Un análisis técnico–jurídico de los proyectos de pliegos oficiales advierte que, detrás del discurso oficial del “riesgo empresario sin aval del Estado”, se esconde un esquema que reduce la competencia real, garantiza márgenes de rentabilidad privados y debilita de manera significativa la capacidad de control público. El diseño contractual, señalan los especialistas, consolida certezas para los concesionarios y traslada los riesgos al conjunto de la economía.
El punto más sensible es el régimen tarifario. El pliego fija tarifas mínimas obligatorias para el peaje, una cláusula que impide que las empresas compitan ofreciendo precios más bajos. En la práctica, la eficiencia deja de beneficiar a los usuarios: el precio queda protegido desde el inicio y la competencia se vacía de contenido. El llamado “riesgo empresario”, lejos de recaer sobre el concesionario, se traslada a los usuarios de la vía navegable y, en última instancia, al propio Estado.
No se trata de un detalle técnico menor. El peaje del dragado impacta de manera directa en los costos de exportación, en la competitividad de las economías regionales y, finalmente, en el precio de los bienes que consume la población. Un esquema que limita la competencia desde el pliego consolida sobrecostos estructurales que terminan pagando los sectores productivos y la sociedad en su conjunto.
El informe también advierte sobre un problema institucional de fondo. Aunque el dragado fue declarado servicio público, el Gobierno avanza con una licitación tratándolo como si se tratara de una obra pública tradicional, sin una ley específica que establezca un marco regulatorio integral y sin un organismo de control con participación efectiva de las provincias ribereñas, tal como lo exige la Constitución Nacional. El resultado es un contrato que concentra poder en el concesionario y reduce drásticamente los márgenes de decisión del Estado durante décadas.
En ese marco, la discusión de fondo excede largamente la pregunta sobre qué empresa dragará el río. Lo que está en juego es bajo qué reglas se organizará una infraestructura clave para el desarrollo nacional. Un pliego que fija precios mínimos, limita la competencia y debilita el control público no garantiza eficiencia ni soberanía logística. Garantiza, en cambio, previsibilidad privada con costos públicos.
La advertencia que surge del análisis es clara: una vez firmado el contrato, corregir estos errores será difícil, costoso o directamente imposible. Por eso, lo que hoy se presenta como una licitación técnica aparece, en realidad, como una decisión política de alto impacto nacional, con consecuencias que se extenderán mucho más allá del plazo de un gobierno.