Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo (66), el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa (57). Llegan al juicio acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los exjefes navales no garantizaron el adecuado mantenimiento ni el correcto alistamiento del submarino, lo que permitió que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados para la tripulación. Según el requerimiento de elevación a juicio, el submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia en condiciones técnico-operativas deficientes. Desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la nave había presentado numerosos desperfectos técnicos documentados por distintos comandantes. Entre otras irregularidades, la fiscalía remarcó que el ARA San Juan había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco, donde debía realizarse el mantenimiento planificado. La falta de esas tareas, junto con equipos y sistemas degradados o fuera de servicio, aumentaba significativamente los riesgos de la navegación submarina. Durante 2017, el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado a sus superiores sobre estos problemas técnicos e incluso solicitó el ingreso urgente a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas durante una navegación realizada en julio de ese año. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el 11 de noviembre de 2017 el submarino partió desde la Base Naval Ushuaia hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur. Tres días después, el 14 de noviembre por la noche, ingresó…
La Justicia ordenó al gobierno provincial restituir los haberes retenidos a José María Lima, que habían sido suspendidos sin notificación previa. El ex “comandante Chelo” dejó de cobrar su sueldo en septiembre, cuando el Ejecutivo interrumpió el pago sin comunicarle ninguna medida formal. Tras el reclamo del trabajador, el gobierno inició un sumario administrativo en octubre, lo puso al tanto y publicó el decreto recién el 9 de noviembre. Ante esa secuencia de hechos, la Justicia intervino, frenó la quita salarial y dispuso el pago de los sueldos retenidos. Si bien se trata de una decisión provisoria y no se expide sobre la validez del sumario, el fallo constituye un revés judicial para la gestión de Rogelio Frigerio y marca un límite al uso de sanciones que impactan directamente sobre el salario de los trabajadores.
Más que una ficción, "Cautiva" rescata un hecho que conmovió a la opinión pública y expuso la cara más oscura del poder religioso ejercido puertas adentro: los abusos en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, donde la priora Luisa Ester Toledo sometió durante años a las monjas a castigos físicos, encierros prolongados, ayunos extremos y el uso obligatorio de cilicios. El caso no sólo terminó con la condena a prisión efectiva de Toledo, sino que también abrió un debate profundo sobre obediencia, encierro y abusos en instituciones religiosas.
Inicia este martes en Concordia un nuevo juicio por jurados, en el marco de la causa por el homicidio de Gisela Ríos, la joven de 30 años que fue baleada en la cabeza el 26 de febrero de 2017 mientras esperaba el colectivo en calle Illia. Tras permanecer internada en el hospital Masvernat, Ríos falleció el jueves de esa misma semana a las 2 de la madrugada. Por el hecho fueron detenidas dos personas: Enzo Bonasolla, quien reconoció su responsabilidad en el ataque y fue condenado en un juicio abreviado, y Rubén Darío Escobar, quien afrontará el debate que comienza hoy.
La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca restringir la utilización de juicios abreviados en causas vinculadas a delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. "La sociedad debe conocer en detalle la verdad de estas causas, lo que se ve limitado cuando se aplica un abreviado”, subrayó.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otros siete hombres de su confianza, enfrentarán desde este martes un juicio histórico en el Supremo Tribunal Federal por su rol en la trama golpista que desembocó en el asalto a las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Según la acusación, tuvieron como objetivo quebrar el Estado Democrático de Derecho en Brasil.
La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió extender la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF. De esta manera, queda en suspenso el fallo de la jueza Loreta Preska, que había determinado que Argentina debía entregar su paquete accionario al fondo buitre Burford Capital.
En el marco de la causa conocida mediáticamente como "Coimas", el juez Juan Malvasio condenó a Guillermo Smaldone, ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri e hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública Y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). De este modo, lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó la irrisoria multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.
La Corte entrerriana aceptó tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones ambientalistas contra el Gobierno de Rogelio Frigerio, que en mayo autorizó la caza de cinco especies de aves autóctonas. La decisión, fuertemente repudiada por ambientalistas de todo el país, también es cuestionada por permitir el uso de armas de fuego a menores. Se denuncia que la medida viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales clave como Escazú, Bonn y el Convenio de Diversidad Biológica.
En una audiencia realizada este lunes en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, un chofer y un administrativo del Ministerio de Salud de Entre Ríos asumieron haber cometido una estafa contra la administración pública por más de 2,5 millones de pesos, mediante la presentación de tickets de combustible falsos entre enero y septiembre de 2023. A través de un juicio abreviado, aceptaron una condena de dos años de prisión condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Rafael Cotorruelo resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 27 de junio a las 11, cuando se espera que homologue el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas.