos votó la gente, varias veces. No obliguen a que salgamos por afuera. Sería peor”.

https://www.facebook.com/share/1RhKPuhFd9/

Las declaraciones se dan luego de que la Junta Electoral del PJ entrerriano oficializara solo a la lista N° 2 “Desafío Peronista”, justificando su decisión en el incumplimiento de requisitos formales por parte de las restantes listas, entre ellas la N° 10 de PAR, donde Arévalo es candidato a senador. La resolución argumenta que las nóminas excluidas no alcanzaron los avales territoriales requeridos por el artículo 40 de la Carta Orgánica partidaria.

Sin embargo, para Arévalo el problema es más político que técnico: “No le tengan miedo al voto de la gente. No seamos más de lo mismo. No demos más vergüenza. El partido es más grande que todos nosotros juntos”.

Días atrás, el presidente del PJ entrerriano, José Cáceres, había declarado que la realización de internas era inviable: “No hay plata”.

La resolución, fechada este domingo 8 de junio, dejó fuera de competencia a otras tres listas además de la que candidateaba a Gustavo Guzmán como diputado y Damián Arévalo como senador: “Agrupación Evita”, “Por una Entre Ríos Potencia” y “Tres Banderas”.

Con este escenario, el justicialismo entrerriano llegará al 6 de julio sin competencia interna, pero desde los sectores excluidos no se descarta la posibilidad de impugnaciones, reclamos ante la justicia electoral o incluso la participación por fuera del sello partidario.