El fin de semana pasado se dio difusión en diferentes medios sobre el fallecimiento de un adolescente de 14 años en la localidad de Jacinto Aráuz, provincia de La Pampa. Su muerte fue a raíz de haber sido baleado de forma accidental mientras realizaba una cacería junto a un amigo.

El Gobierno de Entre Ríos incluyó la caza deportiva dentro de las actividades favorecidas por el RINI, otorgando exenciones de hasta el 100 % en impuestos provinciales y beneficios energéticos. La medida llega mientras enfrenta una demanda judicial por autorizar la caza de anímales autóctonos y aves silvestres.

La Corte entrerriana aceptó tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones ambientalistas contra el Gobierno de Rogelio Frigerio, que en mayo autorizó la caza de cinco especies de aves autóctonas. La decisión, fuertemente repudiada por ambientalistas de todo el país, también es cuestionada por permitir el uso de armas de fuego a menores. Se denuncia que la medida viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales clave como Escazú, Bonn y el Convenio de Diversidad Biológica.

El Gobierno de Entre Ríos habilitó la temporada de caza menor 2025 mediante una resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la ciudadanía. La polémica medida fue anunciada el 10 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de las Aves, lo que intensificó las críticas de ciudadanos y ambientalistas que ya habían advertido esta situación.

El 30 de abril ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo que informe si realizó estudios poblacionales de la fauna autóctona y exótica para establecer la apertura de la temporada de caza menor. También se requirió informes sobre el expediente administrativo correspondiente; las acciones que se viene implementando en fiscalización, si hubo modificaciones en la estructura para la realización las tareas y los criterios de acceso a información ambiental.

Tres organizaciones socio ambientales –Ceydas, Mundo Aparte y Capibara– presentaron una demanda en los tribunales de Rosario en donde se “exige la prohibición inmediata de la caza de patos en la Provincia de Santa Fe hasta que no se realicen los estudios de las poblaciones de las especies que el Gobierno de Maximiliano Pullaro permite matar y otros sobre la contaminación por plomo de las municiones que se usan”, se indicó en un comunicado oficial. En diálogo con ERA Verde, el referente del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, Gabriel Bonomi se refirió a los episodios escandalosos de cazadores norteamericanos que el año pasado fueron noticia al ser descubierto realizando matanzas ilegales de patos. También apuntó que “los funcionarios autorizan la caza sabiendo de antemano que no tienen la capacidad para autorizarlos”.

Se llevó a cabo este viernes en el Club Pesca y Remo de Rosario del Tala, la audiencia pública convocada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia, a cargo de Marcelo Sapetti, para abordar temas vinculados a las temporadas de caza y pesca. Tras el encuentro, organizaciones ambientalistas criticaron la falta de invitación sus referentes y calificaron de “insensata e irresponsable” la intención del Gobierno de autorizar la caza de aves autóctonas.

La misiva lleva los logos de 68 entidades que trabajan por la conservación de la fauna y el ambiente, y se fundamenta en fallos judiciales que declararon "inconstitucionales" las resoluciones que habilitaban la caza en la provincia durante 2022 y 2023. Las mismas, recuerdan, violaban acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, la Convención Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro. "Solicitamos que no se incluya ninguna especie de animal autóctono en la próxima temporada de caza en Entre Ríos", señala el documento al que tuvo acceso este medio. Allí mismo, las ONG hacen hincapié en la escasa o nula información científica disponible sobre las poblaciones de estas especies y critican duramente la falta de estudios sobre los efectos del plomo de las municiones en el ambiente y la salud humana. Polémica por una audiencia pública convocada por el Gobierno este viernes El Gobierno entrerriano convocó a una audiencia pública para este viernes 26 de abril, a las 15 horas, en el Club Pesca y Remo de Rosario del Tala, en la disertarán el Prof. José Osinalde y los biólogos Jaime Bernardos y Fabricio Reales.  Según los manifestantes, la convocatoria realizada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización que dirige Marcelo Sapetti, apunta a discutir las temporadas de caza y pesca, y no incluye a ningún referente de ONG. Por ello, aseguran que está la posibilidad de que se autorice la caza de aves autóctonas como Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Capuchino, Sirirí Colorado y Pato Cutirí. “Tenemos datos que van a autorizar la caza nuevamente de aves autóctonas, con el mismo grado de ilegalidad que el año pasado. Es decir, sin cumplir con las instancias de participación ciudadana que son exigidas por ley, por el Acuerdo de Escazú, y sin realizar estudios (poblacionales…

Tras la aprobación en Entre Ríos del proyecto que declara plagas a Ciervo Axis y Jabalí, organizaciones socioambientales criticaron duramente la medida. Gabriel Bonomi, referente de la ONG CEYDAS, sostuvo al respecto que “el proyecto es rústico, muy poco trabajado y sin ninguna base científica”, y remarcó que "la posible instalación de cotos de caza es ahora, el mayor peligro".

La información fue solicitada meses atrás por la ONG ambientalista CEYDAS, mediante una carta formal que pedía detalles sobre los animales que se matan, los cotos y los cazadores, pero aseguran que hasta el momento el Gobierno de Rogelio Frigerio no se ha pronunciado sobre el tema ni respondido la misiva. En ese sentido, registró DIARIOJUNO, denuncian: "este ocultamiento de información –la cual debería ser de carácter público– genera sospechas de irregularidades y potencial connivencia entre el Gobierno y las empresas de turismo de caza".