«La constitución es un marco de acero para los ciudadanos y uno de goma para quienes nos gobiernan», señala el abogado Ricardo Luciano paso antes de explicar que “la Constitución es la ley suprema, la base sobre la cual se construye el orden jurídico de un país, y tiene supremacía sobre cualquier otra normativa, ya sea una resolución administrativa, ordenanza, decreto o ley. Ninguna constitución provincial puede contradecir o desconocer la Constitución Nacional”.

“La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, incorporó varios artículos que reflejan la Constitución Nacional, incluyendo el artículo 22, que replica el artículo 41 de la Constitución Nacional, estableciendo los Derechos Ambientales”, señala el abogado.

“Sin embargo, en esta ocasión quiero abordar el artículo 74 de la Constitución Provincial, que ha sido sistemáticamente incumplido por los gobiernos desde la reforma de 2008. El artículo 74 establece que el Estado debe crear un Banco de la Provincia con el propósito de contribuir al desarrollo de los sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado. Este banco debe operar bajo una política crediticia que fomente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con un enfoque en la justicia social. Además, se establece que el Estado será siempre el accionista mayoritario del banco, sin posibilidad de privatizar sus acciones”, detalla en el comunicado enviado a DIARIOJUNIO.

Luciano dice que “lamentablemente, los diferentes gobiernos provinciales han incumplido este mandato constitucional al celebrar contratos con entidades privadas y ceder clientes y fondos públicos, en contradicción directa con lo establecido en el artículo 74. Esto ha llevado a que cientos de miles de clientes tengan sus fondos en cuentas sin generar intereses, a pesar de que esos saldos están disponibles para el banco”.

“Para garantizar el cumplimiento de esta disposición constitucional, se ha iniciado una Acción de Ejecución en virtud del artículo 58 de la Constitución de Entre Ríos. Este es un llamado a nuestros funcionarios públicos para que respeten y cumplan con la Constitución Provincial y dejen de ceder recursos públicos en beneficio de intereses privados”, informa el letrado.

“Es fundamental recordar que la Constitución no es un simple documento, sino la base sobre la cual se construye el Estado de Derecho, y su cumplimiento es esencial para garantizar la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos”, concluye.