Cuando se informa que no hay cupo disponible desde los Juzgados de Garantías se ordena un nuevo traslado, pero en función de los cupos que haya en el Servicio Penitenciario. «Este es un problema que no es nuevo, que ya estaba, pero se viene incrementando exponencialmente en los últimos tiempos», indicó. «Por distintas razones hay un incremento evidente en la criminalidad y evidentemente el sistema carcelario no da abasto. No daba abasto antes y no da abasto ahora toda vez que los centros de encausados, sin condena».

Jáuregui dijo que incluso quienes están aprehendidos en las primeras horas, antes de siquiera ser imputados, «van todos mezclados a la Alcaldía o a la Policía y ahí ya están hacinados también, con quienes tienen prisión preventiva», explicó. «Esto es inédito que ocurra pero ocurre». El penalista sostuvo que lo mismo sucede en los penales, que dependen del Servicio Penitenciario, donde las personas procesadas con prisión preventiva se mezclan con los condenados.

«Muchas veces son alojados, sin méritos, sin suficientes elementos para dictar la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una pena anticipada. Es simplemente un mecanismo, una herramienta procesal que tiene la Justicia para que el investigado no obstruya la marcha de la investigación y para evitar el riesgo de fuga eventualmente», recordó. «De ninguna manera puede considerarse una pena anticipada», remarcó.

Más adelante, explicó que para no perjudicar la libertad ambulatoria y los derechos constitucionales de inocencia de los imputados sin condena e incluso de quienes están condenados pero «no están ahí para castigo sino para la reinserción social», debe apelarse a otra figura como la prisión domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica. Pero eso implica más trabajo para la Policía porque tiene que ir, tiene que estar presente haciendo rondas de vigilancia.

En lugar de ello, sostuvo que esta instalada en la sociedad la «figura represiva y retrógrada» de hacer más cárceles. Pero «nadie hace más cárceles». Al mismo tiempo, tampoco se avanza en la dirección opuesta ya que no hay tobilleras electrónicas. «Cuando se pide una tobillera, desde el Ministerio se informa que no tienen», dijo. Por ende, los pedidos de prisión domiciliaria son revocadas ya que no hay elementos para controlar que no se infrinjan. «Los mandan al Penal pero no hay lugar. Es un circuito erróneo, equivocado, que no conduce a nada».

El incremento de la tasa de criminalidad «está clara y tiene múltiples causas». «Una de ellas es la cuestión económica», dijo. Y en otros casos, como el narcotráfico, explicó, si bien está presente la falta de una perspectiva de inclusión económica es un delito que está presente en «sectores altamente acomodados». «No es necesariamente lo económico lo que incrementa estas cuestiones», dijo.

Respecto de algunos homicidios que se produjeron este año, «que algunos lo atribuyen al narcotráfico o a la guerra entre pandillas», «muchas veces no tiene nada que ver con estas cosas o la cuestión económica sino con una degradación del tejido social y con una instalación de costumbres delictivas que están impregnadas en sociedades como la nuestra de Concordia».

Jauregui dijo que no la cuestión es compleja y no se observa ningún atisbo de solución. «No hay política de estado que encuentre un rumbo en esta dinámica», dijo.

En ese sentido, sostuvo que se debe analizar al delito en etapas. «La primera etapa es la prevención. La segunda etapa es la investigación penal preparatoria que recae en el ministerio Público Fiscal. La tercera etapa es la del juzgamiento y la cuarta etapa es el cumplimiento de la pena», remarcó. Jáuregui sostuvo que la etapa donde no se está dando respuesta adecuada es la prevención. «Quien tiene a su cargo la prevención? El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad y de la Policía de la Provincia. Lo que vemos a diario y toda la sociedad es que la Policía es inoperante e impotente en materia de prevención, con el delito consumado. Y una vez que el delito se consuma, ya queda expedita la vía judicial», dijo.