En marzo de 2018, la empresa de aeronavegación, Amaszonas Uruguay se presentó al llamado de los gobiernos de Argentina y el Reino Unido para operar vuelos entre Montevideo y las Islas Malvinas, con escala en un aeropuerto argentino con la intención de instalar el trayecto en el segundo semestre de aquel año. Amaszonas había comenzado a operar 2 de septiembre de 2015 en Paraguay, donde tenía su sede central, e inicialmente funcionaba como una joint venture del Grupo Amaszonas (Bolivia) y Air Nostrum (España) y, para conectar la capital paraguaya con varias ciudades de la región, disponía de un Bombardier CRJ-1001, matricula ZP-CRJ y tres Bombardier CRJ-200, con  matrículas ZP-CRN, ZP-CRR y ZP-CRS y 50 asientos cada uno. Tiempo después, cuando Amaszonas comenzó con sus vuelos charter desde Montevideo a la Base Militar de Monte Agradable, sucedería un grave incidente. El lunes 17 de agosto de 2020, un avión de Amaszonas Uruguay tenía previsto despegar a primera hora de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo rumbo a las Islas Malvinas, con tres pasajeros a bordo, que habían llegado tiempo antes a la capital uruguaya para ser asistidos en el Hospital Británico uruguayo, en un vuelo de evacuación sanitaria de la RAF. Se trataba de un adulto mayor 80 años y una pareja residente en la Isla de de Santa Elena. Dado que el Plan de Vuelo de la aeronave de Amaszonas Uruguay tenía previsto sobrevolar el espacio aéreo argentino en los tramos Carrasco-Monte Agradable-Carrasco, la Administración Nacional de Aviación (ANAC) se disponía a emitir la correspondiente autorización basada en razones humanitarias. Pero no fue esto lo que finalmente sucedió.

La Junta Departamental de Paysandú se reunirá hoy en sesión especial, a partir de las 14, a efectos de celebrar la firma del Acuerdo de Hermanamiento entre las ciudades de Paysandú y Concepción del Uruguay". Es un acontecimiento histórico”, destacó el presidente de la Junta Departamental sanducera, Alejandro Colacce.

El poder británico aprovecha su posicionamiento en el Atlántico Sur de diversas formas y ha profundizado sus capacidades de ataque y defensa, que conllevan manifiestas violaciones a la zona de paz establecidas claramente en los Tratados y Acuerdos que rigen para la zona en disputa. Resulta muy preocupante que, tanto organismos bilaterales de la Comunidad Internacional y, particularmente, muchos de los gobiernos de los países que conforman el área de aguas jurisdiccionales comunes sobre este territorio insular argentino, dilaten expedirse sobre semejante cuestión. De manera permanente y continua, desde Malvinas, están en funcionamiento redes de espionaje tecnológico para la guerra electrónica y los sistemas de armas cuyos proyectiles se encuentran en dirección al continente y el Atlántico Sur argentinos, un detalle que aumenta el nivel y la complejidad de la base instalada. Se trata unidades de despliegue rápido táctico que dependen de estructuras de Comando de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que de hecho ha ampliado su jurisdicción al el Atlántico Sur, desde la Isla Ascensión hasta la Antártida. No es casual que se le permita al Reino Unido contar con un inmenso apoyo logístico directo y estratégico desde en enclave de la Real Fuerza Aérea (RAF) ubicado en Brize Norton, a unos 50 kilómetros de Londres.

El proyecto de construcción del puente Monte Caseros (RA) – Bella Unión (ROU), promovido por la Delegada argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Ingrid Jetter, en el cual su propuesta es financiar la obra mediante inversión privada choca con normativas internacionales como el Estatuto del Río Uruguay, que establece claras responsabilidades para la CARU en cuanto a la administración y explotación de los puentes binacionales. El ex Delegado argentino ante la CARU, Horacio Melo, advierte sobre los errores administrativos y jurídicos que podrían derivarse de esta privatización, destacando la necesidad de un cambio en los acuerdos bilaterales para que el proyecto sea viable.

Uruguay cierra el calendario electoral de Latinoamérica en una semana. El domingo 27 se realizará la primera vuelta de las presidenciales con once candidatos. Si ninguno obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, el desenlace se postergará para el segundo turno del 24 de noviembre. Yamandú Orsi del Frente Amplio lidera todas las encuestas y Álvaro Delgado, del Partido Nacional es el mejor posicionado entre sus socios de la Coalición en el actual gobierno. Andrés Ojeda, del Partido Colorado, creció en los sondeos pero sus porcentajes no le alcanzarían para desplazar al delfín político del actual jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, en el muy probable balotaje.

En 2023, La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) comenzó un Estudio de Impacto Ambiental y Social para valorar la factibilidad del proyecto que busca extender la navegación comercial en el tramo comprendido desde Paysandú-Colón a Concordia-Salto. Para lo cual conformó un equipo de expertos conformado por argentinos y uruguayos para llevar adelante el “Diseño Actualizado del Canal de Navegación del Tramo Paysandú – Colón en el Km 207,8 a Concordia – Salto en el km 336,3, incluyendo el dragado del Paso San Francisco y balizamiento del río Uruguay en todo el tramo”. Dicho proyecto fue elaborado con el criterio rector de “aprovechar al máximo las condiciones naturales del río y efectuar las mínimas intervenciones necesarias”. La cuestión se enmarca en el contexto de la decisión de avanzar con el dragado del río Uruguay a 34 pies (10,36 metros de profundidad) entre Nueva Palmira y Fray Bentos, con la intención de permitir a los buques cargar completamente en este último puerto y evitar la necesidad de completar la carga en otras terminales debido a la falta de profundidad. La CARU ha finalizado los estudios técnicos de prefactibilidad para el dragado.

Dos industrias químicas a instalarse en tierras aledañas, fabricarán y exportarán metanol a base de hidrógeno y dióxido de carbono, incluyendo saqueo, contaminación y dragado del Río Uruguay

Dos industrias químicas a instalarse en tierras aledañas, fabricarán y exportarán metanol a base de hidrógeno y dióxido de carbono, incluyendo saqueo, contaminación y dragado del Río Uruguay. El 8 de junio de 2023, el Presidente uruguayo Luís Lacalle Pou anunció una inversión por un total de 4.000 millones de dólares para la construcción de “una planta de producción de hidrógeno verde” localizada a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, sobre la costa del Río Uruguay, la cual se complementará con granjas de generación fotovoltaica de energía. Dicho proyecto, será llevado a cabo por la empresa HIF Global, que resultó adjudicataria en el proceso de licitación llevado a cabo por la empresa estatal Alcoholes del Uruguay (ALUR), que a su vez pertenece a la órbita del Grupo de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Tiempo después, trascendió que la planta química requeriría unos 6.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que la inversión de UPM en su segunda planta de celulosa de Paso de los Toros no superó los 3.800 millones, no es necesario tener ojo de lince para captar las magnitudes del proyecto.

La exclusión del Canal Magdalena en el Decreto 709/2024 de Milei tiene graves implicancias geopolíticas y económicas para el país porque fija una dependencia al puerto de Montevideo. En esta nueva entrega, el ingeniero Hernán Orduna cuestiona la decisión de fijar una única salida hacia aguas profundas por el Canal Punta Indio, en lugar de impulsar la licitación del Canal Magdalena, que había sido aprobado durante gestiones anteriores. ¿Se perderá esta oportunidad estratégica?

El Decreto PEN 709/2024, publicado el 9 de agosto, deroga el Decreto 949/2020 y modifica parcialmente el 427/2021, generando profundas preocupaciones sobre la autonomía nacional en la gestión de la Vía Navegable Troncal. El ingeniero Hernán Orduna alerta sobre la falta de una visión estratégica que contemple los intereses nacionales y la expulsión de las provincias ribereñas del control de los ríos Paraná y de la Plata.