El proyecto, respaldado por el gobernador Rogelio Frigerio, propone analizar el origen, la evolución y el destino del endeudamiento del Estado entrerriano desde el 10 de diciembre de 1995. La iniciativa plantea revisar la deuda pública provincial —interna y externa, directa e indirecta— incluyendo renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, eventuales situaciones de default y reestructuraciones. El trabajo estaría a cargo de una Comisión Especial Investigadora integrada por legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, que deberá elaborar y publicar un informe en un plazo máximo de doce meses. El recorte temporal deja fuera del análisis la gestión de Mario Moine y también los primeros mandatos de los exgobernadores Jorge Busti y Sergio Montiel.
La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR-JxER), presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja que propone establecer un marco regulatorio claro para el Procedimiento de Juicio Político en Entre Ríos. El proyecto tiende a saldar una deuda institucional al definir las reglas de juego, garantizando el derecho a la defensa y la participación ciudadana. Estipula que el proceso se regirá estrictamente por la Constitución Provincial y, de manera subsidiaria, por el Código Procesal Civil y Comercial. Eso otorga una estructura jurídica sólida que evita interpretaciones arbitrarias durante la investigación de posibles causales de mal desempeño, según información enviada a DIARIOJUNIO.
El senador provincial Rubén Dal Molín salió al cruce del documento difundido por el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, en el que se cuestiona el nivel de endeudamiento de la provincia durante la actual gestión. El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”, según información enviada a DIARIOJUNIO.
El senador provincial Alberto Otaegui (JxER-Gualeguay) respondió con dureza a las declaraciones públicas de su par Víctor Sanzberro (Mas para Entre Ríos-Victoria), quien había cuestionado la intervención de la obra social apoyándose en el informe presentado por el Síndico Fiscalizador, contador Pablo Giampaolo, sobre el ejercicio 2024 del entonces IOSPER, y además acusó al vicepresidente de OSER (Obra Social de Entre Ríos), Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”. “Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui. Sanzberro había compartido su postura respecto del informe que detalla la situación que atraviesa la OSER. “Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”, según pudo saber DIARIOJUNIO.
El diputado Juan Manuel Rossi presentó en la Cámara de Diputados, bajo el expediente Nº 28.967, junto a los legisladores Mauro Godein, Gabriela Lena y María Taborda, un proyecto de ley que establece una Tasa Retributiva por Servicios de Mantenimiento y Conservación Vial exclusivamente para vehículos de transporte de cargas radicados fuera del territorio argentino que circulen por las rutas entrerrianas. "Hemos venido trabajando fuertemente en propuestas concretas para mejorar el estado de las rutas. Esta tasa vial busca que quienes utilizan nuestras rutas pero no tributan en Argentina contribuyan al mantenimiento y mejora de las rutas", explicó Rossi. El legislador enfatizó que "los entrerrianos ya hacemos nuestro aporte a través de impuestos nacionales y provinciales, ahora deben contribuir quienes se benefician con la utilización de nuestra red vial", según información enviada a DIARIOJUNIO.
El senador provincial por el departamento de Diamana, José Vergara (JxER), sostuvo que es lógico que el Colegio de la Abogacía ejerza la defensa corporativa del conjunto de sus matriculados. “Ahora bien, esa legítima defensa no puede desconocer una realidad que es de público y notorio conocimiento, y que excede largamente el plano de las interpretaciones o valoraciones subjetivas: existe una industria del amparo en Entre Ríos”, destacó según una columna de opinión enviada a DIARIOJUNIO.
El senador provincial Rubén Dal Molín recordó ayer que Entre Ríos arrastra una dependencia de los recursos coparticipables, y que la recaudación del IVA, Ganancias y Bienes Personales se desaceleró. “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”, expresó, según información enviada a DIARIOJUNIO.
El próximo 6 de febrero, el gobierno de Entre Ríos afrontará un nuevo vencimiento de la deuda pública heredada correspondiente a los bonos ER17, por un total de US$ 56 millones, de los cuales US$ 46,5 millones corresponden a capital y US$ 9,6 millones a intereses. Este pago representa el quinto compromiso de esta emisión que asume la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Al respecto, el senador provincial Rubén Dal Molín destacó la voluntad de cumplimiento de la provincia pese al complejo escenario recibido. “El dato central es que honramos los compromisos, aun cuando se trata de una pesada herencia que sigue generando un fuerte estrés financiero sobre la provincia”, afirmó el senador provincial Rubén Dal Molín, según información enviada a DIARIOJUNIO.
La senadora entrerriana por el departamento de La Paz, Patricia Díaz, esposa del intendente de Santa Elena Daniel Domingo Rossi, se refirió a la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad de Santa Elena y señaló que las fuerzas de seguridad “atrapan a los delincuentes, se los ponen a disposición de los fiscales, y a las horas vuelven a la calle. Esa es la raíz del problema de inseguridad”.
Luego que la diputada oficialista Carola Laner acusara al bloque de diputados del PJ de impedir el juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, ya que no se pudo avanzar debido a que el bloque justicialista no asistió ni a la comisión ni a la sesión convocada, la respuesta no tardó en llegar. En efecto, desde el mismo bloque del PJ hicieron llegar a DIARIOJUNIO la explicación de la mentira. Dicen que el argumento de Laner es absolutamente "falso y lo único que busca es confundir a los entrerrianos y entrerrianas, ya que el oficialismo no quiere asumir la responsabilidad de la decisión de rechazar las denuncias mencionadas". Lo que sigue es una explicación que deja mal parado al oficialismo.
1 comentario
Democrata
Parece que para justificar cobro y poco hago, sacan está payasada de hace más de 30 años. Es solo perder el tiempo, cero eficiencia, en obra pública, salud educación, cero salarios, salvó los de ellos, legisladores, poder judicial y Ejecutivo. Solo perder tiempo, mientras el pueblo arreglense con un hueso.