Docentes entrerrianos reclaman un salario mínimo de $800.000 y denuncian pérdida frente a la inflación

Antivero remarcó que el último aumento ofrecido por el gobierno, “además de ser insuficiente, no responde a los criterios de la comisión de salario que solicitaba que la propuesta salarial sea remunerativa y bonificable”. Pero el gobierno, tanto en la audiencia del 23 de febrero pasado, como en la del 2 de marzo, reitera propuestas que no coincidían con lo demandado. “Las tuvimos que rechazar”, dijo.

Sobre la mesa se puso una propuesta que incluyó un aumento de $ 60.000 a través del Fopid -$ 36.000- y Conectividad -$ 24.000-; además de un incremento del 50% de la Ayuda Escolar; una suba de $ 30.000 a los jubilados y un salario de bolsillo garantizado de $ 750.000. También prioridad en créditos IAPV para docentes y un bono de $ 25.000 para maestros con más de 10 años de servicio.

Además, desde el sindicato docente habían pedido una cláusula de actualización, pero la respuesta del gobierno volvió a ser negativa. Antivero defendió la inclusión de ese mecanismo. Aunque no resuelve la cuestión salarial por si sola, “amortiguaría un poco”. “El gobierno dice que la propuesta no era mala, pero sigue siendo insuficiente. No resuelve la cuestión salarial por más que sean montos en negro”, remarcó.

A su vez, el secretario general subrayó que toda mejora del salario debe ser remunerativa y bonificable para que impacte en la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Pero ven que la propuesta del gobierno es contradictoria, ya que, al mismo tiempo, está embarcado en una reforma previsional por el déficit que arrojan los números de la Caja. Los ofrecimientos no generan un ingreso adicional para las arcas de la obra social OSER. “Hoy vemos cómo está la obra social y esta propuesta no le genera ingresos”, dijo.

Por otra parte, el gremialista dijo que la decisión del gobierno de elevar a $ 750.000 para un cargo de jornada simple “no esta muy clara” y, por lo tanto, dijo que desconocen en que sentido va a impactar el escalafón docente distorsionado.

En comparación con el resto de las provincias respecto del salario docente, Entre Ríos se encuentra en el puesto 23°. “Ahora en la paritaria nacional, que el gobierno la convocó el mismo 2 de marzo en que se llevaba a cabo una jornada de paro, hicieron un ofrecimiento salarial de $ 650.000 como piso para discutir”, sostuvo. Antivero indicó que sabían que la Nación iba a imponer un piso mas elevado, de $ 750.000, pero las provincias le pidieron que lo baje $ 100.000.

El gremialista no se privó de señalar el papel de “complacencia” o “complicidad” del gobierno provincial de Entre Ríos. “Nosotros se lo dijimos a Rogelio Frigerio en la paritaria y después en persona en la convocatoria que hace el miércoles 4 (de marzo) para anunciar la reforma previsional”, recordó. “Es una contradicción votarle desde Entre Ríos todos los proyectos de ley al gobierno nacional, como el presupuesto 2026, que genera una desfinanciación en el sistema educativo”, indicó.

La Ley de Financiamiento Educativo que fue derogada exhortaba a invertir el 6 % del PBI en la Educación. Pero el gobierno nacional redujo a menos de una sexta parte: el 0,75 %. Eso termina en el desfinanciamiento de los programas educativos, de la infraestructura escolar, etc. “Es un retiro de Estado nacional en la participación de la política educativa pública”, mencionó.

Allende y la reforma previsional

La posibilidad de extender cinco años la carrera docente para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones es un tema que genera dolores de cabeza en el sindicato. Hoy las docentes mujeres se jubilan a los 52 años y los varones a los 54. Pero el gobierno tiene pensado llevar la cantidad de años de aporte de 25 a 30, modifica de hecho la edad jubilatoria ya que se debe tener en cuenta la edad en que la que comienzan a trabajar frente al aula.

“Acá aparece Allende de manera desinformada para confundir a la opinión pública. Dentro del universo de empleados públicos, nos señala a nosotros como una especie de sector beneficiado cuando, en realidad, aportamos mas que los empleados públicos”.

Antivero dijo que, de manera privada, Allende se manifestó en favor de la reforma el miércoles 4 de marzo cuando los gremios fueron convocados para escuchar la propuesta del gobierno, Pero luego reiteró su postura en forma publica ante los medios de comunicación. “No coincidimos para nada”.

Por ello, dijo que el problema no es el sindicato UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) sino quien lo conduce en la provincia, José Allende, que termina siendo una especie de vocero o funcionario del gobierno provincial diciendo lo que la administración de Frigerio evita señalar públicamente. “Sale a decir de manera cruda lo que el gobierno, de manera más modosita o diplomática lo dice. Nosotros repudiamos y rechazamos la intencionalidad de las declaraciones de Allende”.

Plan de acción

Antivero mencionó que marzo comenzó un paro nacional, el 2, donde expresaron el rechazo al proyecto de reforma educativa del gobierno nacional libertario, al que calificó de “mamarracho educativo, social y político”. El acatamiento fue masivo en la provincia El martes 3 también hubo un paro de 24 horas aunque la adhesión disminuyó un poco.

Pero tienen previsto seguir. “Tenemos previsto un plan de acción para todo marzo y mas allá. Algunas actividades todavía no las podemos difundir. El gobierno, en el decreto N° 500, dice que por 90 días no nos va a convocar a discutir salarios, nosotros igual vamos a hacer fuerzas para que eso suceda”, mencionó. Antivero dijo que tenían previsto un plan de acción en lo que queda de marzo y todo abril.

Más adelante, dijo tenían previsto presentarse en cada acto público donde esté el gobernador Rogelio Frigerio. De hecho, tiene previsto concurrir a la ciudad de Colón esta tarde. La seccional de de Agmer de esa ciudad, junto a organizaciones ambientales pero por otros motivos, organizaron una mateada para esperarlo en pos de entregarle un petitorio.

Viviendas para docentes

En la paritaria se hizo mención a la inclusión del sector docente a créditos hipotecarios que administra el IAPV en la provincia. Antivero recordó que el ultimo fue gestado en 2018, durante la gobernación de Gustavo Bordet. Pero hay que aclarar que fue un ofrecimiento para terminar 82 casas que habían sido gestionadas en el año 2012 por su antecesor, Sergio Urribarri. Se trataba de 1.000 viviendas correspondientes al Programa Nacional “Techo Digno”. Por ende, hace 14 años que no se ejecuta un plan para docentes.

Antivero dijo que la propuesta actual establece como condición que los docentes tenga un terreno propio por lo que quedan muchos al margen. “Tampoco tiene un sentido social. Las últimas viviendas que se entregaron se manejan de acuerdo al criterio UVI (Unidad de Vivienda). Los docentes están pagando hoy $ 150.000 por ese sistema. Sigue afectando el bolsillo de los docentes. Aunque estamos hablando de vivienda propia, termina condicionando la solvencia de la economía familiar de los docentes”, sostuvo.

“No es solo vocación”

“El gobierno habla de baja de recaudación impositiva, de baja de ingresos, pero sigue apoyando la política económica del gobierno nacional. Es una contradicción. Y condiciona a todos los empleados públicos, incluyéndonos a nosotros. Y genera una contradicción el gobierno cuando habla de calidad educativa”, indicó.

Desde el gremio remarcaron que la calidad no se juzga solamente por tomar la iniciativa en algunos programas educativos sino también en tener a los docentes “bien pagos” para desarrollar sus trabajos didácticos y no pensando en cómo llegar a fin de mes. “Hay que repetir 1.000 veces para que la gente entienda que no es solo vocación. Somos trabajadores de la educación y los trabajadores exigen que se les remunere por el trabajo que realizan”, dijo. En otras palabras: “no tenemos vergüenza de decir que queremos cobrar más”.