El miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”. Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. Ruiz Orrico es acusado de homicidio culposo agravado cuyas penas oscilan entre tres y seis años. Esta mañana, Mario Arcusin, abogado querellante que representa a la familia de las cuatro víctimas fatales, Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, quienes fallecieron el 20 de junio de 2024 cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay , luego de colisionar con el automóvil que conducía Ruiz Orrico, dijo que la expectativa es pedir la pena máxima, de seis años. Además, estimó que el fiscal Eduardo Santo solicitará un monto correspondiente al tercer tercio de la pena, entre cinco y seis años. Arcusin, además, dijo a DARIOJUNIO que no sabía no se qué elementos puede esgrimir la defensa para bajar las expectativas ya que, argumentó, quedó atrás la posibilidad de pedir un sobreseimiento desde el momento en que ofreció $ 150 millones para mitigar el daño moral. Una forma de aceptar la culpabilidad.
El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su posición contraria a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. En ese sentido, explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes. A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.
La justicia federal procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y a otros 18 imputados en la trama de coimas y demás discrecionalidades entre el gobierno de Javier Milei y laboratorios privados que le proveían medicamentos para personas con discapacidades. La medida fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien junto con el fiscal Franco Picardi sostuvo contra los procesados la figura de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Andis, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
Diego, Marcelo y Pablo, víctimas de abusos sexuales perpetrados por el sacerdote José María López, iniciaron el camino de la demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná, luego de que fracasara una instancia de mediación encabezada por el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari en representación de la curia.
Por decreto, la administración de Javier Milei resolvió que la Procuración del Tesoro deje de intervenir en la investigación judicial por el crédito de 44.500 millones de dólares acordado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Entre los involucrados figuran el expresidente Mauricio Macri y dos actuales ministros del gabinete libertario, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
En efecto, la Justicia del departamento La Paz decidió 30 días de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria para el joven acusado de abuso sexual. Así lo decidió al mediodía de este jueves el juez de Garantías y Transición de La Paz, Ramón Lell, al homologar el acuerdo entre la fiscal de La Paz, Paula Gareis, la defensa del imputado, a cargo del abogado paceño Roberto Alsina, y Natalia Cabrera por el Ministerio Pupilar.
Una mujer de 78 años de San Miguel, provincia de Buenos Aires, denunció haber sido víctima de una estafa sentimental y económica que incluyó depósitos millonarios a nombre de la ex secretaria de la Mutual de Músicos de Concordia, Delia Catalina Martínez, condenada en 2025 por la venta fraudulenta de la sede de la institución.
“Pa’, me lastimaron”. El mensaje llegó al teléfono celular de Gustavo pasada la medianoche del lunes. Fue enviado por su hija de 15 años. El hombre se preocupó. Pensó en lo más común que puede suceder en una localidad como Santa Elena: que su hija había sufrido un accidente vial o tal vez había sido víctima de un hecho de inseguridad. Un robo quizás. Lo que nunca imaginó es que su pequeña había sido víctima de un brutal ataque sexual. Una violación.
En efecto, a través de una "Carta Documento" (considerada irrespetuosa) y pocos días antes del inicio del juicio que tiene al exfuncionario frigerista Juan Ruiz Orrico como principal imputado, les hizo llegar a las familias de sus 4 víctimas fatales una propuesta: "Mi representado ofrece el pago de una suma total y única de $150 millones en concepto de reparación del daño moral. Dicho monto se ofrece con el fin de contribuir a mitigar el dolor causado, reconociendo la trascendencia del suceso investigado”, dice la carta documento firmada por el Dr. Félix Pérez, defensor de Orrico. Las familias que padecen el hecho no solo no aceptaron, la madre de dos de ellos (Brian y Lucas Izaguirre), Lorena Dubini, les respondió "mis hijos no tienen precio". Vale recordar que Orrico mató a 4 jóvenes que iban a su trabajo en un hecho vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta provincial 39 mientras conducía un auto oficial y alcoholizado.
El abogado entrerriano Rubén Pagliotto confirmó que interpondrá un recurso de queja ante el máximo tribunal para frenar el polémico Decreto 941. Denunció que la medida «retrotrae al país a las épocas más negras» y cuestionó el silencio de la dirigencia política provincial. En una entrevista cargada de fuertes definiciones jurídicas y políticas en «Palabras Cruzadas» por FM Litoral, el Dr. Rubén Pagliotto explicó los alcances de la batalla legal que encabeza contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, firmado por el Presidente de la Nación. Según el letrado, esta norma modifica las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgando a sus agentes facultades que vulneran garantías constitucionales básicas.
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DON DIEGO
Sabían que este tipo era un borrachín pero igualmente le dieron cargos y autos oficiales para que mate gente. Ni una carretilla le deberían haber dado.
Pero Frigerio, conociéndolo miro para oto lado. FIN