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Desalojo en Pampa Soler: la Justicia reactivó el lanzamiento y más de 200 familias vuelven a quedar al borde del conflicto social
A pesar de la protección legal del barrio como territorio sujeto a expropiación bajo la Ley 27.453 y de los compromisos asumidos por el municipio y la provincia para evitar un desalojo masivo, el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 ordenó nuevamente ejecutar el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. En diciembre del año pasado, el secretario de Gobierno de Concordia, Luciano Dell’Olio, había asegurado públicamente que se trabajaba en alternativas para evitar un desalojo masivo. Por su parte, el diputado Cresto había pedido la inmediata intervención del Poder Ejecutivo Provincial.
Federico Odorisio
Foto de archivo: Vecinos reunidos con el Secretario de Gobierno Luciano Del Ollio | 3 de diciembre de 2024
El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Concordia, a cargo del juez Gabriel Belén, dispuso nuevamente el lanzamiento por la fuerza pública de los ocupantes de un predio de más de 18 hectáreas en la zona de chacras, Chacra Nº 40, Lote Nº 1, en Avenida Pampa Soler. La medida se enmarca en la causa “Machado, Pablo Germán c/ Montenegro, Natalia y otros s/ Desalojo” (Expte. Nº 8078), iniciada en 2019, y reactivada tras considerar que los plazos de prórroga acordados el año pasado ya fueron excedidos por la falta de avances oficiales.
La orden judicial habilita al Dr. Enrique O. Bacigaluppe —o a quien designe— a diligenciar el lanzamiento, con autorización para requerir auxilio de la fuerza pública e incluso allanar domicilios. Finalizada la medida, la posesión deberá ser entregada a los actores Pablo Germán Machado, Marcela Lilian Machado, Valeria Noemí Machado y Ximena Elizabeth Beiras.
Un conflicto que lleva años y un barrio protegido por ley
El litigio por la posesión de estos terrenos involucra a más de 200 familias que viven en el lugar desde hace años, e incluso décadas. En diciembre de 2024, tras reiteradas audiencias, la Justicia había resuelto postergar por seis meses el desalojo bajo la condición de que las autoridades municipales y provinciales presentaran una propuesta integral: expropiación, regularización dominial o aplicación efectiva de la Ley 27.453.
Esa norma —aprobada por unanimidad en 2018 y ratificada en 2022— declara de utilidad pública y sujetos a expropiación a todos los inmuebles donde se asientan barrios incluidos en el RENABAP. Además, suspende los desalojos por diez años, a partir del 29 de octubre de 2022. El barrio Pampa Soler forma parte formalmente del Registro Nacional de Barrios Populares, lo que le otorga protección jurídica expresa frente a medidas de desalojo.
La Secretaría de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social ya había resuelto en 2022 que los bienes sujetos a expropiación donde se asienta Pampa Soler debían incorporarse al proceso de integración urbana. En consecuencia, el inicio del proceso expropiatorio habilita a los propietarios a solicitar el resarcimiento correspondiente al Estado, sin afectar sus derechos patrimoniales.
La intervención legislativa y el pedido urgente a la Provincia
En este contexto, el diputado provincial Enrique Cresto (PJ), presentó en diciembre pasado un proyecto de resolución pidiendo que el Poder Ejecutivo Provincial —a través de la Fiscalía de Estado— intervenga ante la Justicia para suspender el desalojo. Cresto recordó que Pampa Soler está protegido por los artículos 15 y 18 de la Ley 27.453 y señaló que el Estado provincial debe actuar ante la inminencia de un conflicto social de magnitud.
La fecha originalmente fijada para ejecutar el lanzamiento era el 16 de diciembre del año pasado. En ese momento, el secretario de Gobierno de Concordia, Luciano Dell’Olio, había asegurado públicamente que se trabajaba en alternativas para evitar un desalojo masivo. Sin embargo, en el expediente actual el juez Belén dejó asentado que ni el municipio ni la provincia respondieron en tiempo y forma a los requerimientos judiciales para acreditar avances concretos en la propuesta de solución.
El expediente y la actuación de los organismos públicos
En la causa intervienen múltiples organismos estatales: la Defensoría Oficial, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, el COPNAF, el Ministerio Público Fiscal y, más recientemente, la Fiscalía de Estado, que solicitó formalmente su vinculación al expediente.
Con todo, la ausencia de una propuesta oficial consolidada terminó habilitando que la Justicia avanzara en sentido contrario a la suspensión vigente establecida por la normativa nacional.
Desde sectores que defienden los derechos habitacionales —y también desde organizaciones que apoyan la plena aplicación de la Ley 27.453— se sostiene que el desalojo ordenado es “ilegítimo”, dado que el barrio está declarado de utilidad pública y forma parte del proceso de expropiación iniciado en 2022 ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La suspensión del desalojo, insistieron, no afecta los derechos del propietario, ya que el mecanismo de expropiación prevé la correspondiente indemnización estatal. Por el contrario, un lanzamiento forzoso vulneraría un derecho vigente en todo el país para los barrios populares registrados, consagrado por una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación.
7 comentarios
Leticia
Esto es un gran acto de crueldad. Tuvieron todo el año para solucionarles el problema a los vecinos, y justo a fin de año, un mes tan sensible y con todo lo que está pasando a nivel nacional, los desalojan. ¡¡¡Vecinos no hay que creerles cuando les vienen con promesas sólo en épocas de elecciones!!! Confíen en aquellos que todo el año están junto a ustedes. ¡¡¡La próxima; voten bien!!!
Jose
Es de fácil meterse en un terreno ajeno por más k este sucio ..tiene dueño.sl menos hubieran intentarlo comprárlo pero solo hicieron lo más sencillo me kedo y nadie me saca ..esa avenida sería desde el aeropuerto una salida rápida pero ahí lleno de perros caballos que feo espectáculo para el turismo k pregona el municipio cargo del payaso Ascuez
daniel
Todos caraduras busti, calucho, el choborra, enriquito, arcodeoneta y el «qué hago acá» Dell Olio, se pasan por donde no les da el sol la angustia y la incertidumbre de más de 1000 familias que viven en total en esa zona. Sólo la comprometida con la orden desalojo tiene más de 200 familias . El año pasado, también para fin de año, fueron a prometer ocuparse, buscar soluciones, puro chamuyo, el de siempre, los de ahora igual a los de antes
Omar
esa zona nunca le interesó a nadie, los supuestos dueños nunca se calentaron por limpiar, cercar y lotear. El interés comenzó cuando el estado empezó a invertir en la zona norte con asfalto, avenidas nuevas, termas, aeropuerto, loteos del procrear, promoción turística, etc etc y cuando pampa soler se fue poblando de gente hasta el punto de ser una situación irreversible, los dueños de esas tierras y sus abogados vieron la oportunidad de sacarle una buena tajada al estado. Fin
ALFREDO
Así que los dueños tienen la obligación de lotear…..le molesta que los dueños no loteen pero no le molesta el delito de usurpación.
Julio M
Es asi como decis Omar
juan
Hasta las elecciones fue la cosa…ganaron y otra vez sopa.