En medio de un proceso acelerado de ajuste y privatización, el Gobierno nacional avanza con cambios estructurales en el INTA, una institución clave para el desarrollo científico y productivo del país. Con más de 116.000 hectáreas distribuidas en centros y estaciones experimentales en todo el territorio, y con casi 7.000 trabajadores, el organismo se encuentra en la mira de las políticas de desguace impulsadas por los sectores financieros cercanos al oficialismo. La posible pérdida de este patrimonio público amenaza décadas de investigación, innovación tecnológica y soberanía agropecuaria.

El retiro del JP Morgan del circuito financiero argentino encendió una señal de alerta sobre la sostenibilidad del plan económico libertario. En un informe interno, el principal banco de inversión del mundo recomendó desprenderse de bonos en pesos y activos locales, acelerando la fuga de divisas y dejando en evidencia el agotamiento del modelo de bicicleta financiera impulsado por el gobierno. La decisión anticipa una nueva etapa de ajuste, mientras crece el malestar social y se acerca el vencimiento de las facultades delegadas al Ejecutivo.

El modelo económico de Javier Milei muestra signos de agotamiento mientras el gobierno intenta sostener artificialmente el valor del dólar a fuerza de tasas de interés exorbitantes. La fuga de divisas y la concentración de la base monetaria en manos de especuladores generan un cóctel explosivo que, tarde o temprano, desembocará en una nueva crisis de devaluación e inflación. Con un Banco Central cada vez más debilitado y la esperanza de un rescate del FMI que no se concreta, el programa libertario enfrenta su prueba de fuego antes de las elecciones legislativas de octubre. Mientras Milei apuesta a fortalecer su presencia parlamentaria para consolidar el desguace del Estado, la oposición sigue fragmentada y sin reacción. En el horizonte, lo único seguro es que el ajuste continuará golpeando con mayor dureza a los sectores populares.

Continuando con la síntesis de los acontecimientos de la noche más oscura de nuestra Historia, podemos decir que la administración del presidente de EE. UU. Gerald Ford ofreció su silencioso pero consistente apoyo a las acciones que culminaron con el golpe de 1976. En parte, dicho apoyo reflejaba la convicción de que la resolución del rumbo económico de Argentina más conveniente para los EE. UU. no podía quedar en manos de un gobierno civil. La conducción de la Embajada de los EE. UU. representaba la tendencia anticomunista y de Libre Mercado que había caracterizado a las políticas de Richard Nixon en relación con América Latina y reportó el Golpe de Estado como "el mejor ejecutado y civilizado de la historia argentina".

En la primera parte de esta nota, explicábamos cómo, quiénes y por qué construyeron una serie de proyectos de leyes para desmembrar toda la arquitectura económica jurídica del funcionamiento del Estado Nación que representa a la Argentina. Más allá de todo el avasallamiento de las normas que regulan la economía y la política de nuestro país, está el inconfesado propósito de promover el ingreso de dólares a como sea, para dolarizar las ganancias monopólicas generadas. Con este objetivo, el gobierno buscó un ajuste externo de shock, a través de una mega devaluación brutal para frenar las importaciones y aumentar los saldos exportables futuros en busca de un superávit de la balanza comercial acelerado. Consciente de que ello incluye derrumbar los ingresos reales de los sectores medios y bajos a través de un fogonazo inflacionario para contraer de manera abrupta la demanda interna (tanto privada como pública). Esta es una condición necesaria para el objetivo de superávit externo.