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Nota escrita por: Federico Odorisio
lunes 27 de mayo de 2024
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Un padre en una odisea judicial por su hijo policía preso por una causa que asegura le armó la cúpula policial de Concepción del Uruguay

José Luis Larrosa, es oriundo de Villaguay, tiene 70 años, es una persona con discapacidad motriz, de condición humilde, jubilado de la mínima, y padece una enfermedad crónica que lo obliga a hacerse diálisis varias veces por semana. Sin embargo, esto no le impide haberse puesto al hombro un periplo judicial para lograr la liberación de su hijo, un oficial de policía que, junto con dos compañeros, permanece preso por haber sido partícipe de una supuesta asociación ilícita que se dedicaba al comercio de estupefacientes y tendría estrecha relación con el principal imputado, Nicolás Giarrizzo, un empresario de la noche en Concordia, que además es propietario de varias sucursales de la cadena de congelados Friar también en Concordia y Concepción del Uruguay. A partir de las pruebas aportadas por Larrosa, hoy está imputado quien fuera Jefe Departamental de Policía de Concepción del Uruguay, Crio. Mayor Martín Gaillard, quien hace poco tiempo fue promovido a Director de Inteligencia Criminal de la Provincia.

La investigación de una presunta banda de narcotráfico supuestamente liderada por Nicolás Giarrizzo destapó los lazos entre este reconocido empresario de Concepción del Uruguay y policías locales de diversas jerarquías. A través de escuchas telefónicas, tres oficiales resultaron detenidos y procesados; estos ahora acusan al jefe departamental y a otros policías de haberles fabricado la causa para encubrir sus conexiones con el supuesto narcotraficante. El expediente se está gestionando en el Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay, bajo la dirección de Pablo Andrés Seró.

Nicolás Giarrizzo había sido identificado en agosto de 2020 como la supuesta figura clave dentro de una organización que se dedicaba a la distribución de drogas en Concepción del Uruguay y Colón, según el informe inicial de la Prefectura Naval Argentina.

Dos meses después de iniciada la investigación en la Justicia Federal, se produjo un incidente que fue vinculado directamente a esta red: un intento de contrabando de drogas desde o hacia la República Oriental del Uruguay. Prefectura llevó a cabo un operativo a la altura del kilómetro 182 del río Uruguay, en la orilla de la isla Cambaucá, donde una patrulla fluvial descubrió un bote abandonado en la costa sin personas alrededor. Un pescador, que había notado la situación extraña, denunció el hecho. Al acercarse al lugar, los efectivos encontraron, escondidas entre la maleza y bajo una lona, varias mochilas que contenían más de siete kilogramos de cogollos de marihuana y uno de cocaína, además de casi 780.000 pesos en efectivo.

En 2023, José Luis Larrosa, padre de uno de los policías detenidos, presentó una denuncia en la que exponía graves irregularidades en el proceso investigativo que llevó a la detención de su hijo, Luis Mariano Larrosa, y sus compañeros Claudio González Luna y Alcides Jesús Arce. Estos tres policías de la Provincia de Entre Ríos llevan más de 19 meses privados de su libertad, acusados de ser parte de la organización criminal vinculada al narcotráfico que lideraría Giarrizzo.

Pero según advierte Larrosa, el principal imputado mantenía un diálogo fluido con una vasta cantidad de personal policial, conversaciones que iban de cuestiones mundanas y corrientes hasta pedidos de favores típicos de aquel que busca sacar provecho de sus influencias.

La denuncia de Larrosa puso el acento en que la investigación fue manejada de manera negligente y malintencionada por altos funcionarios de la Policía de Entre Ríos: el ex jefe departamental Uruguay, Martín Gaillard (Hoy Director de Inteligencia Criminal de la Provincia); su esposa y por entonces jefa de la División de Toxicología, Mayda Pérez (En la actualidad es Jefa de Secretaria General y Personal de Concepción del Uruguay); y el subjefe de la División de Toxicología, Albano Sánchez.  Estas personas habrían manipulado pruebas y alterado escuchas telefónicas para perjudicar a los detenidos, creando una falsa impresión de culpabilidad, omitiendo aquellas que los comprometían.

Por otra parte, Larrosa señala que Prefectura Naval Argentina, que también investigó el caso, informó que los policías detenidos no tenían vínculos con la organización criminal y corroboraron que las escuchas presentadas por la Policía de Entre Ríos fueron manipuladas.

“Esto comienza con un procedimiento que se hizo en Concepción del Uruguay en el año 2022, donde tanto a mi hijo como a los otros dos compañeros los vinculan en una asociación ilícita con una banda que trabajaba ahí en Concepción del Uruguay. Supuestamente en la venta de estupefacientes. Después de un tiempo empezamos a notar ciertas anomalías en la causa”, relató Larrosa a DIARIOJUNIO.

Larrosa sostiene que es de conocimiento público en Concepción del Uruguay que los investigadores mantenían una relación cercana con el principal acusado. Además, Larrosa contó a este medio que Omar Pérez, el padre de la entonces jefa de la División de Toxicología, Mayda Pérez , un comisario mayor retirado, administraba los comercios del empresario Giarrizzo. Una especie de “recaudador”.

“Era de conocimiento público en Concordia y Concepción del Uruguay que este hombre era conocido de la policía. El Museo Policial en Concepción del Uruguay o el Servicio Médico fue promovido por este hombre. El supuesto cabecilla de la asociación ilícita, el principal imputado, era algo así como un benefactor de la Policía, hacía aportes económicos, y era íntimo amigo del ex jefe departamental Martín Gaillard y su esposa, la jefa de Toxicología, Mayda Pérez. Pero además, se hablaba con muchos policías más. Lo mismo pasaba en Concordia”, detalla Larrosa. «En Concordia tenía sucursales de carnicerías y emprendimientos vinculados a la noche en sociedad con otras personas», agregó. Uno de esos emprendimientos sería el boliche B612 en la costanera de Concordia.

«Ante todo eso, nosotros nos preguntamos, ¿por qué este hombre, siendo que se relacionaba con altos jefes y contactos políticos muy conocidos, no aparecen esas llamadas telefónicas cuando era obvio? Él hablaba con muchos policías y, entre esos policías, estaban los mismos investigadores. Es más, la camioneta particular que manejaba Gaillard era de Giarrizzo ¿Por qué no aparece en ninguna de las llamadas, ninguna de las escuchas? Y esa fue la base de partida. Conseguimos el rol de llamada, se aportaron muchas pruebas: la transcripción de algunas conversaciones y otras llamadas que no tienen escucha, son solo llamadas de destino entre el principal acusado y la cúpula de policía. Son conversaciones de amigos, de gente que se conoce, iguales a las que tienen de mi hijo con el imputado. Pero ellos manipularon las conversaciones, hicieron un informe especulativo, y dentro de esa especulación involucraron a mi hijo y sus compañeros, y ellos, la cúpula, los que investigaban el caso, quedaron fuera de todo vínculo con el sospechoso. No hay ninguna conversación donde se  hable de un negocio narco entre el principal imputado, mi hijo y sus colegas. Ni siquiera hay conversaciones entre ellos. Los ensuciaron como grandes delincuentes bajo la órbita de una asociación ilícita; cuando estos policías ni tratos tenían; «, aseguró a DIARIOJUNIO.

Según consta en las denuncias, en dos de las escuchas omitidas se afirma el vínculo de Nicolás Giarrizzo con la policía, al reclamar un arma que había sido sustraída de la misma Jefatura Departamental Uruguay, y la cual fuera donada por éste para la conformación de un museo que promovió junto al subjefe de Policía Provincial, el comisario General José Alejandro Lauman. Otra de las llamadas omitidas es la de Giarrizzo con el cuñado de Mayda Pérez de Toxicología, el jefe de Investigaciones de Uruguay, Pablo Gastón López, en donde, en provecho de sus influencias, procede de manera irregular a pedir ayuda para una verificación vehicular, demostrando en su diálogo —más allá de la posible existencia de un delito o no— la confianza vincular que estos poseían.

A pesar de su discapacidad motriz, su tratamiento de diálisis y una situación económica de bajos ingresos, Larrosa no se quedó quieto en Villaguay y viajó varias veces de costa a costa en la provincia, en pugna por averiguar sobre el avance de la causa y para que su denuncia fuera atendida, soportando al mismo tiempo el maltrato de la justicia federal en Entre Ríos, como narra a continuación: “Desde el primer momento de radicar la denuncia he sufrido inconvenientes que van desde malas atenciones, destratos y dilataciones innecesarias, que hacen pensar en la existencia de cierta parcialidad. Tras hallar los distintos vicios en el proceso judicial, de manera inmediata me dirijo hacia el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, allí pretendí radicar la denuncia pero me derivaron a Paraná; en Paraná me hago presente en la fiscalía federal; ahí me dicen que no era el ámbito de jurisdicción y que tenía que hacerlo en Concepción del Uruguay. Le explico lo sucedido y me la reciben, aduciendo que la trataría Concepción del Uruguay. Confiado de que la tratarían allá me presento a radicar la segunda denuncia, pero resulta que el Dr. Seró la remitió para que la traten en Paraná. Obviamente, viajo de nuevo a Paraná y cuando llego allá no me quisieron recibir la denuncia porque el fiscal general, Dr. Álvarez, la remitió a Concepción del Uruguay para continuar su diligencia. Nuevamente explico lo sucedido y me reciben la segunda denuncia. En el proceso llamo a Concepción del Uruguay por el estado de la causa, y en todas las ocasiones soy destratado y me responden con respuestas poco coherentes. Viajo hacia allá en dos oportunidades y, porque no me dieron respuestas, radico la tercera denuncia ante la Cámara de Apelaciones. Después de eso pensé que el proceso sería más ágil, pero resulta que no, no me atienden y no me dan respuestas ante mis consultas, sin considerar mi discapacidad.»

Finalmente, la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de la Dra. Gladys Mabel Villar, dependiente del Juzgado de Primera Instancia Federal de Concepción del Uruguay a cargo del juez Pablo Seró, se ocupó de la denuncia presentada por Larrosa padre.

En los allanamientos de Uno de ellos fue en la casa de Nicolás Giarrizo, una persona que consume drogas desde hace tiempo, y allí sí encontraron el producto que consumía. Con él estaba su hermano Federico, carnicero de oficio, sin adicciones ni antecedentes en el mundo de las drogas. Por estar ahí cayó «en la volteada» y está detenido desde entonces.

Una causa muy irregular con detenidos por especulaciones arbitrarias

A mediados de 2022, se produjo una serie de allanamientos en Concepción del Uruguay y la región en búsqueda de estupefacientes. Uno de ellos fue en la casa de Nicolás Giarrizo, el principal imputado, una persona que se reconoció como consumidor drogas desde hacía mucho tiempo. Ese día con él estaba su hermano Federico, carnicero de oficio, sin adicciones ni antecedentes en el mundo de las drogas. Las pruebas que se le adjudicaron fueron interpretaciones de posibilidades sobre conversaciones que mantenía con su hermano, Nicolás, donde hablaban de entregar matambres, corderos y productos cárnicos, y los investigadores y la justicia entendieron que estarían hablando en códigos sobre drogas, cuando en realidad Federico tiene una carnicería y trabajaba en ese rubro desde hace más de 20 años

En diciembre de 2023, después de más de un año en prisión, Federico Giarrizo, el hermano de Nicolás, fue sobreseído, pero los tres policías, entre ellos el hijo de Larrosa, continúan privados de su libertad.

Por su parte, el Comisario General Martín Gaillard, el ex jefe de la policía departamental de Concepción del Uruguay, está imputado por Abuso de autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público.

Un dato muy curioso es que este último hace poco tiempo fue ascendido y hoy ocupa el cargo como director de Inteligencia criminal;  justamente donde se realizan las escuchas y análisis telefónicos.

Comisario Luis Martín Gaillard (Foto: EL MIÉRCOLES)

 

La causa

En octubre de 2022 se realizaron procedimientos en Concepción del Uruguay de manera conjunta entre la Prefectura Naval y la Policía de Entre Ríos, que llevaron a la detención de más de una docena de personas, entre hombres y mujeres, sospechados de formar parte de una banda narco. 12 días después de las detenciones, el Juez Federal finalmente decidió imputar a las personas detenidas.

La investigación de esta causa dio inicio el 23 de octubre de 2020, ocasión en la cual un pescador alertó sobre una embarcación en el kilómetro 182 del río Uruguay, la cual estaba atracada sobre la costa de la isla Cambacua. Los prefectos se arrimaron a ese sitio y observaron mochilas cubiertas con una lona azul, sin lograr aprehender a persona alguna, pero luego se estableció quién habría sido el encargado de adquirir la embarcación “La Yapa” y considerándose que este habría sido él o uno de los autores del hecho.

La larga investigación llevó a detectar paulatinamente quienes estarían involucrados, desde la cabeza de la banda hasta los vendedores, incluyendo funcionarios policiales que son señalados como que fueron los encargados de facilitar los movimientos, vigilar y asesorar.

La banda, según consta en el expediente, estaría liderada por Hugo Nicolás Giarrizo, que fue procesado por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de organizador de un conjunto de personas destinada a la comercialización de estupefacientes, en orden al cual deberá responder en calidad de autor.

Por otra parte, el juez decretó el procesamiento de Federico Giarrizzo, Juan Manuel Malatesta, Alicia Adriana Quintero, María Rosa De Los Milagros Díaz, Ana Cavallari, Mirta Valenzuela y Javier Hernán Caparros, por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres más personas en calidad de miembros y/o intervinientes.

Además decretó el procesamiento de Luís Mariano Larrosa, Alcides Jesús Arce y Claudio Fabián González Luna, por considerar –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de perseguir delitos que por sus funciones les correspondían y comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres más personas en calidad de partícipes necesarios.

Respecto a Juan Domingo Pizzatti, que fue identificado como quien intentara llevar la droga al Uruguay ese 23 de octubre del 2020, consideró –prima facie y por semiplena prueba- que sus conductas encuadran en el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes en calidad de autor.

 

Fuentes: DIARIOJUNIO/Análisis/ El Miércoles

  • Federico Giarrizzo fue sobreseido en diciembre 2023, luego de estar 14 meses injustamente preso por el abusivo juez Sero, que deshonra la justicia y quien sin inguna prueba le arruinó su vida.

    Sería bueno lo aclaren para no seguir manchando su nombre.
    La causa es un mamarracho tuneado como Deto quiso ya que según entiendo quienes desgravación pusieron cualquier cosa.

  • Excelente nota, clásico de Diario Junio.
    boliche B612 en la costanera de Concordia fue habilitado por Orabona en Concoria. ¿Suena?

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