Mario Arcusin, el abogado querellante que representa a la familia de las cuatro víctimas fatales que colisionaron con el automóvil que conducía el ex titular del Instituto Portuario de la Provincia, Juan Ruiz Orrico, sostuvo este mediodía que el acusado pidió perdón a los familiares en la apertura del juicio que se realizó esta mañana en los tribunales de La Histórica. Se trata de los jovenes Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, quienes fallecieron el 20 de junio de 2024 cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay. Arcusin sostuvo que Ruiz Orrico asumió su culpa, manifestó que entendía el dolor que tenían los familiares y que era consciente de que no hay forma de resarcir el daño que les produjo la pérdida de sus seres queridos. Pero, mientras hablaba, el letrado remarcó a DIARIOJUNIO que el ex funcionario no miraba a la cara de los familiares.

El miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”. Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. Ruiz Orrico es acusado de homicidio culposo agravado cuyas penas oscilan entre tres y seis años. Esta mañana, Mario Arcusin, abogado querellante que representa a la familia de las cuatro víctimas fatales, Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, quienes fallecieron el 20 de junio de 2024 cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay , luego de colisionar con el automóvil que conducía Ruiz Orrico, dijo que la expectativa es pedir la pena máxima, de seis años. Además, estimó que el fiscal Eduardo Santo solicitará un monto correspondiente al tercer tercio de la pena, entre cinco y seis años. Arcusin, además, dijo a DARIOJUNIO que no sabía no se qué elementos puede esgrimir la defensa para bajar las expectativas ya que, argumentó, quedó atrás la posibilidad de pedir un sobreseimiento desde el momento en que ofreció $ 150 millones para mitigar el daño moral. Una forma de aceptar la culpabilidad.

El expediente, iniciado en 2019 a partir de una denuncia del ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig, tiene hoy citados a declaración indagatoria al empresario belga Pieter Jan de Nul —propietario de la empresa Jan de Nul— y a ex integrantes argentinos de la CARU: Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon. La acusación sostiene que las licitaciones del dragado se habrían ejecutado con sobreprecios que generaron un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares. Pero la CARU es un organismo binacional y ninguna licitación, adjudicación, rescisión de convenios ni aprobación de pagos puede concretarse sin el acuerdo de ambas delegaciones, lo que abre el interrogante si la delegación uruguaya del período 2015–2019 también participó de las licitaciones hoy sospechadas. Por otro lado, un oficio judicial enviado en mayo de 2025 a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pone en duda las recientes declaraciones de la delegada uruguaya Cecilia Bottino, quien afirmó desconocer la causa.

Una denuncia técnica, documentada y presentada hace más de cinco años por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig es el eje de la causa judicial que volvió a activarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y que hoy tiene citados a declaración indagatoria al propietario de la empresa belga Jan de Nul, Pieter Jan de Nul, y a ex integrantes argentinos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) por un presunto desfalco superior a los 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay. Los dirigentes -que integraron el organismo binacional durante el gobierno de Mauricio Macri- actualmente ocupan cargos de relevancia en el gobierno provincial: Mauro Héctor Vazzon como presidente del Consejo de la Magistratura y Jorge Diego Satto como secretario de Turismo, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio, y Juan Enrique Ruiz Orrico ex diputado provincial electo por el oficialismo en 2023 y ex presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) hasta junio de 2024, momento en el que fue desplazado por el gobernador tras protagonizar un escandaloso siniestro vial en el que murieron cuatro personas. La causa incorporó como prueba un audio en el que Ruiz Orrico reconoció públicamente la cartelización de empresas dragadoras y calificó como “caro” un precio de 5 dólares por metro cúbico, pese a lo cual la CARU terminó aprobando una licitación a 6,25 dólares, sin que se efectuara denuncia judicial ni sanción administrativa alguna. 

La causa judicial por el presunto sobreprecio de más de 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay volvió a activarse y pone nuevamente en el centro de la escena a directivos de la empresa Jan de Nul y a exfuncionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se trata de Juan Enrique Ruiz Orrico, el diputado imputado por la muerte de 4 personas en un accidente vial, y Mauro Vazzon y Jorge Satto, quienes hoy ocupan cargos de máxima relevancia institucional en la provincia. Todos estuvieron en la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, gobierno de Mauricio Macri.

Una masiva movilización en Plaza Ramírez en Concepción del Uruguay acompañó ayer a las familias de Lucas y Brian Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, los cuatro jóvenes trabajadores de la ciudad de Basavilbaso que murieron en la ruta 39 el 20 de junio de 2024 atropellados por Juan Ruiz Orrico, el ex director del Instituto Portuario Provincial. La causa fue elevada a juicio y tiene como carátula “homicidio culposo”, delito que contempla una pena de tres a seis años de prisión, pero las familias reclaman que se recaratule a “homicidio con dolo eventual”, que eleva esa expectativa a entre ocho y 25 años. Tras las excusaciones de los cuatro integrantes del Tribunal de Concepción del Uruguay, la causa cayó en Gualeguay, donde designaron al juez Darío Crespo como único juez. Aún no hay fecha para un debate que será extenso. “Ahora lo que queda es una cuestión de agenda tanto de Crespo como de (Concepción del) Uruguay. Tenemos que buscar fechas en las que Crespo pueda estar y Uruguay tenga lugar físico para hacerlo”, expresó Arcusin a DIARIOJUNIO esta mañana.

El juez de Garantías de Concepción del Uruguay remitió a juicio este viernes la causa en la que se investiga la responsabilidad al ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, por la muerte de cuatro personas en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en jurisdicción del departamento Uruguay. Mario Arcusin, el abogado querellante que representa a las familias de las cuatro víctimas fatales, apelará la figura empleada por el fiscal, Eduardo Santo, de homicidio culposo agravado. Arcusín demanda que la carátula sea la de homicidio simple con dolo eventual. Y remarcó que los familiares de las cuatro víctimas están muy disconformes con la pena máxima que podría recibir Ruiz Orrico en base a la figura empleada: seis años. “Para la querella, esto no fue un accidente”, dijo a DIARIOJUNIO esta mañana.

Esta mañana, Mario Arcusin, abogado querellante de las familias de las cuatro víctimas fatales del choque en el que se vio involucrado el ex titular del Instituto Portuario de la Provincia, Juan Ruiz Orrico, indicó a DIARIOJUNIO que el fiscal que interviene en la causa ya tiene listo el pedido de elevación a juicio oral para el acusado por homicidio culposo agravado. Ese tramite no se puede realizar en enero debido a la feria judicial. Por ello, se completará el primer día habil de febrero. Luego el juez de Garantías tiene 10 días para tomar una decisión, dar aviso a las partes o corregir alguna cuestión que deje lugar a dudas. Una de ellas, Para Arcusin, es que la carátula debería ser la de homicidio simple con dolo eventual y no homicidio culposo agravado. Al mismo tiempo, el abogado destacó que la elevación a juicio se tramitó en "tiempo récord" para los parámetros habituales de la Justicia entrerriana.

El abogado querellante Mario Arcusin indicó esta mañana a DIARIOJUNIO que ya se conformó el tribunal que analizará el pedido que efectuó de revertir una resolución de primera instancia y disponer la prisión preventiva para Juan Ruíz Orrico, ex funcionario acusado por el choque fatal la madrugada del 20 de junio en el que murieron cuatro trabajadores. Los integrantes de la Cámara de Casación Penal serán los vocales Pablo Garrera Allende, Gernán Dri y Silvina Gallo. Por otra parte, el gobernador Rogelio Frigerio recibió ayer a familiares de los cuatro jóvenes de Basavilbaso fallecidos en el incidente vial.

El abogado querellante de las familias de los cuatro jóvenes, Leonardo Almada, Lucas Izaguirre, Brian Izaguirre y Axel Rossi, de Basavilbaso que fallecieron en un accidente de tránsito el 20 de junio pasado, Mario Arcusin, expresó esta mañana que anoche, la Plazoleta “San Martín” de esa ciudad se convirtió en el escenario de una concentración convocada por familiares, amigos y vecinos en busca de justicia. "Hubo mucha gente pero para mí faltó gente", remarcó a DIARIOJUNIO. "Creo que hay sectores que no toman en cuenta que esto es de todo Basavilbaso, no de un sector social. Eso me molestó un poco. Tenia que haber habido mucho más. Hacía mucho frio pero mas frío tienen los cuatro chicos enterrados en el Cementerio de Basavilbaso", dijo Arcusin. A su vez, sostuvo que en la causa "hay un montón de rarezas que como abogado con 38 años de carrera nunca las ví". El único sobreviviente del accidente es Juan Ruiz Orrico, ex presidente del Instituto Portuario, quien se dirigía en sentido contrario en un VW Passat oficial de la provincia