La concesión, que data del año 1990, ha sido objeto de controversia durante décadas debido al cobro de un peaje que los críticos consideran injusto y perjudicial para la comunidad. El contrato de concesión actual con la Empresa Caminos del Río Uruguay S.A. vence el 31 de octubre de 2023, y será reemplazado por Corredores Viales S.A., manteniendo el cuestionado sistema de «falso peaje» o impuesto al tránsito como lo califican las organizaciones de usuarios viales y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
Los usuarios viales y la AP argumentan que la red vial es de dominio público y que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación dirigido por el Gabriel Katopodis, ha tomado una decisión irresponsable al continuar con este esquema sin convocar a una Audiencia Pública vinculante y sin contar con un Marco Regulatorio ni un Ente Regulador.
Según los críticos, Corredores Viales S.A. es una sociedad anónima que maneja capitales públicos y carece de los controles adecuados para un organismo estatal. El cobro del «falso peaje» ha sido calificado como inconstitucional, injusto y económicamente inviable desde una perspectiva de ingeniería económica de transporte.
En respuesta a esta situación, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la AP han pedido la convocatoria urgente a una Audiencia Pública vinculante para debatir este tema. Además, han extendido esta solicitud a legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, así como a los respectivos gobernadores, intendentes y concejales.
Ambos grupos argumentan que la conservación y mantenimiento de esta concesión deben ser responsabilidad de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), sin imponer peajes. También abogan por replantear las concesiones por peaje que resulten deficitarias y buscar alternativas de gestión más equitativas.
A tal efecto, el CONADUV y la AP, rechazan categóricamente la decisión tomada por el Ministro Gabriel Katopodis, avalada por el Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta.
Para los representantes de CONADUV y la AP, «Las rutas sin el cobro del falso peaje mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública que benefician a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder».
Ambos grupos también han destacado la necesidad de rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y volver a convertirla en el organismo rector de toda la política vial. Además, proponen una reasignación efectiva de los fondos obtenidos del Impuesto a los Combustibles para proyectos viales sin peaje.