Durante los años más crudos del terrorismo de Estado, el proyecto binacional de Salto Grande no estuvo al margen de la represión. Delegados sindicales, técnicos y obreros fueron vigilados, perseguidos y expulsados bajo un sistema coordinado entre las dictaduras de Argentina y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Una investigación judicial en curso de la fiscal federal Josefina Minatta, que podría tener un impactante correlato judicial con decenas de imputaciones y la apertura de nuevos juicios por crímenes de Lesa Humanidad, revela cómo operó este engranaje del horror en la principal obra energética de la región.

La fiscal federal Josefina Minatta, con sede en Concepción del Uruguay y competencia sobre Colón, inició de oficio una investigación preliminar ante la posibilidad de que se instale una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la costa del río Uruguay, frente a la localidad entrerriana. Aunque el proyecto aún no ha sido presentado formalmente ante los organismos de control del país vecino, la fiscal decidió actuar preventivamente, ante la falta de información oficial del lado argentino. Según explicó, tanto la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos como la de Nación admitieron no tener registros sobre la iniciativa. Las declaraciones de Minatta se conocen luego de que DIARIOJUNIO informara que un periodista y colaborador de este medio, Mario Bermúdez, le aportó documentación relevante en el marco de esta investigación.

Mario Bermúdez, colaborador de DIARIOJUNIO, brindó un extenso testimonio ante la fiscal Josefina Minatta en el marco de la investigación por el proyecto industrial de HIF Global sobre el Río Uruguay. Entre los documentos presentados, figuran datos sobre el uso intensivo del agua del río, la verdadera composición societaria de la empresa, y el posible impacto sobre el Acuífero Guaraní.

Gastón Tallone desapareció el 8 de julio en medio de una disputa con una banda narco y un conflicto personal con un abogado que se hizo viral en pandemia. Su familia pagó US$65.000, pero no lo entregaron y la mitad de los sospechosos están detenidos.

En diálogo con DIARIOJUNIO, la Dra. Ana María Bugliari, defensora del piloto aeronáutico concordiense, Francisco Emanuel Fogel, quien fue extraditado al Uruguay el año pasado, brindó importantes detalles sobre la situación legal de su cliente y la investigación en curso. Bugliari enfatizó que, aunque Fogel está formalizado en la justicia uruguaya, no ha sido procesado ni juzgado aún y apuntó que la investigación tiene desprolijidades, es tendenciosa, que la aeronave secuestrada en un Hangar de General Campos, departamento Concordia, no es la misma avistada descargando drogas en el Uruguay, y que la fiscal Minatta permitió que las aeronaves capturadas, evidencias fundamentales a su criterio ya no existen como tales, porque fueron puestas a disposición y  reutilizadas por las fuerzas de seguridad entrerrianas cuando la causa aún está en proceso. Hay otros dos Concordienses procesados por la Justicia Federal Argentina como organizadores y/o financistas, los ciudadanos Silvio Marcogiusseppe y Nicolás Tedeschi.