Inicia este martes en Concordia un nuevo juicio por jurados, en el marco de la causa por el homicidio de Gisela Ríos, la joven de 30 años que fue baleada en la cabeza el 26 de febrero de 2017 mientras esperaba el colectivo en calle Illia. Tras permanecer internada en el hospital Masvernat, Ríos falleció el jueves de esa misma semana a las 2 de la madrugada. Por el hecho fueron detenidas dos personas: Enzo Bonasolla, quien reconoció su responsabilidad en el ataque y fue condenado en un juicio abreviado, y Rubén Darío Escobar, quien afrontará el debate que comienza hoy.

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca restringir la utilización de juicios abreviados en causas vinculadas a delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. "La sociedad debe conocer en detalle la verdad de estas causas, lo que se ve limitado cuando se aplica un abreviado”, subrayó.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otros siete hombres de su confianza, enfrentarán desde este martes un juicio histórico en el Supremo Tribunal Federal por su rol en la trama golpista que desembocó en el asalto a las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Según la acusación, tuvieron como objetivo quebrar el Estado Democrático de Derecho en Brasil.

La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió extender la suspensión de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF. De esta manera, queda en suspenso el fallo de la jueza Loreta Preska, que había determinado que Argentina debía entregar su paquete accionario al fondo buitre Burford Capital.

En el marco de la causa conocida mediáticamente como "Coimas", el juez Juan Malvasio condenó a Guillermo Smaldone, ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri e hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública Y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). De este modo, lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó la irrisoria multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.

La Corte entrerriana aceptó tramitar la demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones ambientalistas contra el Gobierno de Rogelio Frigerio, que en mayo autorizó la caza de cinco especies de aves autóctonas. La decisión, fuertemente repudiada por ambientalistas de todo el país, también es cuestionada por permitir el uso de armas de fuego a menores. Se denuncia que la medida viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales clave como Escazú, Bonn y el Convenio de Diversidad Biológica.

En una audiencia realizada este lunes en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, un chofer y un administrativo del Ministerio de Salud de Entre Ríos asumieron haber cometido una estafa contra la administración pública por más de 2,5 millones de pesos, mediante la presentación de tickets de combustible falsos entre enero y septiembre de 2023. A través de un juicio abreviado, aceptaron una condena de dos años de prisión condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Rafael Cotorruelo resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 27 de junio a las 11, cuando se espera que homologue el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas.

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados manifestó su firme oposición al proyecto del Poder Ejecutivo que limita la competencia del jurado popular en Entre Ríos. A través de un comunicado al que tuvo acceso DIARIOJUNIO, denuncian un “serio retroceso institucional” y advierten que se intenta vaciar de contenido el derecho ciudadano a juzgar.

Sandro Jacinto Gazalí, ex sub jefe de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, fue acusado de utilizar un móvil policial asignado por Resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) a la dependencia, para viajar desde La Paz hasta Mar del Plata y regresar, mientras se encontraba de licencia ordinaria. Fue detenido en febrero del 2019 en el Puesto Caminero Túnel en Paraná, en poder del auto oficial que sustrajo del uso exclusivo policial, para su provecho personal.

Los hermanos Kiczka fueron condenados en misiones. Los jueces que investigan a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka los declararon culpables de los delitos de delitos de tenencia, facilitación y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y los condenaron a 14 y 12 años de prisión respectivamente.