En el marco de la causa conocida mediáticamente como "Coimas", el juez Juan Malvasio condenó a Guillermo Smaldone, ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri e hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública Y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). De este modo, lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó la irrisoria multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.

En una audiencia realizada este lunes en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, un chofer y un administrativo del Ministerio de Salud de Entre Ríos asumieron haber cometido una estafa contra la administración pública por más de 2,5 millones de pesos, mediante la presentación de tickets de combustible falsos entre enero y septiembre de 2023. A través de un juicio abreviado, aceptaron una condena de dos años de prisión condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Rafael Cotorruelo resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 27 de junio a las 11, cuando se espera que homologue el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas.

Sandro Jacinto Gazalí, ex sub jefe de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, fue acusado de utilizar un móvil policial asignado por Resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) a la dependencia, para viajar desde La Paz hasta Mar del Plata y regresar, mientras se encontraba de licencia ordinaria. Fue detenido en febrero del 2019 en el Puesto Caminero Túnel en Paraná, en poder del auto oficial que sustrajo del uso exclusivo policial, para su provecho personal.

Se llevó a cabo este jueves en los Tribunales de Concordia, la audiencia de prisión preventiva contra el médico Daniel Ojeda y las enfermeras Alba Zárate y Romina Duraez, por el homicidio de la paciente uruguaya, Iris Amaro, ocurrida en el 2019 mientras le practicaba una intervención estética en una clínica no habilitada. A su vez, el cirujano enfrentaba otras siete imputaciones por mala praxis. Por todo ello, el fiscal Martín Núñez confirmó en DIARIOJUNIO que las partes acordaron en juicio abreviado una pena de 8 años de prisión efectiva y 16 de inhabilitación para Ojeda, mientras que las enfermeras recibieron 3 años de pena condicional y 6 de inhabilitación.

A más de 5 años del homicidio por mala praxis de Iris Amaro (45) en el marco de una cirugía estética practicada en la clínica clandestina del cirujano Daniel Ojeda, más otros cincos cargos que se le imputan por daños gravísimos a otras pacientes, el fiscal que investiga el caso, Martín Nuñez, adelantó esta mañana en DIARIOJUNIO que la causa se encamina para un posible juicio abreviado, por el que pedirá 8 años de prisión efectiva y 16 de inhabilitación para ejercer la medicina. Así mismo, recordó que tras la sentencia en Concordia, el acusado tendrá que viajar a la provincia de BsAs para que la justicia de allá lo juzgue por el homicidio de otra paciente de 42 años ocurrido en junio del 2022, mientras le realizaba una liposucción en un departamento de Villa General Mitre. “A los años de prisión que le den en BsAs se le sumarán los de Concordia”, afirmó Nuñez, y confirmó que el médico se encuentra detenido con prisión preventiva en la UP3 local, desde hace más de un año y medio. “8 años puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que Ojeda tiene casi 60 y no es lo mismo esa pena en esa edad, más lo que le den en Bs as, que a los 20”