El docente universitario y dirigente deportivo de Gualeguay, Mariano Acuña, fue condenado este jueves a 16 años de prisión efectiva luego de reconocer, en un juicio abreviado, cinco hechos vinculados al abuso de menores, entre otros delitos. Según la investigación, ofrecía dinero y droga a menores en condiciones de vulnerabilidad a cambio de someterlos sexualmente.

En menos de una semana, dos grandes medios porteños pusieron el foco en Entre Ríos. Primero fue La Nación y ahora es Clarín el que publica nuevos extractos de los chats de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul —directivos de Securitas—, procesados en la causa federal por el pago de coimas para retener contratos con el Estado. En esos mensajes aparecen mencionados el ex gobernador Gustavo Bordet y, por primera vez, también el electo senador Adán Bahl. Las conversaciones, plenas de errores propios del intercambio por WhatsApp, revelan vínculos, pedidos, negociaciones y repartos que ahora la Justicia federal de San Isidro analiza como parte de una presunta red de sobornos.

El empresario Gustavo Martín Núñez, dueño del terreno donde avanza una obra irregular sobre Avenida Eva Perón —en un sector que vecinos y ambientalistas identifican como humedal—, había sido detenido en 2021 por un grave episodio de violencia: una balacera contra la arenera “La Valentina”, cuya causa estuvo a cargo del entonces fiscal y hoy intendente de Concordia, Francisco Azcué.

En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial, la Federación Judicial Argentina (FJA) difundió un informe que expone un panorama crítico dentro de los Tribunales del país. Según el relevamiento, en 15 provincias se pagan salarios por debajo de la línea de pobreza a los empleados ingresantes, mientras que 2025 estuvo atravesado por paros, movilizaciones, episodios de represión y reclamos de convenio colectivo ante la falta de respuestas de las Cortes y Tribunales Superiores. A esto se suma un dato alarmante: el 3,7% de los trabajadores afirma haber sufrido acoso sexual en el último año, una cifra 25 veces superior al promedio nacional y el 43,2% declaró haber padecido acoso psicológico.

En un fallo explosivo, el juez Sebastián Casanello ordenó este viernes la citación a indagatoria del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo y de otras 14 personas, entre ellas funcionarios, exfuncionarios y empresarios del sector farmacéutico, sobre quienes pesa la acusación de haber cometido “graves hechos de corrupción” en la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. Luego de tres meses de investigación, en el marco de la causa abierta a raíz de la filtración de los audios en los que Spagnuolo confesaba la existencia de coimas, el fiscal Franco Piccardi reconstruyó el modus operandi de lo que describió como “un esquema estructurado” para “obtener amplias sumas de dinero de manera indebida” en perjuicio del Estado y de los derechos de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Sobre uno de los personajes, Pablo Atchabahian, que tal como reveló Página/12 estuvo vinculado al caso en las sombras, el juez pidió además su detención, porque durante el proceso estuvo 15 días escondido de la justicia. Respecto de Atchabahian, además, el fiscal halló que formaba parte de un grupo de Whatsapp en el que se conspiraba desde inicios de 2024 –e incluso desde antes de la llegada de Javier Milei a la Rosada– con hacerse del control de la ANDIS, y en el que se nombra no sólo a Spagnuolo sino a Karina Milei, como la persona a la que “debían llegar” porque “es la que define todo”.

“Lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’”. El texto de Cristina Fernández de Kirchner le dio relieve a una entrevista que le hicieron al abogado Roberto Herrera, defensor del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. Herrera contó que a su cliente lo tuvieron en una celda de la Policía Federal, enfocado día y noche con un reflector que impedía dormir, durante un mes, sin ventanas, sin visitas y con prohibición de todo contacto. “Sólo faltó que le hicieran el submarino”, acotó Cristina, refiriéndose a la tortura de la dictadura en que metían la cabeza del detenido bajo el agua. El relato de Herrera coincide con otros, igual o más graves. Un defensor que iba a ser abogado del chofer, Oscar Centeno, le contó a Página/12 que se encontró con el “arrepentido” después de su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli. El texto del arrepentimiento llegaba casi a las 300 páginas. “¿Cuánto tardó esta declaración?”, le preguntó sorprendido el abogado a Centeno. “No, unos 20 minutos. Me trajeron la declaración y yo tenía que firmar. Si no, me mandaban a una cárcel”, contó el chofer. En la declaración figuraba la frase de que “mis cuadernos son una bitácora de la corrupción”. “¿Usted dijo eso?”, inquirió el abogado. “¿Qué significa bitácora?”, preguntó Centeno. No es el único “arrepentido” que cuenta exactamente la misma maniobra en su caso.: o firmaba o a dormir a una cárcel común.

El gremio judicial entrerriano expresó su preocupación por los anuncios de una reforma a la Ley 8732 y advirtió que la Caja de Jubilaciones no tiene déficit gracias a los aportes del sector.

El ex jefe comunal de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de tres mujeres. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la sentencia dictada por la Justicia provincial.

Bajo cada baldosa que levantan aparecen los cascarudos. Ahora es el turno de Hugo Ballay, un funcionario clave en las dos décadas gobernadas por el justicialismo en Entre Ríos, que ha cultivado un bajo perfil (dentro de lo posible). Alguien que, por su función como mandamás de la economía en la provincia desde que Bordet lo nombrara (2015) ministro del sector, no puede ignorar lo ocurrido durante esos años. Sobre todo ahora, que las probanzas y evidencias están explotando en la información pública. Aunque antes también supo tener responsabilidades que lo ponían en posición de conocer la “letra chica” de los acontecimientos político-económicos de la gestión.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 hizo lugar parcialmente a la medida cautelar promovida por el Estado Provincial y ordenó a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo abstenerse de ejercer su potestad sancionadora en los sumarios administrativos iniciados y/o a iniciarse en perjuicio del Estado Provincial, de la Empresa de Energía de Entre Ríos S.A. y/o de las cooperativas distribuidoras domiciliarias entrerrianas de suministro eléctrico, por presunto incumplimiento a la prohibición de facturar junto al consumo eléctrico las tasas municipales por alumbrado público y contribución única.