Organismo Sin Ética Republicana (OSER). 

Es claro que tanto García como Gallegos y hasta el mismísimo Gobernador Frigerio, son los responsables directos de tan cobarde como excecrable acto, impropio de una democracia y un Estado Constitucional de Derecho.

Encima, como si fuera poco todo este accionar derechamente discriminatorio aplicado en represalia de las tres trabajadoras, se lo trata de encubrir y disimular a través de resoluciones berretas y rústicas, que además de estar pésimamente redactadas, exhiben una orfandad motivaciónal y de fundamentos fácticos como jurídicos. Se nos quiere hacer creer que estos “cambios” se tratan sólo de actos de reestructuración con el fin de fortalecer las agencias descentralizadas de la OSER.

Seguramente esto habilitará denuncias penales por actos constitutivos de abuso de autoridad, discriminación ideológica y laboral y también por ser ejercidas contra tres mujeres, exhibiendo una clara cuestión de género disfrazada de reestructuración administrativa, siendo del caso que los lugares del que fueron desplazadas las tres profesionales, ya fueron ocupados por otros agentes. Y, a la par, hasta sea posible ejercitar una acción heroica de amparo, a fin de que se nulifique la resolución de tinte discriminatoria y autoritaria y se la restablezca a las tres profesionales a sus lugares de trabajo, con las mismas funciones que cumplían.

La OSER, como se dijo desde UCR Activa, es un modelo (negativo por cierto) de ineficiencia y falta de transparencia, en el que los médicos han sido suplantados por los jueces ordenando prestaciones por vía judicial, ante la negativa o excesivas demoras de la Obra Social Estatal. Además, está invadida por desconocidos personajes arribados de CABA, en una suerte de manifestación de este virus Frigerista llamado Once-Cero-Manía, que ni siquiera trabajan de lunes a viernes sino que lo hacen no más de tres veces a la semana.

Vale decir que, no sólo se trata de una gestión ineficiente y que destrata al afiliado, sino plagada de irregularidades constitutivas de delitos contra la administración pública y también contra la vida y salud de sus afiliados, que a diario ven retrasados cuando no negados determinados medicamentos o autorizaciones para la realización de estudios necesarios para determinadas patologías o la entrega en tiempo oportuno de prótesis necesarias para intervenciones quirúrgicas, que dicho sea de paso, las pagan varias veces más caras que la anterior gestión, a la que esta recua de caraduras, motejó de poco transparente y con pésimos resultados en gestión.

Este hecho claramente discriminatorio y revelador de violencia institucional de baja intensidad, no puede quedar sin ser penalizado por el servicio de justicia, y los legisladores oficialistas, si algo les queda de ética republicana, deberían inmediatamente tomar cartas en el asunto, convocar al recinto a las autoridades de la OSER y exigirles las explicaciones del caso.

Estoy más que seguro que muchos entrerrianos y entrerrianas no nos quedaremos de brazos cruzados como si nada hubiese pasado y de alguna manera, usando las herramientas de la democracia, haremos tronar el escarmiento ante hechos que debilitan la institucionalidad y se asemejan más, mucho más, a épocas donde la represión, la censura y la violación sistematicas de DDHH, eran una política de Estado.

Seremos miles de ciudadanos y ciudadanas los que exigiremos que estas tres ejemplares profesionales de la obra social estatal, sean inmediatamente repuestas en sus funciones, porque ello es un acto necesario e imperioso de justicia.