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Concordia
sábado 5 de octubre de 2024
Nota escrita por: Ricardo Monetta
lunes 18 de marzo de 2024
lunes 18 de marzo de 2024

La Historia después del Horror (Parte Dos: Oligarquía, La Patria Financiera y La Patria Contratista)

Continuando con la síntesis de los acontecimientos de la noche más oscura de nuestra Historia, podemos decir que la administración del presidente de EE. UU. Gerald Ford ofreció su silencioso pero consistente apoyo a las acciones que culminaron con el golpe de 1976. En parte, dicho apoyo reflejaba la convicción de que la resolución del rumbo económico de Argentina más conveniente para los EE. UU. no podía quedar en manos de un gobierno civil. La conducción de la Embajada de los EE. UU. representaba la tendencia anticomunista y de Libre Mercado que había caracterizado a las políticas de Richard Nixon en relación con América Latina y reportó el Golpe de Estado como "el mejor ejecutado y civilizado de la historia argentina".

En su evaluación de la situación, tanto los «intereses» de Argentina como los de los EE. UU. dependían del «éxito» moderado del General Videla. Henry Kissinger le había dado luz verde a Argentina dentro de las 48 horas siguientes al «golpe». Los EE. UU. reconocieron formalmente al nuevo Gobierno y el FMI le entregó un préstamo de US$ 127 millones de dólares. El 10 de junio de 1976, Kissinger y el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, César Augusto Guzzetti, mantuvieron una reunión por las acusaciones sobre las violaciones de los derechos humanos y le pidió al Ministro que el «trabajo» se hiciera rápido. El Ministro se comprometió con ese pedido y luego fue recibido por Nelson Rockefeller, vicepresidente de los EE. UU., para estudiar un plan de acción para las inversiones. Esa actividad fue impulsada por el Consejo de las Américas, fundada y presidida, ¡oh! casualidad, por David Rockefeller, que nuclea aún hoy a las principales empresas norteamericanas en América Latina.

Tras la victoria electoral de James Carter en 1977 se generó una nueva dinámica en el Departamento de Estado a partir de la instalación de la Oficina de Derechos Humanos al mando de Patricia Derian, junto con otros congresales que recibían las denuncias de la violación de esos derechos de sus pares de Argentina y de las organizaciones de exiliados que tuvieron un papel clave en la documentación y denuncia de esas violaciones. A consecuencia de esas denuncias se modificó la actitud del gobierno de EE. UU. a través de castigos económicos como la reducción de ayuda militar de US$ 48 a 15 millones de dólares y de la retención de más de US$ 1.000 millones de dólares de importaciones no militares.

El Proceso Militar inaugurado en abril de 1976 abrió un nuevo capítulo en la situación internacional de Argentina. La política exterior del gobierno militar se desarrolló en el plano de la «Diplomacia Económica», encabezada por el Ministro Alfredo Martínez de Hoz, y de la «diplomacia militar» impulsada por la Junta Militar en el marco del conflicto internacional Este-Oeste, inclusive a pesar de que Argentina renunció al desarrollo nuclear independiente, y la preservación de la venta de granos a la Unión Soviética, que se había convertido en el principal comprador de Argentina.

La diplomacia de Martínez de Hoz dio como fruto la recomposición de las relaciones del sector financiero estadounidense, a cambio de los beneficios de la nueva ingeniería de programas económicos nacionales y el crecimiento de la deuda externa. Recordemos al pasar que la ex-Presidente Isabel Perón había dejado una deuda externa de solo US$ 6.000 millones de dólares, y al fin de la Dictadura quedó un saldo deudor de US$ 42.000 millones de dólares, que nunca se pudieron justificar. La explícita voluntad de «subordinación» al orden económico internacional fue a su vez la prenda ofrecida a cambio de la «comprensión» y tolerancia de las políticas represivas en el ámbito interno.

La «diplomacia militar» inoculó al pueblo que se trataba de una guerra no convencional contra el comunismo internacional de la cual dependía la Libertad y la Democracia en Occidente. Para eso, obligaban al gobierno y al periodismo a que las acciones de la represión indiscriminada debían estar libres de «limitaciones morales» y legales, de tal manera de legitimar la tortura y desaparición de ciudadanos en todo el país, incluso en alianza con otros países del área a través del famoso Plan Cóndor.

Todo esto se tradujo en una manifestación de un poder absoluto de dos actores cuya alianza permitió la usurpación del Estado: estos dos actores fueron las Fuerzas Armadas y los poderes económicos vinculados a los intereses exportadores y financieros. En el marco de la aplicación de la nueva doctrina represiva, la Dictadura aplicó una inédita redistribución del ingreso contra los trabajadores, con una política de corte monetarista que interrumpió la industrialización para anular las condiciones estructurales que daban lugar a las alianzas sociales y permitían la emergencia de gobiernos populares. Se instaló la valorización financiera como núcleo central de la reestructuración de la economía. El capital extranjero industrial predominante se fracturó, mientras que algunas firmas transnacionales se alinearon con el nuevo bloque de poder y otras repatriaron sus capitales al exterior.

La fracción diversificada de la oligarquía pampeana ejerció la conducción del Estado, y para asegurar su economía ubicó a sus intelectuales orgánicos en los puestos clave de la economía. Se trató de una fracción del capital, integrado entre otros por grupos como Pérez Companc, Techint, Bridas, Acindar, Loma Negra, Clarín, Bemberg, Bunge y Born y nuestro archiconocido Grupo Macri, que cuando se instaló la dictadura, tenía apenas 4 empresas. Al final de la misma en 1983 ya había construido 46 empresas. ¡Qué lindo es hacer negocios con las dictaduras!

Desde el golpe de Estado en adelante, los trabajadores perdieron los derechos laborales más básicos y elementales que habían conquistado a través de duras luchas en las décadas anteriores. No solo eso, sino que se intervino la CGT, se suspendieron las negociaciones salariales, el derecho de huelga y toda medida de fuerza, se eliminó el fuero sindical, se autorizó a dar de baja a trabajadores estatales (¿cualquier coincidencia con la actualidad es pura coincidencia?). El redimensionamiento de la clase obrera se produjo en el marco de la desindustrialización y el consiguiente desplazamiento de la industria como el eje del proceso económico y de la expansión del capital oligopólico.

En el contexto de esta inédita redistribución del ingreso, la Dictadura puso en marcha la Reforma Financiera mediante la descentralización de los depósitos y la normativa sobre las entidades financieras: Ley 21.526 (!Puede creerse que esta Ley sigue vigente y ningún gobierno se animó a derogarla!) En el nuevo comportamiento de la economía argentina, tanto la deuda externa privada como la estatal cumplieron un papel decisivo. El capital oligopólico local (principalmente los grupos económicos, pero también el capital extranjero) contrajeron deuda en el exterior para luego con esos recursos realizar colocaciones en activos financieros en el mercado interno y de esa manera valorizarlos gracias al diferencial positivo entre la tasa de interés interna y la internacional, y finalmente fugarlos al exterior, o se la «bicicleta financiera». La deuda externa dejó de ser un instrumento para financiar la inversión productiva o el capital del trabajo y se transformó en un medio para obtener una renta financiera y luego fugarla al exterior. Lo mismo pasó con la deuda de 2018 del Macrismo que ha quedado impune por la corrupción de la Justicia.

La importancia del Estado en la etapa en que la oligarquía durante la dictadura ejerció la hegemonía fue decisiva y se expresó en tres aspectos fundamentales: Uno de ellos fue el endeudamiento estatal en el mercado financiero interno, que determinó que la tasa de interés en dicho mercado superara en forma sistemática el costo del endeudamiento en el mercado internacional. Otro factor fue el endeudamiento externo estatal, que abasteció de divisas para que el capital oligopólico pudiera concretar la fuga de capitales al exterior. Y el último factor fue la estatización de la deuda externa privada mediante los regímenes de seguros de cambio que se pusieron en marcha a partir de 1981. La conducción estratégica de la dictadura, el gabinete económico, impuso una reestructuración de las empresas estatales en función de los intereses de los grandes grupos económicos estatales. Esto se inspiró en el modus operandi instaurado por Krieger Vasena para la obra pública durante la dictadura de Onganía, que originó la famosa «patria contratista» de la que se sirvieron.

La empresa YPF, la de mayor facturación del país en esos años, constituye un caso emblemático ya que se entregó 21 áreas de explotación entre 1977 y 1980, por cuyo petróleo se pagó un precio a los contratistas que fue exorbitante, que superó largamente los costos originales. Esas áreas pasaron a ser trabajadas por diversos grupos económicos locales, mientras que la participación de compañías extranjeras hizo viable esa estrategia dentro de los sectores dominantes. Entre los principales beneficiados se encontraban Pérez Companc, Bridas, Astra, Soldati y el Grupo Macri (SOCMA), ¿les suena?

Continuará