La Fiscalía le atribuyó a Edgardo Kueider, su secretaria y otros dos acusados la imputación de blanqueo de dinero en relación con la adquisición de seis apartamentos y sus respectivas cocheras en Asunción por USD 480.000. La causa también alcanza a su secretaria, Iara Guinsel Costa, y a dos ciudadanos paraguayos.

El equipo de fiscales solicitó penas de hasta cinco años de prisión efectiva para cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan. La acusación incluye incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por la muerte de 44 tripulantes, entre los que se encontraba el concordiense Fernanda Mendoza.

Luego de las duras críticas por la demora en la resolución de uno de los casos más impactantes de "homicidio culposo" (ya que terminó con la vida de 4 jóvenes que iban a trabajar), la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia hizo llegar a DIARIOJUNIO un comunicado en el cual explican la situación y al mismo tiempo ofrecen la certeza de una fecha de emisión del fallo. Lo que sigue es el comunicado textual.

Mario Arcusin, abogado querellante en la que causa penal en la que fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel el extitular del Instituto Portuario, Juan Ruiz Orrico, cuestionó la demora en resolver un recurso de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia. Ese tribunal lo integra la jueza María Evangelina Bruzzo, esposa de Orrico, que por eso mismo debió excusarse. Y junto a Bruzzo, Casación en pleno se apartó del caso. Así, el Tribunal quedó conformado por tres vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Pablo Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán César Darío Dri. “Muchachos, júntese un sábado a la tarde, qué sé yo, porque el sueldo lo están cobrando”, dijo, irónicamente, el abogado.

El máximo tribunal rechazó un recurso de queja presentado por el Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó cumplir con el fallo que obligaba a aplicar la norma en sus artículos referidos a salarios y becas estudiantiles.

En la ciudad de Concepción del Uruguay se llevó a cabo hoy una audiencia de juicio abreviado por el caso del perro ahorcado en Santa Anita. La ONG animalista “Conciencia Animal” se constituyó como querellante en representación del animal víctima del hecho, según información enviada a DIARIOJUNIO. En la resolución, el imputado fue condenado a 8 meses de prisión condicional y se le impusieron distintas reglas de conducta, incluida la prohibición de tener animales bajo su cuidado.

Luego de demoras y chicanas de todo tipo por parte de los imputados en la causa, finalmente comenzó el juicio por la desaparición del niño correntino, Loan Peña, de 5 años de edad que conmovió al país. Todos los crímenes cualquiera sea su naturaleza son repudiables, pero cuando hablamos de niños, de su desaparición a manos de adultos y de destinos presuntamente horrorosos para los inocentes, el impacto emocional es enorme. No hay atenuantes ni justificaciones ni especulaciones pseudo psicológicas que expliquen nada. Solo el horror.

En un juicio por la verdad, la juez Alicia Vence dio por probado el secuestro de 12 personas en la noche del 9 de junio de 1956, el homicidio de 5 de ellas y la tentativa de homicidio de otras 7 personas, quienes sobrevivieron. Ordenó medidas reparatorias y declaró la responsabilidad de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas y de los jefes policiales. El odio al peronismo comenzó con los bombardeos a plaza de Mayo, el derrocamiento del gobierno constitucional y luego la brutalidad de esa dictadura sangrienta terminó su faena sub humana con estos fusilamientos contra la resistencia peronista y su principal gestor el general Juan José Valle.

Entre los procesados hay un hombre condenado por narcotráfico agravado y portación de arma de guerra, quien al momento de los hechos se encontraba en libertad condicional y que en 2011 integró la nómina de los prófugos más buscados del país. La jueza federal Analía Ramponi dispuso embargos por 100 millones de pesos para cada uno de los dos acusados de trasladar la droga y de 6 millones para una tercera imputada.

La jueza Clara Mondragón Pafundi dispuso el sobreseimiento de Juan Martín Rebollo al extinguirse la acción penal por su fallecimiento. El ex policía había sido declarado culpable por un jurado popular por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de un arma y por haber cometido el hecho en ocasión de sus funciones. Permanecía detenido en la Alcaidía de Concordia a la espera de la sentencia cuando se quitó la vida el 15 de junio.