El gobernador Rogelio Frigerio encabezó hoy una reunión con las autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. El encuentro, que contó con la participación del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, tuvo como eje central el trabajo conjunto sobre el Consejo de la Magistratura y la optimización del servicio de justicia en el territorio provincial, según información enviada a DIARIOJUNIO.

Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo (66), el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa (57). Llegan al juicio acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los exjefes navales no garantizaron el adecuado mantenimiento ni el correcto alistamiento del submarino, lo que permitió que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados para la tripulación. Según el requerimiento de elevación a juicio, el submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia en condiciones técnico-operativas deficientes. Desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la nave había presentado numerosos desperfectos técnicos documentados por distintos comandantes. Entre otras irregularidades, la fiscalía remarcó que el ARA San Juan había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco, donde debía realizarse el mantenimiento planificado. La falta de esas tareas, junto con equipos y sistemas degradados o fuera de servicio, aumentaba significativamente los riesgos de la navegación submarina. Durante 2017, el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado a sus superiores sobre estos problemas técnicos e incluso solicitó el ingreso urgente a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas durante una navegación realizada en julio de ese año. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el 11 de noviembre de 2017 el submarino partió desde la Base Naval Ushuaia hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur. Tres días después, el 14 de noviembre por la noche, ingresó…

En la resolución Nº 11/2026, dictada el 26 de febrero, el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, definió pautas de actuación para todos los operadores del Ministerio Público de la Defensa en sus intervenciones relacionadas con las prisiones preventivas y el lugar de su cumplimiento. La finalidad de esta medida es controlar que los justiciables tengan un tratamiento igualitario en todo el territorio de la provincia y, salvo excepciones, se evite la detención en dependencias policiales. Las nuevas pautas para el control de las prisiones preventivas, limita su cumplimiento en comisarías y exige evaluaciones médicas y psicológicas. La medida busca garantizar condiciones adecuadas de detención y evitar el hacinamiento en dependencias policiales, en un contexto de crisis carcelaria, según información enviada a DIARIOJUNIO.

La presentación fue realizada por el abogado Pablo Lapiduz ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y se fundamenta en expresiones públicas formuladas por el concejal Felipe Sastre en el marco de un debate sobre entes municipales. El órgano disciplinario deberá ahora analizar si corresponde abrir un sumario por presunta vulneración al Código de Ética profesional.

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anulara la apertura del proceso y la posterior destitución resuelta en mayo de 2022, el procurador general Jorge Luciano Amílcar García firmó la resolución que repone a Cecilia Andrea Goyeneche en la plenitud de sus funciones. La medida quedó plasmada en la Resolución N° 20, suscripta este viernes 27, donde se dispone su reintegro “con efecto inmediato a partir de la notificación”. De esta manera, la funcionaria recupera formalmente el cargo del que había sido apartada tras el proceso de enjuiciamiento iniciado el 30 de noviembre de 2021 y que culminó con su remoción el 24 de mayo de 2022.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, resolvió convocar a declaración indagatoria a tres exfuncionarios provinciales tras considerar acreditado el “estado de sospecha” previsto por la ley procesal. Los citados son Juan José Bahillo, exministro de la Producción (20 de marzo); Hugo Alberto Ballay, exministro de Economía (10 de abril); y María Daniela García, exsecretaria de Ambiente (17 de abril). La causa, que tramita bajo los expedientes FPA 8044/2024 (“Bernaudo, Guillermo y otros s/a determinar”) y FPA 5071/2022 (“N.N. y otros s/a determinar”), tiene como querellante a Carlos Humberto Cadoppi Frigerio (el tío del gobernador Rogelio Frigerio) y se originó en una denuncia presentada por su apoderado, Ricardo José Luciano.

El Senado convirtió en ley la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años para los menores que cometen delitos. La reforma del Régimen Penal Juvenil, una de las banderas que el presidente Javier Milei pretendía para mostrar como un logro mañana cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso, se aprobó con 44 votos positivos, 27 en contra y una abstención. “Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, afirmó la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, en el cierre del debate. Desde Unión por la Patria calificaron el proyecto como “una pantalla de distracción”, recordaron que la Argentina tiene el menor índice de delitos de adolescentes en toda América Latina y que “la baja de la edad de punibilidad no soluciona nada”.

En medio de un fuerte operativo, personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) llevó a Leonardo Airaldi a la cárcel de máxima seguridad. El próximo martes comenzará el juicio por narcotráfico en su contra.

Por una medida impulsada por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER, Este viernes 27 de febrero no hay actividad en los tribunales de la provinciA. Según registro DIARIOJUNIO, reclaman una recomposición salarial superior al 10% y advierten que podrían coordinar acciones con el gremio nacional del sector.

Aunque cuenta con sentencias firmes que ordenan un régimen de comunicación, Gustavo Zanandrea asegura que no puede vincularse con su hijo y que, pese a sus reiteradas presentaciones, la Justicia no ha garantizado el cumplimiento de lo resuelto. En declaraciones a DiarioJunio, el padre sostuvo que existe una “conducta sistemática de inacción” por parte del juez interviniente en el Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo de San Salvador, el concordiense Ricardo Agustín Larocca, y del fiscal Fernando Méndez que tuvo a su cargo las denuncias penales por desobediencia e impedimento de contacto.