La reciente aprobación por parte del Concejo Deliberante de una ordenanza que prohíbe la crianza y comercialización de mascotas en la ciudad generó un fuerte rechazo por parte de la Seccional Concordia del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Mediante un comunicado público, la institución expresó su “profunda disconformidad” con la medida, que consideran ineficaz, desproporcionada y jurídicamente cuestionable.

“No creemos que prohibir sea la palabra ni la acción adecuada para resolver el problema del maltrato animal que a diario se ve en nuestra ciudad”, señalan en el documento, y sostienen que “la solución no es cerrar criaderos responsables, sino erradicar el maltrato real, que muchas veces ocurre en la clandestinidad o por ausencia de control”.

Desde el Colegio remarcan que la nueva ordenanza municipal desconoce la función que muchas razas caninas cumplen en la sociedad. “Prohibir la crianza de determinadas razas —utilizadas en muchos casos por cariño o placer, pero también con fines humanitarios como los perros lazarillos, en tareas de utilidad pública como detección de drogas o rescate en catástrofes, o en el trabajo rural— implica convertir en ilícita una actividad que, bajo control profesional, es completamente legal y beneficiosa”, afirman.

Por ello, “no puede ser que una ordenanza municipal pretenda invalidar prácticas que no solo son lícitas, sino además reconocidas y reguladas por leyes nacionales”, remarcan, e insisten en que  “lo que se necesita es regulación con criterio, no una prohibición absoluta que afecta a personas que trabajan dignamente y con responsabilidad sanitaria”.

Una prohibición inconstitucional

Según el Colegio de Veterinarios, la ordenanza contradice numerosos artículos de la Constitución Nacional (como el 14, 16, 17, 28 y 31), el Código Civil y Comercial, varias leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Citan, por ejemplo, la Ley 14.346, que sanciona el maltrato animal, pero no prohíbe la cría ni la comercialización, siempre que no medie crueldad. También destacan el valor legal de los certificados genealógicos según la Ley 22.939, y el principio de libertad de comercio consagrado en el artículo 958 del Código Civil y Comercial.

Además, remarcan jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, como el caso “Municipalidad de la Capital c/ Elortondo” (1888), donde se declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que restringía el comercio lícito.

Regular, no prohibir

Para los veterinarios, el eje debería estar en la regulación responsable, no en la prohibición total. Proponen que la Municipalidad articule controles más estrictos en criaderos, y que se asegure el cumplimiento de las Cinco Libertades del Bienestar Animal, reconocidas internacionalmente: estar libres de hambre y sed; de incomodidad; de dolor, lesiones o enfermedades; de miedo y angustia; y poder expresar comportamientos naturales. “Se puede lograr tener criaderos no solo de calidad, sino también con todas las prevenciones de enfermedades actuales, garantizando una vida como las mascotas se merecen”, afirman.

Un debate que recién comienza

La ordenanza municipal fue aprobada días atrás por el Concejo Deliberante, en medio de reclamos de organizaciones proteccionistas que exigen frenar la explotación y abandono de animales domésticos. Sin embargo, para los profesionales veterinarios, el texto legal no distingue entre prácticas ilegales y aquellas realizadas con control y criterio sanitario, lo que podría dar pie a cuestionamientos judiciales por inconstitucionalidad.

Por último, el comunicado cierra con un llamado a repensar la norma: “La cría de mascotas es una actividad lícita que debe ser regulada, no eliminada. La supervisión veterinaria es clave para garantizar el bienestar animal y el cumplimiento de las leyes vigentes”.