Una jornada que había comenzado con un conflicto laboral abierto en el Puerto de Concepción del Uruguay terminó este lunes con un violento operativo de fuerzas de seguridad, detenciones y uso de balas de goma, en medio de una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial para frenar un paro portuario que ya tiene alcance nacional.

El fiscal Cristian Giunta dejó en offside a la Policía y al ministro Néstor Roncaglia al desestimar la investigación contra cinco militantes populares que habían sido detenidos por realizar pintadas contra la detención de la ex Presidenta. Dijo que no hubo denuncia y los hechos que se les pretendía atribuir carecen de relevancia penal.

Esta mañana, la diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria-Entre Ríos), en diálogo con DIARIOJUNIO. criticó el decreto 383/2025 que autoriza requisas personales y de vehículos sin orden de la Justicia. Lo definió como “casi un estado de sitio encubierto porque redobla la apuesta del protocolo antipiquetes; habilita el ciberpatrullaje y conspira contra los derechos políticos de las personas”. “Esto lo vimos en la provincia con el accionar del ministro-comisario de Frigerio” en referencia al Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. La diputada criticó la decisión de la Policía de Entre Ríos de esposar a jóvenes de entre 19 y 25 años por pintar un graffiti en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en Paraná. La contracara es la situación judicial del ex titular del Instituto de Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, quien “mató a cuatro personas por estar borracho en un vehículo oficial y, sin embargo, ese personaje, en lugar de estar en la cárcel, está en su casa, sin tobilleras sin nada”.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, por haber afirmado que algunos abogados ingresan teléfonos a las cárceles. Lo acusan de lanzar imputaciones sin pruebas, exigen una retractación pública y le recuerdan que, si tiene conocimiento de delitos, debe denunciarlos judicialmente.

Decenas de periodistas y comunicadores de toda la provincia firmaron una declaración pública en la que denuncian un grave ataque a la libertad de prensa por parte del Gobierno de Entre Ríos. La advertencia surge luego de que el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo del ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, difundiera en su página oficial los datos personales —nombre, apellido, domicilio y número de celular— del periodista Carlos Challiol, de San Salvador, en el marco de una publicación destinada a desmentir una nota del portal Noticias y Hechos.

La investigación por la agresión sufrida por Nilda Mabel Viollaz el pasado 18 de marzo en la ciudad de Colón ha avanzado con la imputación y citación a indagatoria del efectivo policial señalado como autor del hecho por el delito de lesiones graves y agravadas por el hecho de haber sido cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad en concurso ideal con abuso de autoridad. El abogado querellante Martín Jáuregui explicó esta mañana a DIARIOJUNIO que lo que le llama la atención es el accionar de las autoridades del gobierno que no han apartado al efectivo quien sigue prestando funciones. “Si no hacen lo que corresponde, que es apartarlo, es como que toman partido. La familia tiene miedo en Colón porque pasan los patrulleros: tienen miedo de represalias”. A su vez, pidió equidad de criterios ya que por otro hecho en Paraná, una agresión a un albañil que le produjo una lesión en una de sus rodillas, se apartó a tres funcionarios policiales. Jáuregui dijo que eso se debió a que fueron filmados pero se trató de un hecho “muy menor” frente a lo acontecido en Colon. “No veo que desde el gobierno se tome nota de esta situación”.

Los familiares y abogados de Enrique Fabiani, desaparecido desde hace casi dos meses, han presentado un escrito ante el fiscal encargado del caso para solicitar una serie de medidas urgentes y probatorias. En el documento, los abogados Rubén Pagliotto y Eduardo Vugner, en representación de Germán y María Inés Fabiani, Melisa Fabiani y Susana Boero, solicitaron el reemplazo de la Policía de Entre Ríos por la Gendarmería Nacional en la investigación. Alegan inconsistencias y contradicciones en las declaraciones y actuaciones policiales, y expresan fuertes sospechas de que algunos elementos de prueba, como un cartucho de escopeta encontrado, podrían haber sido plantados para desviar la investigación. También denuncian la poca o nula eficacia de los investigadores actuales, mencionando rastreos y búsquedas superficiales, y un aparente desinterés de los gobiernos provincial y nacional. Critican al Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, por su molestia ante las críticas y sospechas sobre el accionar policial. El escrito también reitera la petición al Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar Luciano García, para que el fiscal Mauro Quirolo se dedique exclusivamente a este caso debido a su gravedad y complejidad.

Con un gran operativo conjunto en el Puesto Caminero Cerrito se desarrollan tareas de prevención del delito y control policial. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, estuvo presente en el lugar y destacó la labor conjunta con Gendarmería Nacional. "Estamos haciendo un operativo de prevención de delito general. La idea es el control vehicular, enfocados en evitar la comisión de delitos como el contrabando y el transporte de estupefacientes, entre otros. Además, estamos ayudando a la Policía de Corrientes en la búsqueda del pequeño Loan (Peña) desde su desaparición", explicó el ministro.

La Departamental Uruguay de la Policía ha sido intervenida y su cúpula removida luego de que auditorías internas revelaran faltantes millonarios tanto en la División Logística como en el Círculo de Suboficiales. El ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Néstor Roncaglia, anunció la decisión, aunque no mencionó al ex jefe de esa departamental, el Comisario General Martín Gaillard, imputado por Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público en una causa de narcotráfico. Gaillard, ascendido durante el gobierno de Rogelio Frigerio, actualmente ocupa el cargo de director de Inteligencia Criminal.

Anoche, en el marco de 11 allanamientos realizados en diferentes barrios de la zona noroeste de Concordia, se detuvieron a 9 personas y se secuestraron 6,8 kg de marihuana. Además, requisaron más de 200 paquetes de cocaína, dinero, armas, balanzas de precisión, etc. Un centenar de efectivos se desplazaron para realizar los procedimientos. “Es un desafío que tenemos. Sabemos el daño colateral que producen las drogas y, en ese sentido, estamos trabajando. La Justicia nos está acompañando”, sostuvo esta mañana el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, en el salón de actos de la Jefatura de Policía, según pudo registrar DIARIOJUNIO.