En declaraciones al programa “Tarea Fina” de Radio Ciudadana de Concordia, El Ingeniero Rizzo ha sostenido que Corredores Viales S.A., a pesar de su carácter estatal y financiamiento público, opera más asemejándose a una entidad privada, lo que plantea interrogantes sobre su rendición de cuentas. «Esta empresa tiene una función innecesaria, que a pesar de tener una participación accionaria total del estado y estar financiada por fondos públicos se maneja como una empresa privada que no rinde cuentas como cualquier otro estamento estatal», señaló.
Aunque Corredores Viales SA cuenta con una composición accionaria mayoritariamente estatal, con el Ministerio de Obras Públicas poseyendo el 51% de las acciones y Vialidad Nacional el 49%, el Ingeniero Rizzo destaca que esto no garantiza su esencia estatal. Él plantea que la empresa podría ser privatizada en el futuro y que opera con una gran flexibilidad en términos de contrataciones, eludiendo licitaciones públicas. «Tiene un gran problema. Primero, no es estatal por un montón de cosas, pero una de ellas, por ejemplo, es que de acuerdo al Estatuto de Corredores Viales, esta empresa puede privatizarse y venderse a otras empresas», advirtió.
El Ingeniero Carlos Rizzo, también Secretario General Adjunto de la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad, señala la preocupación por la superposición de funciones entre Corredores Viales S.A. y Vialidad Nacional. Esta situación podría conducir a la dilución de responsabilidades en la gestión de incidentes críticos en las carreteras. Rizzo enfatiza la importancia de la asignación de responsabilidades en el sector público: «Las responsabilidades del Estado tienen que estar en cabeza de una sola entidad, no puede estar en cabeza de dos entidades diferentes. Mucho peor si encima es una sociedad anónima».
Rizzo también puso en debate el cobro de peajes en las carreteras, uno de los aspectos más controvertidos. El gremialista argumenta que estos peajes representan un impuesto innecesario para circular por el país, dado que las inversiones iniciales en las vías ya están amortizadas y las mejoras las realiza el Estado a través de Vialidad Nacional o adjudicaciones a empresas privadas.
“No hay ninguna construcción de ruta que se haga por administración. El peaje es un impuesto por circular por las rutas nacionales que no llega a cubrir los costos. Sobre el costo del peaje, Corredores Viales SA tienen un gasto de operación del orden del 75%. Es el impuesto que más se gasta en recaudar. Y para hacer toda la parte de operación y mantenimiento, se gasta otro 65%. O sea que, sobre los costos de cobro de peaje, todavía el Estado tiene un déficit del 30%. No hay un servicio por un lado. No hay rutas que sean alternativas. Es un impuesto por circular por el país. Si yo tuviera una ruta alternativa que dijera, en vez de circular por la ruta 12-14, tengo equis ruta sin peaje, entonces bueno, el que quiere usar peaje lo paga y el que no quiere no lo paga. En este caso, no existen rutas alternativas. Las concesiones en la República Argentina en su momento se hicieron con una responsabilidad y con una inversión por parte de las empresas. Hoy, y desde hace mucho tiempo, ya dejaron de ser concesiones. Solamente cobran peaje y hacen la conservación mínima de la rutina. Nada más”, concluyó.
A continuación el comunicado completo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP):
CORREDOR VIAL N° 18 (Rutas Nacionales 12 y 14) y PUENTE ROSARIO VICTORIA (Ruta Nacional 174)
A PARTIR DE NOVIEMBRE 2023 LA ESTAFA VIAL CONTINUARÁ EN MANOS DE LA EMPRESA “ESTATAL” CORREDORES VIALES S. A.
A TAL EFECTO, LOS USUARIOS VIALES Y LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y PERSONAL SUPERIOR DE VIALIDAD NACIONAL RECHAZAN LA DECISIÓN INSENSATA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN Y SOLICITAN QUE LA CONCESIÓN VIAL VUELVA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), LIBRE DE PEAJE, Y SE AUDITE LA POLÉMICA GESTIÓN PRIVADA.
Asimismo, se solicitará a través de quién corresponda, la urgente convocatoria a una Audiencia Pública “vinculante”, de manera de poder debatir seriamente el tema en cuestión, haciendo extensivo el requerimiento a legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, como así también a los respectivos Gobernadores, Intendentes y Concejales.
La concesión del Corredor Vial N° 18, Rutas Nacionales 12 y 14, llevada a cabo en el año 1990, incorporando posteriormente el Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174, es una estafa vial que lamentablemente seguirá vigente a partir de noviembre próximo, dando continuidad a los serios perjuicios económicos y sociales para los usuarios viales y toda la comunidad.
El 31 de octubre de 2023 vence el actual contrato de concesión con la Empresa Caminos del Río Uruguay S. A. y los corredores viales en cuestión quedarán a cargo de la Empresa “estatal” Corredores Viales S. A. quien seguirá esquilmando a los usuarios viales a través del falso peaje o impuesto al tránsito que se cobra desde los años 90.
La red vial es de dominio público y no propiedad de un Presidente, Gobernador o Funcionario Público. Sin embargo, lamentablemente, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce el Dr. Gabriel Katopodis, a espalda de los usuarios viales directos e indirectos, con una actitud claramente irresponsable, autoritaria y antidemocrática, sin existir Marco Regulatorio – Ente Regulador y sin convocar por lo menos a una Audiencia Pública “VINCULANTE”, ha decidido tomar la errónea decisión de continuar con el mismo esquema de “falso peaje” a través de la innecesaria, costosa, burocrática y deficitaria empresa Corredores Viales S. A., que actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), sólo se limitará al cobro del falso peaje.
Efectivamente una medida claramente recaudatoria y para seguir haciendo caja política a través de cada una de las estaciones de peaje existentes.
Es sí que se dará la continuidad a un régimen perverso de “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional, injusto, inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, que actúa como un nuevo costo o cargo económico, y que además ha demostrado ser un fracaso.
A tal efecto, el CONADUV y la AP, rechazan categóricamente la decisión tomada por el Ministro Dr. Gabriel Katopodis, y que lamentablemente es avalada por el Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Sr. Gustavo Arrieta.
ES MUY IMPORORTANTE SEÑALAR QUE NO ES CIERTO QUE CORREDORES VIALES S. A. SEA UNA EMPRESA ESTATAL; ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA QUE MANEJA CAPITALES PÚBLICOS. TANTO ES ASÍ, QUE NO SE RIGE POR LEY DE OBRAS PÚBLICAS, NI TIENE LOS CONTROLES QUE DEBE TENER CUALQUIER ORGANISMO ESTATAL.
La conservación y mantenimiento de la concesión en cuestión debe ser realizada por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), libre de peaje. Incluso deben replantearse las concesiones por peaje que son deficitarias, buscando otro sistema de gestión que sea menos oneroso y más equitativo.”
“Las rutas sin el cobro del falso peaje, mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública que benefician a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder”.
“La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debe ser rejerarquizada y volver a ser el Organismo Rector de toda la política vial”.
“Por un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera, libre de peaje, reasignando en forma efectiva los fondos que se obtienen del Impuesto a los Combustibles.”
CONADUV – Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial – (11) 4435-9162
AP – Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional – (11) 6169-7921
Bs. As., septiembre 2023
mabel
¿QUÉ ES PEOR, EL REMEDIO O LA ENFERMEDAD?, Los de Río Uruguay estafan, solo cobran pero las rutas son un desastre, no las mantienen y quienes se llevan la peor parte son los usuarios, pagan para accidentarse en la ruta destrozada. Los que quieren venir ¿ beneficiarán a los usuarios o se garantizan entradas a sus bolsillos?