Petit sostuvo que el aumento de la violencia de género y también de la violencia laboral es un reflejo de la sociedad actual y cuestionó que, desde el inicio del actual período de gobierno, se hayan desfinanciado programas de escucha, concientización y acompañamiento a las víctimas.
“Lamentablemente un hecho como la muerte de Agostina en Córdoba pone el tema en la agenda mediática, aunque eso no resuelve el gran problema que tenemos con la pérdida de herramientas de prevención y asistencia”, sostuvo.
En ese contexto, comentó que atraviesa una semana significativa en su trabajo profesional tras obtener dos resoluciones favorables para víctimas de violencia laboral. Una de ellas corresponde a un caso de violencia en contexto de género dentro del ámbito municipal local y la otra a un trabajador de la administración provincial que denunció violencia ejercida por un superior.
Según explicó, ambas resoluciones reconocieron la existencia de la violencia denunciada, ordenaron el reintegro de las víctimas a sus funciones y dispusieron el pago de haberes retenidos. Sin embargo, lamentó no poder brindar mayores detalles debido a la confidencialidad impuesta en los expedientes.
“La confidencialidad se resuelve cuando el Estado y sus funcionarios son parte. Para mí es una medida equivocada porque cada uno debe hacerse responsable de sus actos”, afirmó.
De hecho, consideró que muchas veces las propias víctimas desean hacer públicos sus casos para que sirvan de ejemplo y ayuden a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Ellas no tienen problemas en contar su historia porque muestran cómo funciona la desviación de poder en determinados ámbitos, pero la Justicia termina protegiendo al gobierno municipal o provincial. Es algo que en algún momento habrá que discutir”, agregó.
Agostina Vega: «Lo que pasó en Córdoba despertó un poco todo lo que está dormido en materia de prevención y actuación»
Respecto al caso de Agostina, Petit sostuvo que la conmoción social debe transformarse en una reflexión más profunda sobre el debilitamiento de los sistemas de prevención.
“Lo que pasó en Córdoba despertó un poco todo lo que está dormido últimamente respecto de la pérdida de derechos que las mujeres hemos sabido conseguir a través de los años”, expresó.
Para la abogada, esos retrocesos están directamente vinculados con la eliminación o reducción de políticas públicas específicas y con el abandono de herramientas educativas fundamentales como la Educación Sexual Integral.
Asimismo, llamó a participar de las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país sin detenerse en las identidades políticas de quienes las organizan.
“La marcha es importante porque permite visibilizar un problema que sigue existiendo. No importa quién convoca o desde qué sector. Lo importante es concurrir y reflexionar sobre lo que nos mostró todo lo que pasó esta semana con el caso de Agostina”, señaló.
En tanto, consideró que el análisis del caso no debe limitarse a la investigación penal ni al tratamiento mediático, sino que debe incluir una evaluación crítica de la respuesta institucional. “Más allá del hecho concreto, del accionar de la Justicia y del tratamiento de la prensa, lo que nos tiene que dejar ver es que el sistema está debilitado”, afirmó.
Si bien destacó que Córdoba mantiene gran parte de sus políticas de asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres, advirtió que incluso allí existen aspectos que deben revisarse, especialmente los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.
“Los protocolos no están para buscar mujeres asesinadas. Están para prevenir el daño. Por eso tienen que activarse inmediatamente ante cualquier denuncia”, remarcó, e insistió: “Es fundamental actuar de inmediato. Y para eso existen estas políticas: para prevenir”.
Tras ello, la abogada resaltó también la importancia del control ciudadano y del trabajo de organizaciones sociales, colectivos de mujeres y ONG que continúan sosteniendo acciones de prevención y acompañamiento frente al retroceso de las políticas públicas.
A su vez, recordó que el caso de Agostina no constituye un episodio aislado. “Ese mismo fin de semana hubo mujeres asesinadas en Misiones, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país. El problema sigue existiendo”, indicó.
Para Petit, la violencia de género ha sido desplazada de la agenda gubernamental junto con otras políticas vinculadas a derechos sociales y derechos humanos. “Programas como Acompañar no eran programas que regalaban recursos. Eran herramientas de prevención y acompañamiento destinadas justamente a evitar que se llegara a situaciones extremas como esta”, sostuvo.
Ademas, la letrada recordó que actualmente una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina y advirtió que detrás de cada femicidio quedan hijos, familias y entornos enteros afectados por una tragedia que muchas veces no recibe ningún tipo de asistencia estatal.
“No hay presupuesto, no hay equipos suficientes y los únicos dispositivos que siguen funcionando son los judiciales, que además están completamente sobrepasados”, afirmó.
Finalmente, rechazó las discusiones centradas únicamente en lo que podría haberse hecho para evitar el crimen y pidió enfocar los esfuerzos en reconstruir las políticas de prevención.
“No sirve quedarnos pensando qué hubiera pasado si alguien actuaba antes o si una decisión judicial hubiera sido distinta. Lo que tenemos que hacer es volver a luchar para restaurar las políticas públicas de género y de prevención, porque lo que debemos evitar es que otras mujeres y otras chicas sufran lo mismo que sufrió Agostina”, concluyó.