Este miércoles por la mañana, en la sede de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, el periodista Mario Bermúdez —colaborador de este medio— prestó declaración testimonial ante la fiscal Josefina Minatta. La audiencia se desarrolló en el marco de la Investigación Preliminar de Oficio que la fiscal inició por el proyecto de la planta de combustibles sintéticos (e-fuels) que la empresa HIF Global planea instalar en la ciudad uruguaya de Paysandú, a orillas del Río Uruguay.

Durante dos horas, Bermúdez presentó y detalló información reunida en una investigación propia realizada en septiembre de 2024. Entre los elementos entregados figuran un informe de unas 40 páginas y 14 anexos documentales, que incluyen copias de contratos, estudios técnicos y acuerdos oficiales.

Uno de los documentos más relevantes aportados a la causa es el texto original del acuerdo firmado entre HIF Global y Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) —empresa subsidiaria de ANCAP—, en el que se establece la provisión de 15.000 toneladas de dióxido de carbono, insumo clave para producir metanol, a partir del cual se elaboran los e-combustibles. El proceso técnico de síntesis incluye el uso de hidrógeno y se lleva a cabo mediante un “reactor de lecho fluidizado”.

Un consumo de agua diario que genera alerta

Uno de los datos que más interés despertó en la Fiscalía está relacionado con el consumo estimado de agua del Río Uruguay. Según la propia documentación técnica de HIF Global, la empresa prevé producir 256 millones de litros anuales de combustibles sintéticos, lo que implicaría utilizar 8 millones de litros diarios de agua del río. Este volumen de agua será empleado en un electrolizador de 2GW, que permitirá separar el oxígeno del hidrógeno mediante hidrólisis.

El dato genera inquietud por su magnitud y por el potencial impacto ambiental que una extracción de tal volumen podría implicar para un curso de agua internacional como el Río Uruguay, regulado por acuerdos binacionales entre Argentina y Uruguay.

Composición societaria: detrás del velo

Otro de los aportes significativos de Bermúdez fue el detalle de la composición accionaria de HIF Global, con la que desmintió versiones de la prensa uruguaya que señalaban que se trataba de una empresa de capitales chilenos. Según el informe presentado:

• El 80 % de las acciones pertenece a Andes Mining, un holding compartido entre la empresa energética estatal francesa EDF y el fondo estadounidense EIG Energy.

• El 12,5 % pertenece a la automotriz Porsche.

• El 2 % se divide entre dos actores japoneses: la estatal JogMec y la petrolera Idemitsu, esta última operadora de la red más importante de estaciones de servicio en Japón.

• El resto del paquete accionario se completa con fondos de inversión privados: Barker-Hughes (Estados Unidos) y Gemstone, con sede en India.

El caso Belasay-Enertrag y el Acuífero Guaraní

Además del proyecto de HIF Global, Bermúdez incluyó en su declaración información sobre un emprendimiento relacionado: el llamado Proyecto Tambores, impulsado por la empresa Belasay S.A., controlada por la firma alemana Enertrag. Esta planta, ubicada en terrenos próximos a los de HIF Global, producirá metanol utilizando agua extraída del Acuífero Guaraní.

Según la documentación presentada, la propia empresa reconoce la captación subterránea del acuífero en su Estudio de Impacto Ambiental, presentado ante la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (DINACEA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente de Uruguay.

El Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, está protegido por un acuerdo firmado en 2010 entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, que establece la obligación de aplicar mecanismos de información y consulta previa entre los países, en caso de proyectos que puedan afectar sus recursos.

DINACEA, según consta en los anexos entregados, ha requerido a Belasay-Enertrag información complementaria que la empresa aún no ha proporcionado, especialmente sobre las perforaciones para uso industrial.

Próximas diligencias judiciales

La declaración de Bermúdez y la documentación entregada podrían derivar en nuevas acciones judiciales. Según fuentes judiciales, la fiscal Minatta evalúa realizar una serie de diligencias adicionales, dada la relevancia y el volumen de los datos recibidos.

Con esta presentación, el expediente adquiere una nueva dimensión: ya no se trata solo de un análisis técnico o ambiental, sino de una red compleja de actores económicos globales, uso de recursos naturales compartidos y posibles incumplimientos de acuerdos internacionales en materia ambiental y de soberanía hídrica.

Desde el Río Uruguay hasta el subsuelo del Acuífero Guaraní, el testimonio de este miércoles aporta elementos sustanciales para un debate que, todo indica, recién empieza.