Según se informó, Minatta dispuso como una de las primeras medidas el pedido a Prefectura Naval Argentina para que realice muestreos periódicos e independientes de la calidad del agua, más allá de los que ya efectúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). También se están recolectando testimonios de vecinos de Colón para incorporar al expediente.
La experiencia del caso Botnia sigue presente: “En aquel momento, en La Haya nos dijeron que no pudimos demostrar la contaminación. En realidad, el problema fue que no teníamos muestras previas para comparar. Esta vez queremos anticiparnos y tener registros desde el principio”, señaló Minatta.
De momento, la empresa no ha presentado los estudios de impacto ambiental ante las autoridades uruguayas, por lo que no hay documentación técnica para evaluar los riesgos. Cuando eso ocurra, indicó la fiscal, se activarán los canales diplomáticos para que la Cancillería argentina los solicite.
Entre los posibles impactos negativos que se estudian, se menciona la toma de grandes volúmenes de agua del río y la devolución de efluentes tratados que podrían ser contaminantes.
Uno de los puntos más relevantes es que Minatta no descarta avanzar con imputaciones penales si el desarrollo del proyecto demuestra un perjuicio ambiental. En ese caso, podrían encuadrarse delitos bajo la Ley de Residuos Peligrosos o daño ambiental. Incluso, advirtió que tanto los responsables de la empresa como funcionarios argentinos que hubieran incurrido en omisiones podrían ser responsabilizados penalmente por su accionar o su inacción; es decir, por incumplimientos de deberes de funcionario público.
Las declaraciones de Minatta se conocen luego de que DIARIOJUNIO informara que un periodista y colaborador de este medio, Mario Bermúdez, aportó documentación relevante en el marco de esta investigación. Bermúdez declaró el miércoles de la semana pasada ante la fiscal y entregó un extenso informe junto a 14 anexos documentales sobre el proyecto de HIF Global, en los que se detalla, entre otros puntos, el uso intensivo de agua del río, el posible impacto sobre el Acuífero Guaraní y la composición societaria real de la firma.
Entre los documentos más relevantes que ahora forman parte del expediente figura el acuerdo firmado entre HIF Global y Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), subsidiaria de ANCAP, que prevé la provisión de 15.000 toneladas de dióxido de carbono como insumo central para la producción de metanol. Se trata de un dato técnico clave para dimensionar el alcance del proyecto y su eventual incidencia en el medio ambiente de toda la región.
Fuente: DIARIOJUNIO/Elentreríos
