La Provincia de Entre Ríos manifestó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación su interés en mantener el juicio que promovió contra el Estado Nacional por los excedentes de Salto Grande. Así quedó expresado en un escrito presentado el viernes ante el máximo Tribunal, que le requirió a la Provincia de Entre Ríos que fije su posición, dado que el reclamo podía estar incorporado al sistema de compensación de créditos y deudas recíprocas entre Nación y Provincias establecido por decreto 969/24. El escrito lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

En medio de allanamientos y nuevas denuncias, en la tarde del viernes renunciaron los abogados Diego Spagnuolo, el hombre que está en el centro de la escena en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). No lograban, según los comentarios más repetidos en Comodoro Py, tener con él un diálogo fluido, lo notaban inestable, paranoico y desconfiado, imaginaba un complot, se creía rodeado de espías, de modo que dieron por perdida la confianza mutua. Habrá que ver quién asume la defensa, cuando hasta ahora lo que se conoce a ciencia cierta, mientras rige el secreto de sumario, son los audios que se atribuyen al exfuncionario donde describe la estructura de coimas en la compra de medicamentos con un papel clave de la droguería Suizo Argentina y con destino, según ese relato, en los bolsillos de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. A esto se agregó la confirmación del contenido de esas conversaciones por parte del consultor Fernando Cerimedo, ahora alejado del Gobierno, y que declaró ante el fiscal Picardi. Por lo pronto el hermano del extitular de Andis, el abogado Alberto Spagnuolo, apareció en su nombre en una reunión con los letrados salientes, lo que agregó un cortocircuito, pero tampoco es seguro que sea quien lo represente. En los últimos procedimientos ordenados por el juzgado, en una caja de seguridad le encontraron 80.000 dólares y 2.000 euros. Es dinero que no estaría declarado.

Más de 50 acusados ofrecerán plata para “extinguir la acción penal” en su contra, ofrecen montos que van desde 150.000 dólares a algo más de un millón. No hay otra forma de calificar a la audiencia de este viernes, en Comodoro Py, donde 50 o 60 empresarios ofrecerán plata para “extinguir la acción penal” en su contra en la causa conocida como Cuadernos. Figuran nombres muy conocidos, como el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; Enrique Pescarmona, Ado Roggio y otros 30 que, según argumentan, pusieron dinero para la campaña electoral, no coimas, o que se consideraron extorsionados por los funcionarios o que pagaron por orden de los dueños de su empresa. A cambio de esquivar el juicio y resultar absueltos, todos ellos ofrecen montos que están en línea con lo que les embargaron en su momento: cifras que van de 150.000 dólares a algo más de un millón de dólares.

Jésica Bravo de 26 años fue asesinada el martes por una adolescente de 14 en el barrio La Llamarada de Concordia, en el marco de una pelea vecinal. La víctima había realizado varias denuncias contra la agresora y su familia, pero sus allegados aseguran que la policía nunca  hizo nada y que la tragedia era evitable. Hoy exigen justicia y convocan a marchar a Tribunales este jueves 11 de septiembre, día que la víctima hubiera cumplido años, a las 9 de la mañana. "Cuatro nenes quedaron sin su mamá".

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Concepción del Uruguay dictó sentencia contra la Municipalidad de Estancia Grande, ordenando reparar el daño material y moral ocasionado a una agente municipal por retención indebida de haberes, en el marco de una causa que tiene como antecedente la condena del intendente Javier Goldin por violencia laboral. “Ser intendente, gobernador o funcionario no significa hacer lo que uno quiere con los agentes dentro de la administración pública", sostuvo en DIARIOJUNIO la abogada de la víctima, María de los Ángeles Petit.

Después de una fugaz aparición en Facebook en 2019, la joven condenada por el asesinato de su novio podría volver a usar las redes sociales. El pedido de su abogado y los argumentos para que se lo concedan.

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca restringir la utilización de juicios abreviados en causas vinculadas a delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. "La sociedad debe conocer en detalle la verdad de estas causas, lo que se ve limitado cuando se aplica un abreviado”, subrayó.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó parcialmente una sentencia por mala praxis médica y estableció que la incapacidad sobrevenida para ser madre debe ser considerada un daño vital, irreparable y evaluado con perspectiva de género. El caso se originó tras un legrado que provocó la perforación del útero de la víctima y derivó en su extirpación, luego de la pérdida de un embarazo de ocho semanas.

que, convenientemente para beneficio de acusados/as de corrupción en materia de salud, seguridad social y discapacidad, dictan resoluciones que consagran la censura previa.

La Justicia ordenó a al Ministerio de Economía a entregar en el término de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La orden judicial fue dictada por el juez federal de Dolores Martín Bava en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).