La situación judicial del ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, se agravó nuevamente. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó que, una vez que finalice el proceso que enfrenta en Paraguay y sea autorizado su regreso al país, quedará detenido de manera inmediata para responder ante la Justicia argentina.
El tribunal rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Kueider y de su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel Costa, ratificando así la resolución dictada en primera instancia por el juzgado federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
Con esta decisión, el ex legislador deberá afrontar privado de su libertad la investigación que tramita en los tribunales federales de San Isidro, donde está imputado por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.
El proceso abierto en Paraguay
Kueider permanece en Paraguay desde que fue detenido el 4 de diciembre de 2024 durante un control realizado en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.
Según la investigación, el entonces senador viajaba junto a Guinsel Costa transportando 211.102 dólares estadounidenses, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes sin haber declarado ese dinero ante las autoridades aduaneras.
A partir de ese episodio, la Fiscalía paraguaya promovió una causa por presunta tentativa de contrabando. El juicio oral comenzó la semana pasada ante un tribunal especializado en delitos económicos. Durante la primera audiencia, tanto Kueider como Guinsel Costa optaron por no prestar declaración, aunque sus defensores adelantaron que podrían hacerlo en las próximas etapas del debate.
También investigado por lavado de activos
En paralelo, la Justicia paraguaya abrió otra investigación que derivó en una nueva imputación contra la pareja por presunto lavado de activos.
La acusación sostiene que ambos habrían utilizado la firma Golsur S.A. para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito e invertirlos en la adquisición de seis departamentos y cocheras en un complejo inmobiliario de alta gama de Asunción.
De acuerdo con la investigación fiscal, las operaciones se concretaron mediante importantes pagos en efectivo realizados durante 2024, por un monto superior a los 460 mil dólares.
Como medida cautelar, el juez paraguayo Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo preventivo de los inmuebles y prohibió cualquier operación sobre esos bienes mientras avanza la causa. En el expediente también fueron imputadas otras dos personas señaladas como presuntos colaboradores de las maniobras investigadas.
1 comentario
amodio curreli
Que injusticia seria! Con lo que se han sacrificado por Entre Rios!